Mientras el gobierno usa tragedias para la campaña, la gestión de Milei sigue ajustando áreas clave del Estado. El presupuesto para emergencias climáticas casi no se ejecutó, el sistema de salud se desmantela y brotes de enfermedades prevenibles resurgen. La crisis energética dejó a un millón de personas sin luz en pleno verano, mientras la economía enfrenta riesgos de devaluación inminente. En este escenario, el futuro se carga de incertidumbre y tensión política.
Por: Nicolás Lantos.
Patricia Bullrich y Luis Petri decidieron no publicar las fotos que retrataban el trabajo conjunto con el gobernador Axel Kicillof después del temporal en Bahía Blanca que dejó una decena de víctimas fatales, más de 1300 evacuados y una ciudad que necesita ser reconstruida desde sus cimientos. En su lugar subieron a sus redes imágenes en las que aparece José Luis Espert, a quien en Casa Rosada ya señalan como primer candidato a diputado nacional para las elecciones de este año. Una vez más, como sucedió la semana anterior con el crimen de Kim Gómez en La Plata, la tragedia y el dolor de las familias argentinas es el telón de fondo que utiliza este gobierno para hacer su campaña electoral.
Mientras tanto, la gestión de Javier Milei apunta en otro sentido. De acuerdo a información oficial, el presupuesto de Emergencia Social para Catástrofes o Emergencias Climáticas fue ejecutado apenas en 0,8 por ciento durante el 2024. De acuerdo a una denuncia de la diputada Julia Strada, de un presupuesto original de 31,5 mil millones de pesos solamente se utilizaron 264 millones. Para 2025 se prevé un gasto de 2228 millones de pesos pero en los dos primeros meses del año, en los que se quemaron cientos de miles de hectáreas en la Patagonia y en Corrientes, con un saldo de tres víctimas fatales y cientos de evacuados, todavía no se ejecutó ni un centavo. Bullrich y Petri también viajaron a sacarse fotos.
En su discurso de apertura de sesiones el presidente confirmó que al ajuste más grande de la historia le seguirá más ajuste. El desmantelamiento del Estado en áreas sensibles ya causa pérdidas y dolor pero nada nos prepara para lo que deberemos afrontar en un futuro no tan lejano, que ya se siente llegar. En pocas áreas eso es tan evidente como en la salud pública. Esta semana se desmanteló el Instituto Nacional del Cáncer y renunciaron varios profesionales en cargos clave del área de enfermedades inmunoprevenibles del Ministerio de Salud, que se encarga, entre otras cosas, de los programas de vacunación y el seguimiento de focos infecciosos, en protesta por el vaciamiento de esos programas.
“Presentamos nuestra renuncia con profundo pesar ante el desmantelamiento de nuestras áreas, el grave riesgo incierto e inminente que esto implica para la salud pública y el aumento de los costos a mediano y largo plazo que van a pagar de su bolsillo todos los contribuyentes. Desde el inicio de este año, la incertidumbre sobre la continuidad de los equipos técnicos se ha traducido en recortes alarmantes que disfrazan de ‘terminar con privilegios y curros’: acusar de ser ‘ñoquis’ y ‘casta’ a profesionales altamente calificados, reconocidos y con una dedicación y trayectoria incuestionables”, informaron a través de las redes sociales médicas y médicos de las direcciones de Vacunas, VIH, Tuberculosis y Lepra.
“En enero, en medio de un aumento de los casos y muertes por tuberculosis y de nuevos diagnósticos de VIH y hepatitis, se confirmó la disolución de las coordinaciones de Hepatitis Virales y Tuberculosis. Luego, en pleno brote activo de sarampión y de hepatitis A, la reducción del 40% del equipo de VIH y del 30% del equipo de Vacunas”, denunciaron. “La evidencia es incontrovertible: la prevención no sólo evita enfermedades y salva vidas; además reduce significativamente los costos en salud. Sin embargo, las decisiones actuales priorizan el ajuste a corto plazo en detrimento de las políticas de prevención y control, con consecuencias que son además potencialmente irreversibles para la salud pública”.
Al cierre de esta nota había registrados ocho casos activos de sarampión a partir de un mismo brote en la Ciudad de Buenos Aires. Si no hubiera más afectados estaríamos hablando, de todas formas, del brote más grande en un lustro. Pero se trata de una de las enfermedades más contagiosas: cada paciente puede infectar a otras quince personas. El desmantelamiento del aparato estatal destinado a prevenir, detectar rápidamente y aislar nuevos casos hace que la situación epidemiológica real sea una incógnita. En la época del año en que los niños vuelven a clases, sin una campaña masiva de información ni protocolos para lidiar con eventuales brotes en las escuelas, la situación podría escalar rápidamente.
