La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó ayer un equipo de fiscales para colaborar en todas las causas por amenazas y agresiones contra el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Estará integrado por tres fiscales generales -una de la Capital Federal y dos de la provincia de Buenos Aires-, que ayudarán a los investigadores que intervienen en las distintas causas. Buscarán determinar además si hay patrones comunes que permitan pensar en acciones coordinadas.

Forman el nuevo equipo los fiscales Mónica Cuñarro, hoy a cargo de Fiscalía General Nº 1 ante los Tribunales Orales de la Capital; Marcelo Molina, titular de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de La Plata, y Alejandro Cantaro, el fiscal ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Este grupo intervendrá en las causas abiertas en Mar del Plata, La Plata y en cualquier otra vinculada con amenazas o ataques a Macri o Vidal. Gils Carbó mencionó ayer, puntualmente, los expedientes que investigan las intimidaciones contra la gobernadora, los hechos ocurridos en Mar del Plata el 12 de agosto pasado, durante un viaje del Presidente, y las advertencias sobre explosivos en el domicilio particular de Macri y la Casa Rosada.

La resolución que creó el grupo sostuvo que cada uno de los episodios es grave, pero que su entidad sería incluso mayor si los hechos resultaran haber sido "parte de un misma maniobra ilícita orientada a socavar el normal desempeño de las instituciones democráticas".

La Procuración informó que la tarea del equipo consistirá en "recabar y sistematizar" la información sobre los distintos casos y "coadyuvar con los fiscales que intervienen en las investigaciones" cuando les sea requerido.

Anteayer, una fiscal del Mar del Plata, Laura Mazzaferri, le había pedido a la Procuración colaboración, algo que es usual que se haga a través de fiscalías especializadas en delitos determinados. Mazzaferri es la fiscal de la causa que investiga el piedrazo que impactó al auto en el que viajaba Macri en su visita a Mar del Plata de hace dos semanas.

Desde entonces, esta causa fue escenario de un insólito conflicto entre el magistrado que intervino y los fiscales vinculados al caso. El juez federal Alfredo López, que no es juez penal pero estaba subrogando el juzgado por una licencia del titular, Santiago Inchausti, acusó a los fiscales Mazzaferri, Nicolás Czizik y Daniel Adler (fiscal general) de obstaculizar la investigación. "No tienen interés en la Justicia, sino solo en militar a favor de una facción", afirmó, en referencia a la asociación Justicia Legítima, que tiene entre sus referentes a Gils Carbó.

La fiscalía lo niega. Mazzaferri elevó un informe a la Procuración en el que relató que ella sólo se había opuesto a la orden del juez de que se investigara a una organización de la que no había ninguna mención siquiera en el expediente que la relacionara con los hechos, que había contestado todo en los tiempos marcados por el juez y que, en cambio, había pedido decenas de medidas de prueba que él se había negado a producir. Anteayer, Inchausti volvió de su licencia y retomó el juzgado. López, que amenazó con renunciar, reclamó apoyo ciudadano para que la investigación no se frustre.

Mientras tanto, en La Plata se investigan las amenazas telefónicas que recibió la gobernadora, al menos siete desde este lunes. "Le vamos a volar el gobierno a Vidal", fue el mensaje más reiterado al 911. Fuentes gubernamentales informaron a la nacion que está identificado el preso que realizó el primer llamado desde la Unidad Penitenciaria 9, del Servicio Penitenciario Bonaerense. Vidal espera los avances de la investigación -que instruyen la titular de la UFI 5, Leila Aguilar, y la jueza de garantías Marcela Garmendia- para saber si existió complicidad de autoridades penitenciarias. No se sabe por qué no se activó el disco que avisa que es un llamado desde la cárcel.

Pero más preocupan al Gobierno los cartuchos hallados en la casa de Vidal de Castelar. Por este episodio fueron separados dos policías, y el fiscal de Morón Claudio Oviedo espera ahora el resultado del análisis sobre los teléfonos de ambos.

Una nueva amenaza a Vidal

A la seguidilla de intimidaciones y amenazas que sufrió la gobernadora María Eugenia Vidal en los últimos días, ayer se sumó otra: en un llamado anónimo al 911 aseguraron que van a "reventar la gobernación". La situación se produjo mientras la gobernadora disertaba en el Consejo de las Américas, en el hotel Alvear. En el gobierno provincial aseguraron que no van a reforzar la custodia de la funcionaria.

Equipo de investigadores

Estarán a cargo de las pesquisas en torno a las amenazas contra funcionarios

Alejandra Gils Carbó (Procuradora general)

Designó un equipo para investigar las amenazas:

Nombró a tres fiscales para investigar las intimidaciones contra Vidal, los hechos ocurridos en Mar del Plata y las amenzas de bomba contra el Gobierno.

"Estos acontecimientos ya revisten gravedad y su entidad se exacerba si fueran parte de un misma maniobra ilícita orientada a socavar el normal desempeño de las instituciones democráticas", dijo la procuradora. Aclaró que cada hecho seguirá siendo investigado por distintos magistrados.

1. Alejandro Cantaro (Fiscal Bahía Blanca)

Investigador de Suris: Cantaro es fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Llevó adelante la causa contra Juan Suris, que fue detenido por narcotráfico y facturas "truchas".

2. Mónica Cuñarro (Fiscal general)

Contra el narcotráfico: Cuñarro es jurista y trabajó varios años investigando el narcotráfico. Está interinamente a cargo de Fiscalía General N°1.

3. Marcelo Molina (Fiscal general)

Causa Jorge López: Molina es el titular de la Fiscalía General ante el TOF N°2 de La Plata y estuvo a cargo de la causa por la desaparición de Jorge Julio Lópezalejandra gils carbó procuradora general