Las clínicas agrupadas en Fecliba y Acliba pidieron al gobierno nacional que no se corte la ayuda para pagar los salarios. Si ocurre eso –es una decisión prácticamente tomada- “se resentirán los ingresos para 70.000 trabajadores y comienzan a correr riesgos las fuentes laborales”, advirtió el titular de Fecliba, Néstor Porras.

Según Fecliba, “sería como una sentencia de muerte” cortar los programas de Asistencia de emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), para ayudar a pagar los salarios, como se venía haciendo hasta hace unos días.

“Desde algunos sectores –añadió Porras- suponen que ya no están dadas las condiciones para que sigamos recibiendo los ATP, pero no es así en el caso nuestro. No nos pueden comparar con una Pyme de producción. Nosotros no vamos a buscar a ningún cliente, la gente viene a atenderse en un contexto muy particular”.

“En el caso nuestro los valores de prestaciones son bajos y los insumos, en algunos casos han aumentado hasta mil por ciento, aunque suene a barbaridad lo que estemos diciendo, pero es así”, resumió el titular de FECLIBA.

Los ATP han servido para pagar un complemento de los salarios en muchas empresas y pymes que se vieron perjudicadas por la drástica caída de la actividad durante la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional y desde diciembre ese programa de asistencia fue eliminado.

“Se nos haría muy difícil soportar una nueva embestida (del COVID-19) sin la ayuda de los ATP, que aclaramos no es para la empresa, sino para el trabajador en el marco de un sistema de mano de obra intensiva para los siete días de la semana, durante todo el año”, apuntaron desde la Federación.

“Resaltamos que lo principal es nuestro recurso humano y la atención del paciente” dijo Porras.

Si se toma en cuenta los trabajadores que cobran ATP, entre Fecliba y Acliba, son al menos 70.000 personas las que pueden verse afectadas, en sus ingresos y en la estabilidad de sus fuentes laborales, “porque será difícil mantener abiertos los establecimientos”, indicaron desde Fecliba.

Remarcan que esa decisión –quitar los ATP- afecta a “tres patas: la institución sanatorial y los trabajadores; la atención a la comunidad; y la tercera, inevitable, no estar preparados para un nuevo rebrote, que va a llegar, como ocurrió en otros países. Acá, incluso, tenemos fiestas clandestinas, manifestaciones y eventos, que demuestran que no hay ningún tipo de conducta social. Dimos todo en la primera ola, será muy difícil estar preparados para otro rebrote”, describió Porras.

También señaló que la vacuna “no va a inmunizar a todos, es un producto que pide todo el mundo y puede desatarse la ley de la selva, quien más dinero y poder tiene, más se acercará a ese producto. No será la solución a corto plazo, será un paliativo”.