Por SEBASTIÁN PREMICI

La desigualdad social, el hambre y la pobreza se aceleraron de manera brutal luego de la devaluación aplicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, bajo las órdenes del presidente Javier Milei y la celebración del FMI. Al cuarto trimestre de 2023, el 90 por ciento de la población con algún tipo de ingresos no llegaba a cubrir el valor de una canasta básica total. La proliferación de “trabajadores pobres” dejó de ser un proceso de lenta pauperización social – donde el Frente de Todos no pudo, no supo, o no quiso – mejorar la distribución del ingreso -  para convertirse en algo totalmente estructural.

No hubo errores de cálculo. “Las medidas van a ser dolorosas para los argentinos”, advertía el titular del Palacio de Hacienda. Javier Milei – y todo el gobierno de La Libertad Avanza – se encuentra en plena ejecución de un programa sistemático de miseria planificada, donde el aumento del hambre y la pobreza forman parte de su plataforma.

No por nada empiezan a hilvanarse algunos argumentos que contribuyan al enjuiciamiento político de Milei. El jurista Eduardo Barcesat lo definió de manera precisa: “Las políticas que aplica Milei pueden calificarse de genocidio, el silencioso genocidio del hambre”.

La administración Milei heredó uno de los niveles de desempleo más bajos de los últimos lustros. Pero el trabajo – o mejor dicho las condiciones laborales actuales – ya no dignifica como en otros períodos históricos. Dentro de los hogares, aumentó la cantidad de personas con algún tipo de ingreso, señaló el Indec.

Así y todo, entre el cuarto trimestre del año pasado y el mismo período del 2023, la pobreza creció en cuatro puntos porcentuales: casi 2 millones de nuevos rostros (con nombre, apellido, identidades e historias) pasaron a ser considerados pobres. La indigencia incorporó, en tan solo doce meses, 3 millones de personas más.

“Las iniciativas virtuosas a partir de una cierta planificación estatal que pudieron haber generado impacto sobre determinados fenómenos) quedaron truncas. No se consideraron las transformaciones sociales y económicas del macrismo; no sólo la faceta matemático económica de las políticas, sino aspectos cruciales como el  aumento de la informalidad y su precarización relacionadas a las nuevas formas de trabajo”, analizó Diego Castillo, director de la diplomatura “Cuestiones sociales fundamentales de la Argentina Actual” (FSOC – UBA).

A partir del 10 de diciembre, el Gobierno de Milei no tuvo barreras para avanzar con su plan de miseria planificada. La pobreza e indigencia se miden en el país por ingresos. En diciembre, el salario real de los trabajadores y trabajadoras se derrumbó un 18%.

“El grueso del deterioro –que se observa en los informes del Indec -se explica por las medidas de Caputo. Es cierto que algunos indicadores ya mostraban un deterioro interanual, había una crisis de ingresos expresada en la caída real de salarios, jubilaciones y transferencias sociales. Pero en diciembre, la licuación fue abrupta”, explicaron desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina Claudio Lozano.

Según los datos del Indec, al cierre del año pasado, los ingresos totales familiares del 80% de los hogares del país no superaban los 578.000 pesos. Por entonces, la Canasta Básica Total para un núcleo familiar de cuatro personas estaba valorizada en los 495.000.

En términos individuales, solo el 10% de los argentinos con ingresos más alto mejoró sus condiciones de vida. Si en octubre del año pasado, la caída real de los salarios había sido del 1,5%, en diciembre Milei apretó el gatillo con una destrucción de los ingresos reales en torno al 18%. Un 90% de la población no superaba los 402.000 pesos de ingresos. El plan de miseria planificada de Milei convirtió en privativo el derecho humano de la alimentación. De ahí que Eduardo Barcesat haya calificado de “silencioso genocidio del hambre” a las políticas oficiales.