El sector nuclear ha sido prácticamente arrasado durante la gestión de Cambiemos. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y Iniciative for Global Security (IGS), al que accedió PáginaI12, destaca que el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEA) era en 2015 equivalente a 363 millones de dólares y cuatro años después quedó reducido a apenas 170 millones, un recorte del 53 por ciento que llevó al organismo a representar apenas el 0,16 por ciento del presupuesto general de gastos. Además, se tiraron abajo los acuerdos firmados con China y Rusia para construir tres centrales de potencia y hoy solo queda en pie una negociación con China para construir una de esas centrales, pero con la tecnología que prefieren los chinos y recién a partir de 2021.

El sector nuclear fue desmantelado en la década del 90 y recién con el lanzamiento del Plan Nuclear Argentino, durante la presidencia de Néstor Kirchner, la actividad se comenzó a revitalizar, principalmente a partir de la decisión de concluir la obra de la Central Nuclear Atucha II, inaugurada durante la presidencia de Cristina Fernández. Una vez concluida esa central comenzó a negociarse con China y Rusia para avanzar con la construcción de nuevas centrales e incluso se firmaron los respectivos convenios. Sin embargo, la llegada de Mauricio Macri a la presidencia le puso freno a las distintas iniciativas y el sector comenzó a ser paulatinamente desfinanciado. 

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El impacto se expresó en la degradación de la CNEA que hoy depende de una subsecretaría que quinto orden en términos jerárquicos debajo del Ministerio de Hacienda, la secretaría de Gobierno de Energía, la secretaría de Energía Eléctrica y la subsecretaría de Energía Nuclear. El fuerte recorte presupuestario, que en dólares llegó al 53 por ciento en cuatro años, derivó también en una pulverización del salario de los empleados del organismo. 

La política de recursos humanos no se centro en reducir la cantidad de trabajadores, como sucedió en otros organismos, sino en la reducción real del salario a través de la no recomposición mediante paritarias, redondeando, según remarca el informe de CEPA e IGS, en una pérdida del poder adquisitivo de los empleados de 42 por ciento. Adicionalmente, se discontinuo la capacitación y formación del personal, desalentado a los trabajadores del sector a quienes se alentó a retirarse con un plan de retiros voluntarios. “Esto implica la pérdida de valiosos recursos humanos que emigran tanto a la industria privada como al exterior. Esto reviste una gravedad particular, dado que implica la pérdida de la inversión realizada sobre los trabajadores, convirtiéndose en un beneficio directo para industrias del sector privado en la Argentina y en el exterior”, subraya el informe. 

Además, mediante el decreto 882/2017 el Ministerio de Energía (hoy secretaria) descapitalizó al CNEA al transferir el 51 por ciento del paquete accionario de la empresa pública Dioxitek a la misma secretaria de Energía. Dioxitek es la única empresa nacional que produce el polvo de dióxido de uranio que requieren las centrales nucleares y los reactores de investigación del país. “Esta decisión prepara el terreno para una eventual privatización de dicho paquete accionario”, advierten CEPA e IGS.

Al mismo tiempo que se desfinanciaba al sector, se dejaron caer los acuerdos firmados con China y Rusia. Los más avanzados eran los convenios con China que preveían la construcción de dos centrales nucleares de potencia: un de agua pesada y uranio natural con tecnología CANDU, similar a Embalse, y otra de agua liviana y uranio enriquecido como deseaba China. Primero se prometió que la construcción empezaría a fines de 2016, luego se dijo que sería en 2017, luego quedó para 2018 hasta que el año pasado el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren dijo que no había presupuesto para seguir adelante. Ahora se dejó trascender que han vuelto a negociar con China pero solo para construir una central de agua liviana y uranio enriquecido con tecnología Hualong One. 

La central CANDU era reclamada por el sector, entre otros motivos, por ser una tecnología conocida, probada durante décadas y que permite una participación de la industria nacional, principalmente en lo que respecta al uso de agua pesada, suministro de combustible y componentes metalmecánicos complejos, pero los consejos de los especialistas no fueron tenidos en cuenta. “Pasar hoy de la tecnología de uranio natural y agua pesada a la de uranio enriquecido implica caer en la dependencia de la provisión de uranio enriquecido, altamente condicionada por las grandes potencias y sus intereses geopolíticos”, remarca el informe de CEPA e IGS.  

Esta decisión tendrá un fuerte impacto, especialmente a la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), que opera la PIAP, una de las pocas proveedoras de agua pesada en el mercado internacional y la de mayor capacidad de producción en el mundo. La PIAP estuvo detenida casi siete años y fue reactivada durante el gobierno anterior con una inversión del orden de los 1000 millones de dólares, que implicó numerosos beneficios para el país en general y para la provincia de Neuquén en particular. La planta tiene capacidad de abastecimiento de agua pesada para 4 centrales nucleares de uranio natural, pero desde 2017 se encuentra sin producir. La planta queda definitivamente perimida a partir del acuerdo con China y genera incertidumbre en más de 400 trabajadores. “Adicionalmente, no continuar con la tecnología CANDU, significaría una dependencia total de los combustibles nucleares de uranio enriquecido, sólo provisto por las grandes potencias”, concluyen CEPA e IGS.