Los despidos masivos en el Estado además de afectar a cada trabajador y a su familia al quitarle el sustento del salario, implican el desmantelamiento de políticas públicas. Tal es el caso de unas sesenta personas que fueron echadas de la Unidad de Investigación Financiera, UIF, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se desempeñaban en un programa que colaboraba para permitir congelar los bienes de represores que estaban prófugos y habían conseguido que fueran apresados 23 de ellos. También fueron despedidos quienes trabajaron en los casos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura como Papel Prensa, la apropiación de los bienes de los hermanos Iaccarino y la causa del represor Jorge Vildoza, entre otros, donde también desempeñaron un rol esencial como querellantes.

“Para ellos no hubo terrorismo de Estado, ni siquiera lavado de dinero”, cuenta a Página/12 Nicolás Gómez, un analista que trabajaba en el equipo que consiguió detectar a los represores prófugos, y explica que pudieron hacerlo aplicando la Ley Antiterrorista. Sin embargo, al momento de los despidos no hubo ninguna explicación. “Fue sin causa y afectó a unos 45, ahora hay otras 14 personas que también están en peligro de ser echadas”, agrega. Gómez precisa que el programa de búsquedas de personas requeridas por la Justicia, con una lista de 55 represores, quedó desmantelado.

La UIF había intentado ser querellante en la causa por la adquisición irregular de la empresa Papel Prensa por parte de Clarín y La Nación durante la dictadura, por el perjuicio que genera al “orden económico y financiero” la posición dominante de la compañía en la producción y distribución de papel para diario y por lavado de activos. En su presentación ante la Justicia, el organismo que conducía José Sbattella había solicitado medidas cautelares para el decomiso de bienes con el objetivo de evitar maniobras que permitieran al grupo controlante cumplir patrimonialmente con una sanción futura y para que cese el daño. El pedido apuntaba a Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, por Clarín, y a Bartolomé Mitre por La Nación.

La causa había sido iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos para conocer si existieron acciones ilegales y articuladas, con intervención de la estructura del aparato represivo estatal, para la transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa, que eran propiedad del Grupo Graiver. La UIF quería ser querellante por entender que fueron vulnerados derechos económicos, como el de libre competencia, y por considerar que el accionar posterior de Papel Prensa implicaba una maniobra de lavado de activos. La Cámara de Casación ratificó el año pasado el rechazo de la Justicia en segunda instancia para que el organismo pudiera intervenir en la causa, pero si acaso esta decisión fuera revisada por la Corte Suprema ya no habrá quien accione porque los profesionales que habían impulsado esto integran la lista de despidos.

Lo mismo sucede con la causa por tormentos y privación de la libertad de los hermanos Alejandro y Carlos Iaccarino, donde la UIF también intentó ser querellante porque, además, sufrieron el robo de sus bienes. La intervención de la UIF debía producirse en la parte del caso donde los Iaccarino demandan la restitución de bienes que les fueron arrebatados bajo coacción mientras estaban secuestrados en el centro clandestino El Infierno. La Unidad que ahora está siendo prácticamente neutralizada había logrado que se congele los bienes del represor Jorge Raúl Vildoza, y su mujer Ana María Grimaldos, apropiadores del joven hijo de desaparecidos Javier Penino Viñas. El matrimonio estuvo prófugo dos décadas, y cuando detuvieron a Grimaldos en 2012 declaró que Vildoza había muerto pero como fue cremado con nombre falso no hay forma de verificar si esto es cierto.

Gómez, ahora desocupado, afirma que “ahora podés poner el cartelito de ‘Argentina venga a lavar aquí’ porque echaron al 20 por ciento de las personas que trabajan en el corazón de la UIF, donde se estudian los casos de lavado, y así como quedó puede pasar cualquier cosa, no hay más supervisión de los casos”. El joven, que además está a punto de recibirse de contador, relata que “las dos delegadas del gremio UPCN (Unión Personal Civil de la Nación), hacen ‘la gran upcn’, absolutamente entreguista nunca hablan de nada y al momento de que se anuncia una oleada grande de despidos dicen que van a hablar y siguen sin hacer nada”. Por eso, ayer los despedidos hicieron una asamblea con miembros de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), quienes a su vez intentaron ser recibidos por las autoridades. “La resistencia recién se está armando”, apunta Gómez.