A pesar de las objeciones de las cámaras comerciales locales, el expediente fue aprobado por mayoría con los votos del oficialismo y la abstención de Unión por la Patria y el Frente Renovador. Se introdujo una modificación sugerida por la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda.
En General Pueyrredon, en línea con las políticas del gobierno nacional libertario, se han impulsado iniciativas para desregular normativas que faciliten el ingreso de diversos emprendimientos económicos en la comuna. En este contexto, tras la polémica generada por la apertura de una nueva sucursal de un supermercado, que incluyó cruces entre el Ejecutivo local y la UCIP, el oficialismo presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca modificar las limitaciones del artículo 3 de la Ordenanza N° 18.788, que "regula la habilitación de los establecimientos destinados a la venta de productos alimenticios, ya sea de manera mayorista o minorista, comúnmente conocidos como supermercados".
El proyecto de ordenanza, que elimina restricciones para la instalación de supermercados en la ciudad, recibió despacho favorable con cambios de redacción en la Comisión de Industria. La iniciativa fue impulsada por el concejal de la Coalición Cívica, Guido García.
El expediente contó con informes favorables de la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda y de la Secretaría de Desarrollo Local. La cartera, encabezada por Mauro Martinelli, recomendó modificar la redacción del artículo 2, en relación con el cambio que se quiere hacer en el artículo 9 de la Ordenanza N° 18.788.
“El inicio de las tramitaciones para la factibilidad provincial y la habilitación municipal no constituye derecho adquirido. No obstante, el inicio de las tramitaciones para la factibilidad provincial permitirá el otorgamiento de permisos o habilitaciones provisorias. Durante el mencionado período de habilitación provisoria, el establecimiento deberá cumplir con los requisitos para obtener la habilitación definitiva”, es el cambio que se introdujo en el expediente.
Durante el tratamiento del proyecto, participaron representantes de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) y de la Cámara de Ferreteros, quienes advirtieron que la modificación podría ser declarada nula, basándose en la ley provincial N° 12.573, que prohíbe la sanción de normas locales que habiliten la radicación o ampliación de grandes superficies comerciales.
A pesar de estas objeciones, García defendió la propuesta, argumentando que la ley provincial es "inconstitucional" en varios de sus artículos y vulnera la autonomía municipal. Según el edil, la flexibilización de las normativas locales permitirá atraer nuevas inversiones y generar empleo en la ciudad. "Es una señal de hacia dónde queremos ir", subrayó.
Finalmente, el proyecto fue aprobado con los votos del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, mientras que los bloques de Unión por la Patria y el Frente Renovador se abstuvieron. Ahora, el expediente continuará su curso en las comisiones de Obras, presidida por Angélica González (Coalición Cívica), y de Legislación, presidida por Daniel Nuñez (UCR), donde se espera que el debate sobre la viabilidad de la propuesta prosiga.
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