El sarampión había sido erradicado en la Argentina en el año 2000 y durante 18 años no se detectaron casos de circulación endémica. En junio de 2018 hubo un brote de 14 casos. Entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 hubo otro diez veces más grande, que llegó a registrar 142 casos, incluyendo una víctima fatal, la única del siglo hasta ahora en territorio nacional. Sólo el trabajo exhaustivo de control, seguimiento y prevención epidemiológica que hicieron los equipos que ahora fueron desmantelados, permitió en ese momento que la enfermedad se expandiera por goteo, con unos pocos casos diarios, hasta que finalmente fue controlada, en lugar de tener un crecimiento explosivo que hubiera multiplicado la cantidad de muertes.
El resurgimiento de la enfermedad después de dos décadas coincidió con el final del gobierno de Mauricio Macri, que durante sus cuatro años de mandato recortó el equivalente a 65 millones de dólares en el programa de vacunas y dejó vencer al menos 12 millones de dosis, de las cuales por lo menos 600 mil eran de la triple viral, que es la que inocula contra el sarampión. La tasa de cobertura de la triple viral cayó desde entonces y ahora es de apenas el 54 por ciento a nivel nacional. Ninguno de los 24 distritos alcanza el 90 por ciento de inoculación que recomienda la OMS para facilitar la inmunidad por rebaño. Esos números solamente pueden empeorar a partir de este desmantelamiento, tanto más profundo que aquel.
En un contexto en el que la enfermedad se está expandiendo en todo el continente, interrumpir los esfuerzos epidemiológicos equivale a un suicidio colectivo. En los primeros dos meses de este año se detectaron 268 casos de sarampión en todo el continente, cuatro veces más que en el mismo período de 2024. El 63 por ciento de los pacientes confirmados el año pasado no había sido inmunizado. Hasta que se descubrió la vacuna contra el sarampión en 1963 la enfermedad dejaba más de dos millones de víctimas fatales al año, en su enorme mayoría niños menores de cinco años. De acuerdo a cálculos de la OMS la vacuna contra el sarampión salvó más de 60 millones de vidas en todo el planeta entre el 2000 y el 2023.
En la semana más caliente del verano el sistema eléctrico dejó a casi un millón de personas a oscuras en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano durante jornadas con sensación térmica superior a los 45 grados. Estuvieron sin luz la Casa Rosada y el Congreso de la Nación, se afectó el servicio de todas las líneas de subte y además estuvo fuera de funcionamiento el sistema de semáforos de todo el centro porteño, lo que produjo un embotellamiento pocas veces visto. Los pasajeros se bajaban de su colectivo para continuar a pie, a pesar de las altas temperaturas, después de que el vehículo permaneciera en el mismo lugar durante cuarenta minutos. Los agentes de tránsito del gobierno local tardaron horas en llegar.
Fue una muestra gratis de un país sin Estado como el que propone Milei en su fuga autoritaria hacia adelante, cada vez más comprometido en las investigaciones sobre la estafa $LIBRA, por un lado, y el sistema de recaudación montado alrededor suyo y de su hermana Karina, por el otro. Una luz amarilla se encendió en el tablero de control del triángulo férreo, cada día más isósceles: la rápida traición de Manuel García Mansilla, irregularmente entronado en la Corte Suprema por el gobierno al que sorprendió, una semana más tarde, obstaculizando la llegada al máximo tribunal de Ariel Lijo, propuesto por el mismo mecanismo espurio que le dio ese voto fatal. Muchos enojos y poca lealtad. Para los hermanos el futuro se cargó de nubes.
La economía tampoco trae buenas noticias. La salida de dólares se acelera y el gobierno quema reservas que no tiene a un ritmo que no puede para evitar una devaluación. Sin un desembolso del FMI el gobierno no tiene forma de evitar una devaluación antes de las elecciones. Tanto en la Casa Rosada como en Washington saben que un mal resultado en octubre puede ser fatal para el proyecto de Milei y comparten, por ahora, el interés de evitar que eso suceda. No hay garantías, sin embargo, de que un acuerdo sea leído como una señal positiva y ayude a frenar la demanda de dólares. La última vez sucedió lo contrario: fue la señal de salida para los capitales que habían ingresado al carry trade y terminó en estampida.
Ningún elemento nos hace pensar que esta vez vaya a terminar distinto. Si no median sorpresas, el Fondo le facilitará al gobierno los dólares necesarios para garantizar un nuevo ciclo de fuga de divisas a precio de remate mientras mantiene el esquema cambiario hasta el día de las elecciones. Debe ser pronto: la necesidad y urgencia del decreto con el que Milei busca saltarse el Congreso para acelerar el desembolso son reales para su gobierno, flaco de certezas y de reservas. Lo que venga después dependerá del resultado electoral. Un Milei fortalecido por el voto popular profundizará el ajuste y la represión para sostenerlo. Si Milei sale de las urnas debilitado, en cambio, puede pasar cualquier cosa.
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