Después de 14 años, Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, comenzará hoy a ser juzgada por presunta corrupción en el uso de fondos públicos como la designación de familiares en el Estado o gastos personales como viajes para familiares, flores y bombones.

A las 10, Picolotti se conectará a la audiencia judicial desde su casa de Palm Beach, en Estados Unidos, donde vive desde cuando comenzó a trabajar para un asociación de defensa del medio ambiente, su especialidad. El Tribunal Oral Federal 6 la autorizó a hablar por videoconferencia a raíz de la pandemia de coronavirus.

La ex funcionaria está acusada del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública tras su paso fugaz en el Gobierno entre 2006 a 2008. El delito tiene una pena de dos a seis años de prisión.

Entre los recursos públicos que habría utilizado para beneficio personal, se detectaron vuelos oficiales en los que viajaron familiares y regalos personales. Uno de los gastos más llamativos fue por $77,50 en “Hooters”, un bar conocido por ser atendido por camareras con ropa ajustada al cuerpo. Cuando la jueza federal María Servini envió en julio de 2015 la causa a juicio describió: “Este comprobante posee escrito en su parte superior ‘Muchas Gracias!!!!’ con signos de exclamación, a modo de cómplice agradecimiento por parte de quien concurrió al local e hizo los consumos con dinero público”.

El expediente incluye cerca de mil tickets de gastos de la Secretaría. Algunos no son injustificados ni personales. Por esos gastos excedentes, además de la condena, Picolotti podría tener que devolver el dinero.

Experta en derecho ambiental, Picolotti se hizo conocida por su oposición a la instalación de la papelera Botnia en la ciudad de Fray Bentos sobre el río Uruguay y fue una de las representantes del país ante el Tribunal Internacional de La Haya, hasta donde llegó el conflicto. En una estrategia habitual del kirchnerismo para sumar a dirigentes sociales, luego fue convencida para sumarse al Gobierno. En ese momento se quiso enviar una señal para enfriar el conflicto, pero la táctica resultó fallida y la protesta ambientalista continuó escalando.

Casualmente, el inicio del juicio coincide con la presidencia de Alberto Fernández, de quien dependía funcionalmente Picolotti cuando estaba en el gobierno y quien era su principal apoyo. “Se copió una carpeta que estaba dando vueltas, que no era más que una operación política para lastimar a una funcionaria del Gobierno”, dijo Fernández en julio de 2007 en una conferencia de prensa con Picolotti tras la publicación del diario Clarín sobre las irregularidades. Más tarde, en 2014, cuando la ex funcionaria fue procesada en la causa, Fernández dijo que debía dar las explicaciones necesarias y que la imputación por la que fue procesada era por un tema que él desconocía.

La entonces presidenta Cristina Kirchner le pidió a Picolotti la renuncia en diciembre en 2008 ya cuando Fernández no estaba en el gobierno. La cordobesa Actualmente la ex funcionaria reside en Miami y trabaja en el Institute for Governance and Sustainable Development.

La residencia de Picolotti en Estados Unidos fue un punto de conflicto entre la defensa y el fiscal del juicio, Diego Luciani. La Fiscalía se opuso a que Picolotti continúe viviendo allí y pidió que regrese al país para ser juzgada.

En enero, la Cámara Federal de Casación desestimó una queja de la ex secretaria de Ambiente de la Nación por “duración irrazonable” del juicio. La denuncia lleva 14 años sin resolución judicial, y comenzará a desandarse a través de la plataforma Zoom. Quienes dictará sentencia es el Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces subrogantes Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel. El fiscal será Luciani y está previsto que declaren 70 testigos.