En los años 1998 y 2001, el ex Intendente Oscar Felipe Morano decidió concederle en forma directa a la CEZ dos servicios públicos esenciales para los vecinos: la recolección de residuos primero, más el mantenimiento y ampliación de los servicios sanitarios de aguas y cloacas tres años después.

La CEZ, por entonces comandada por Francisco Mendía y su sobrino Carlos Graciarena, se transformó así en un monopolio de servicios públicos que no soló distribuía toda la energía eléctrica del industrialmente poderoso Partido de Zárate sino que juntaba la basura, la llevaba hasta la tosquera a cielo abierto de Concaro, administraba el sistema cloacal que llevaba nuestros detritos en vertido directo al Paraná de las Palmas, nos suministraba el agua corriente, administraba toda la emergencia médica de la ciudad y el traslado de pacientes a Capital Federal, prestaba el servicio de sepelios, y hasta tercerizaba desde Pergamino la compra de todos nuestros ataúdes.

Pero además, ya desde 1992 el ex Intendente Aldo Luis Arrighi la había convertido en el ente recaudador de las tasas municipales, por lo que diez años después, para el año 2002, la CEZ se había convertido en un Gobierno Paralelo de la ciudad, sin elección popular, con aún más poder y dinero que el propio Estado Municipal.

Esto fue graficado por primera vez por un medio de comunicación local en la primera semana de agosto de 1998, con la aparición en los kioscos del primer ejemplar del Mensuario La Posta, que llevaba en su tapa una foto del anciano Consejo de la CEZ bajo el título “EL OTRO GOBIERNO”.

Después de la crisis del 2001, con las primeras facturas monstruosas de 100 dólares en los domicilios de los asociados de la CEZ, convidados de piedra de la fiesta ajena de los 90 que llegaba a su fin, el pueblo de Zárate explotó.

La gestión que sucedió al tandem Morano/Mendía/Graciarena, luego del estallido popular, lejos de comenzar a desarmar el monopolio traicionó la voluntad de los manifestantes e intentó agrandarlo aún más.

A mediados del año 2004, el nuevo Presidente Mangini, surgido de las primeras elecciones de la CEZ, no sólo no tenia intenciones de devolver al Municipio el repudiado contrato cloacal por 30 años, sino que declaraba que su proyecto era el de una “Cooperativa multiservicios”, que además de todo lo que ya controlaba también prestaría servicios de telefonía, banda ancha, televisión por cable y mucho más.

Esta megalomanía tuvo su primer freno al año siguiente, cuando la administración Bernués rescindió el contrato cloacal por gravísimos incumplimientos.

Y esta semana tendrá su segundo episodio político de relevancia.

Luego de que Mangini y su troupe utilizaran en forma desembozada el aparato económico de la CEZ para intentar quedarse también con la Intendencia en el 2011, el reelecto intendente Caffaro contrató a otra empresa para que partir de la finalización del contrato tres veces prorrogado con la CEZ desde el 2009, la reemplace.

En los meses venideros, con un importante retraso como todo lo que tenga que ver con la actual gestión municipal, se sustanciará nuevamente el proceso licitatorio de los servicios de recolección de residuos excluyendo a la CEZ, con la que el Municipio mantiene un duro enfrentamiento judicial que incluye también el futuro de la prestación del servicio eléctrico.

Más allá de la probada ineficacia de la empresa mixta creada en el 2005 “Aguas de Zárate”, y de lo que suceda con la nueva prestación de los decadentes servicios de higiene urbana de aquí en más, lo importante es que a 10 años de la pueblada que se levantó contra el poder de un monopolio, más allá de las traiciones circunstanciales de quienes se marean con el poder, los zarateños de a poco irán retomando el control de sus servicios públicos, base imprescindible para mejorar la calidad de vida en una ciudad con un déficit de infraestructura social que se ahondó a niveles dramáticos en los últimos 20 años.

Esto sólo se podrá lograr con una profundización de la democracia, donde quienes administren nuestra ciudad se vean obligados a través del voto a representar las auténticas demandas de sus representados.