Desde octubre del año pasado, el proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y el 13 de julio de este año logró dictamen favorable en el plenario de Comisiones de Diputados, que aún no definió fecha para su tratamiento en el recinto.

El informe de la FIC aclara que “la experiencia de países que lo han implementado, así como la evidencia libre de conflicto de interés, demuestran que no es esperable que el etiquetado impacte negativamente sobre los empleos, salarios ni en la producción en términos agregados”.

El estudio descarta de plano que la aprobación de la ley vaya a generar pérdida de empleos o baja de salarios en el sector alimenticio, recordando que en Chile, donde rige una medida similar desde 2016, “la evolución del empleo no se vio afectada ni en la industria alimenticia en particular ni en la industria manufacturera en general, cuando se la compara con un grupo no sujeto a la norma”.

Después de explicar que el Estado destina millones de dólares al tratamiento de enfermedades relacionadas con la malnutrición, lo que se considera como “un factor clave a considerar a la hora de evaluar el impacto económico de esta política”, se considera que incluso si la iniciativa generara alguna reducción de empleos en un sector manufacturero en particular, la misma quedaría compensada por otros sectores.

Desde la FIC también sostuvieron que no se puede afirmar que el etiquetado frontal vaya a perjudicar la exportación de alimentos nacionales, otra objeción planteada por sectores que se oponen al proyecto, ya que “la ley se limita a regular el etiquetado de los productos comercializados en Argentina”.