Involucra al abogado Luciano Rojas y fue la “comidilla” de la semana pasada en ámbitos tribunalicios, especialmente entre los allegados al propio interesado. Por un decreto que, según las mismas fuentes, se habría firmado en los últimos días de octubre, fue nombrado para desempeñarse como asesor legal del Servicio Penitenciario con un índice 0.80.

La decisión, posiblemente impulsada desde el ministerio de Gobierno, tiene más allá de las condiciones personales, varias aristas negativas.

En primer lugar, Luciano Rojas quedaría en situación francamente incompatible con el cargo que le asignaron. Es que podría intervenir en actuaciones que comprendan a internos procesados o condenados que son asistidos por él mismo en el ejercicio de la profesión.

Complementariamente, las objeciones para la designación se extienden a las cuestiones personales. En ese sentido, se hace referencia a hechos que fueron ampliamente publicitados por los medios de prensa y de los que existe documentación. Por ejemplo, el de supuestamente haber golpeado a un policía durante un control de tránsito en La Chacarita; la extraña actitud de circular en contramano por la calle Camilo Melet que habría requerido actuación policial o, lo peor de todo, que pudo haber provocado lesiones a quién era o puede ser su novia, desliz que también tuvo difusión pública.

El lado político

Ya en el análisis político, lo más sorpresivo de la designación de Rojas es su condición de socio de Miguel Leiva, hijo de la actual presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, Amelia Sesto de Leiva, una militante de las marchas del silencio que fue fiel colaboradora de la Hermana Martha Pelloni, artífice de la intervención federal a la provincia en el año 1991.

¿Qué tiene que ver la sociedad Rojas-Leiva en la designación? Y algo tiene que ver.

Rojas es el abogado defensor favorito de funcionarios y exfuncionarios involucrados en delitos contra la administración pública y, conforme a voces cada vez más extendidas, se lo requiere por su condición de socio del hijo de la cortesana, lo que hace pensar en favoritismos de distinta naturaleza. También fue el defensor del intendente Elpidio Guaraz en las causas que se encuentra denunciado, como en el conflicto de poderes presentado por los concejales de Santa Rosa que fueran destituidos por la hermana concejal del intendente y que, tardíamente, resolvió la Corte en su contra, con los consabidos daños para el erario.

Pero quizá el caso que más enturbia esta designación es el del fallido diputado Arturo Aguirre. Luciano Rojas fue su defensor y Aguirre no pudo asumir porque los diputados kirchneristas consideraron que tenía una inhabilidad moral para ejercer la función. El abogado de la nueva polémica también defiende a otros involucrados de la causa OSEP: René Luna, Gladys Burchaschi y María Concepción Quiroga, quienes fueron denunciados, junto al doctor Aguirre, por el diputado Julio Cabur.

Esta última causa era investigada por el Fiscal de Instrucción, Juan Pablo Morales, quien fue recusado por Rojas alegando violencia moral, pretensión que fue luego rechazada. Aquí viene otra de las situaciones casi inverosímiles: ahora Luciano Rojas será asesor del Servicio Penitenciario, subordinado a las directivas del mismo Morales a quien supo recusar.

Malestar

Lo que es vox populi en ámbitos tribunalicios, obviamente, ha generado malestar dentro del oficialismo, especialmente entre aquellos diputados que impidieron la designación de Arturo Aguirre, que observan perplejos la designación de su abogado defensor.

En la misma Legislatura esta designación, como la de Roberto Luque, es considerada indefendible a la hora de responder a quienes reclaman peronizar el gobierno.