Una de cal...

La intervención de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) permitió que un juez federal de Salta se convenciera de un planteo que insólitamente sigue en discusión, tanto en esa provincia como en La Pampa: el derecho que tienen las personas detenidas a estar en su lugar de origen, para tener más cerca suyo a la familia y a los organismos y funcionarios judiciales que tienen que decidir sobre sus causas.

La decisión se conoció en la misma semana en la que en nuestra provincia volvió a instalarse el debate, especialmente a partir de la manipulación de algunos datos, que buscan que se interprete que la violación de ciertos derechos humanos deriva clara y paradójicamente del afán de algunos sectores y organismos por hacer cumplir otros derechos.

Más puntualmente: hay una operación destinada a que se considere que en las alcaidías provinciales los detenidos permanecen hacinados porque hubo jueces que determinaron que los presos que antes estaban en otros lugares del país ahora se alojen en la Unidad 4, como corresponde.

A partir de esa realidad, suponen que el SPF tiene derecho a no recibir a más detenidos y hasta luce “enojado” por el problema que le han tirado encima con esa resolución, que impacta también en las cajas económicas que maneja el organismo.

Las palabras del responsable de la PROCUVIN, Abel Córdoba, sirven para sintetizar de qué se trata el asunto: “Hace más de un siglo que el destierro no es una pena lícita y expresamente la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a no ser desterrado por tratarse de una pena cruel, sin embargo todavía se aplica y hay que interponer hábeas corpus para que las personas sean devueltas a sus lugares”.

Claro que esa mirada lúcida y avanzada, consciente de los derechos de las personas, no es unánime, mucho menos entre quienes tienen poder de decisión y actuación en nuestra provincia: hasta pudo haber ocurrido, en el manodurista contexto actual, que por la fuga de dos detenidos de la Seccional Primera se hiciera responsable no a la desida o negligencia de quienes son responsables de cuidarlos, sino a la decisión institucional que ordenó su alojamiento en ese lugar ante la carencia de otros sitios.

También durante la semana que se fue el jefe de la Unidad Regional I, Carlos Chico, soltó sobre los detenidos en general alusiones de un desprecio inverosímil, diferenciando entre aquellos delincuentes que reinciden y las “personas normales”.

Chico hizo otra lamentable aseveración, tendiente a la justificación del hacinamiento, cuando dijo que los detenidos en realidad ya están acostumbrados a ese tipo de condiciones, porque también las padecen en “su vida real, natural”, como si se tratara simplemente de una elección.

Aunque el secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes, fue más bien tibio al analizar esos dichos, el hecho de que provengan no de un efectivo inexperimentado sino de un funcionario policial que ha recorrido los sectores más poderosos de la fuerza y que desde esos lugares baja línea ideológica a sus subordinados, debiera poner en alerta a sus superiores, no solo de la Policía sino -fundamentalmente- a sus jefes políticos, que son por lo menos el ministro del área y el gobernador.

En esos casos lo que ha hablado es el silencio, que de alguna manera es coherente con el comportamiento que el Ejecutivo ha tenido en esa saga, donde ha elegido defender el interés del SPF y no de los ciudadanos pampeanos privados de la libertad.

...y una de arena

La madre de todas las batallas en que se ha convertido la espesa interna del PJ pampeano tuvo durante la semana que se fue otro par de sacudones, que lo que hacen es adelantar, por un lado, que esa puja por el poder será a fondo y sin contemplaciones y por otro, que no solo afectará la vida interna de un partido, sino que impactará de lleno en las instituciones y entre los ciudadanos, forzados a sentirse parte de esa puja.

El hecho de que la batalla se produzca en el seno de un partido que es gobierno hace más de 30 años, desde el regreso de la democracia, vuelve innegable la contaminación de todo lo que haya alrededor de esa confrontación entre los viejos caudillos y el actual gobernador.

Uno de los episodios polémicos se produjo cuando el intendente de la localidad de Rolón, José Ferreira, reveló que recibió un apriete de parte de uno de los mensajeros que tiene el vernismo, especialmente para el sur de la provincia: denunció directamente al diputado provincial, Martín Borthiry, a quien acusó de prometerle que le iban a “arar” el pueblo si no apoyaba la candidatura del senador de la Plural, y de prometerle una serie de problemas personales si no se enrolaba en ese sector.

No tardó en llegar la respuesta desde el otro bando, cuando el intendente de 25 de Mayo hizo públicos sus reproches por las diferencias que hace el Ejecutivo: puso como ejemplo el hecho de que el ministro de la Producción, Abelardo Ferrán, ignoró la realización de la muestra ganadera en esa ciudad, revitalizando las quejas y encontronazos que el Gobierno Provincial tiene cada vez que se aproxima a 25 de Mayo.

Esta serie de comportamientos no es, desde ya, una novedad, sino más bien un clásico, con la diferencia de que el PJ pampeano suele emplearlo en su favor y en contra de sus contrincantes externos, pero en este caso la paridad de la puja es tal que la ciudadanía asiste a un inédito choque cruzado de aprietes, presiones y otras yerbas.

Lo más inquietante es que el año político, de alguna manera, recién está empezando, y será un largo período electoral, porque no puede pensarse que el andar belicoso termine mágicamente el 5 de julio cuando se conozcan los porotos que cada espacio cuenta.

Al contrario, es lógico pensar que aun después de ese día, y hasta tal vez con un resultado cuestionado -no sería la primera vez en la historia del PJ que en una interna hay sospechas de fraude- se multiplicarán los dardazos verbales como los que soltó en la semana Espartaco Marín contra contrincantes varios; se potenciarán las presiones sobre los dudosos; y se tejerán otras maniobras y artilugios para defender espacios de poder partidarios, sectoriales y personales, en una lucha donde ya entrará a tallar también la pelea nacional.

A continuación, y para completar ese prolongado calendario, las miradas se posarán sobre la elección general, que se hará recién en el mes de octubre, y en la que se supone que el PJ pampeano tendrá un hueso duro de roer en un frente opositor, al menos si los líderes de los distintos espacios que lo conforman o que traman sumarse, son capaces de privilegiar -como ellos mismos plantean- el respeto por las disidencias y la articulación de un proyecto y una plataforma que no desechen esas diferencias.

El juego democrático, escrito está en estas líneas, supone a veces el discurso elevado y alguna que otra simpática chicana; no se trata de un juego de niños ni los protagonistas son carmelitas descalzas, pero eso no implica que los protagonistas no sepan diferenciar entre la confrontación y una virulencia que puede derivar en la violencia; o que se hagan los distraídos cuando tienen que distinguir entre lo que es alguna avivada puntual (Borthiry dijo que él hizo “un chiste” cuando apretó al intendente de Rolón) y lo que es directamente hacer trampa.