La reserva nacional sumó 3.683 hectáreas, pero otras 3.000 que eran claves para el corredor ecológico fueron deforestadas ilegalmente después de la ley Bonasso. Con la ley de aceptación de las 3.683 hectáreas que cedió la Provincia para la Reserva Nacional Pizarro en 2010, el Congreso completó esta semana un trámite que llevó cuatro años.
Aunque la ley que sancionó Diputados el martes aún debe promulgarse, la Administración de Parques Nacionales (APN) celebró el paso dado y anunció que Salta incorporó su quinta área protegida nacional, con una superficie que ahora llega a 7.876 hectáreas.
La reserva anteña fue creada el 14 de octubre de 2005 por un acuerdo que firmaron la Provincia y la Nación, con un objetivo que no se agota con las 4.238 hectáreas que adquirió Parques Nacionales en 2006 ni las 3.683 que cedió Salta mediante una ley aprobada en la Legislatura provincial en 2010.
El objetivo final es un estratégico corredor ecológico de 50.000 hectáreas, desde El Rey (Salta) hasta Calilegua (Jujuy), para asegurar la conservación de la biodiversidad en una de las pocas franjas de transición que quedan entre el chaco semiárido y la selva pedemontana por el avance de la frontera agropecuaria.
Por eso, además de la superficie que ya administra Parques Nacionales en General Pizarro, se acordó en su momento incorporar otras 6.232 en litigio entre Salta y Jujuy, un pequeño lote de 276 hectáreas que conecta grandes fracciones con bosques nativos y 1.551 hectáreas que quedaron restringidas en propiedades privadas de la zona.
El corredor ecológico con áreas protegidas de Parque Chaqueño, Bosque de Transición y Selva Pedemontana, o Yungas, como también se la suele llamar, se completaría con las 6.000 hectáreas de la reserva privada de El Chaguaral, cuyos propietarios ofrecieron anexar al puente biológico otras 11.000 hectáreas de esa finca.
Con todo, se evitaría la fragmentación de los hábitats naturales y se brindaría protección a los ecosistemas y refugio efectivo para muchas especies hoy amenazadas.
Lo mucho que aún queda por protegerse en los bordes departamentales de Anta y Orán no desmerece en absoluto lo bueno que se hizo hasta ahora. Por el contrario, invita a acelerar los procedimientos y a apurar medidas contra los desmontes ilegales que desde 2008, con la ley Bonasso y el ordenamiento territorial de Salta ya aprobados, borraron del área de El Chaguaral más de 3.000 hectáreas de bosques con alto valor de conservación.
Hoy, universidades, centros de investigación, organizaciones ambientalistas, organismos auditores del Estado Nacional y productores atentos advierten sobre la urgencia de parar los desmontes ilegales y remediar áreas deforestadas para evitar que el ansiado corredor ecológico salto-jujeño termine siendo una meta inalcanzable.
En un reciente informe que abarcó a la Reserva Nacional Pizarro, la Auditoría General de la Nación (AGN) advirtió que "la posibilidad de implementar un área protegida en condiciones mínimamente viables hoy día resulta muy compleja y dificultosa: requiere abarcar todo el sector de El Chaguaral y establecer corredores en áreas que la Provincia de Salta ha categorizado incluso como sujetas a transformación (categoría III, verde) en su ordenamiento".
Sin ningún permiso
En un detallado informe, la Fundación para la Conservación y Estudio de la Biodiversidad (Cebio) hizo notar que en El Chaguaral "han ocurrido desmontes sin ninguna habilitación, que fragmentaron significativamente ese sector de la Reserva Nacional Pizarro"."La zona -concluyeron los técnicos que elaboraron el estudio- requiere una restauración para el establecimiento del corredor ecológico entre los bosques chaqueños y pedemontanos".Imágenes satelitales revelaron que entre 2008 y 2009 se desmontaron ilegalmente en las inmediaciones del área núcleo de la Reserva de Pizarro unas 3.000 hectáreas pintadas de rojo y amarillo.
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