La perla en cuestión es la inclusión, en dicho convenio, de un acápite que incluye un beneficio del 3% del total de la masa salarial de los municipales a favor del sindicato conducido por Carlos Gilardi, sean éstos afiliados o no.

El referido convenio no aplica hoy en General Pueyrredón. El patotero Rubén García —el titular del FESIMUBO, quien se hizo conocido en esta ciudad en ocasión de la blitz municipalista para derribar el gobierno comunal— señalaba ante medios platenses: “Hay un convenio firmado e incumplido por el intendente Arroyo. De hecho, le hemos pedido al Ministerio de Trabajo que actúe como órgano convocante y moderador en este conflicto”.

Aquí, en Mar del Plata, nunca el tema se mencionó en público. La razón, tal como lo ha señalado una y otra vez Marcelo Cardozo —titular de la mutual de trabajadores municipales— es que la inclusión de dicha cláusula en el convenio implicaría poner en el bolsillo de los dirigentes la suma de 3 millones de pesos mensuales. Unos 36 millones de pesos anuales, los que les darían un poder económico extraordinario.

Ahí radicó la auténtica ferocidad del conflicto: se buscaba doblar la voluntad de la administración para acceder a una caja ciertamente impactante colocando, como el tero, todo el tiempo el graznido lejos de este tema, desviando la mirada de todos, tanto ciudadanos de a pie como trabajadores municipales, que sólo en un número menor están afiliados al gremio.

La situación presente implica no sólo una derrota para los dirigidos por Gilardi, sino al mismo tiempo un interrogante sobre cómo les jugará en la elección del presente año esta situación que no pueden explicar ante los trabajadores de la comuna, afiliados o no. Un dato inquietante es que los actores del ejecutivo han contribuido a este silencio de manera, cuando menos, llamativa.

En este escenario, se ha dado un evento cuya dimensión es difícil de evaluar aún en su auténtico impacto: la dirigencia impidió el acceso de unos cuatrocientos docentes municipales a una asamblea en donde se debía informar cuál es la real situación por la que atraviesa el sector, dada la postura del ejecutivo de no abonar horas no trabajadas, como ocurrió hasta 2018. Sólo se admitió a aquellos docentes afiliados al gremio, una franca minoría.

El escenario está abierto en un 2019 que trae desafíos intensos, en los cuales la relación entre los actores políticos y sindicales estará en el centro de la escena. La relación con el gremio será central para ver hacia dónde va una administración disruptiva que busca poner al vecino por sobre los intereses concentrados que han dominado la cosa pública por décadas.