El Ejecutivo buscará distinguir entre funcionarios y empleados de Tribunales, como ya hizo con la Salud. Hoy acuerda con ATSA. Persisten las diferencias con ATE y con SUTE.
Mientras prepara el cierre de la negociación salarial en la Salud y en la Administración Central -vía ATSA y UPCN- el gobierno de Alfredo Cornejo convocará esta semana el inicio de la discusión en Tribunales.
“Con una o con dos mesas la negociación en Judiciales será lo más amplia posible”, confirmaron en la Casa de Gobierno. Esto significa que no sólo se convocará al sindicato que encabeza Carlos Ordóñez, sino también a la Asociación de Funcionarios Judiciales que dirige Marcelo Fekonja, que muestra personería gremial desde 2012.
Los empleados judiciales (clases 8 a 25) son unos 4 mil y los funcionarios (clases 1 a 7) unos 1.100. Mientras Ordóñez sostiene que su organización tiene ámbito de actuación en los dos niveles, Fekonja reclama la representación mayoritaria en el nivel de funcionarios al cual se ciñe su entidad. Sobre el tema existen presentaciones judiciales ante la Suprema Corte y una puja intersindical de varios años.
Esta paritaria se llevará a cabo en momentos en los que existen reparos gremiales por la ampliación del horario de funcionamiento en el fuero penal y un rechazo a reconocer a la Subsecretaría de Trabajo como árbitro por parte del Sindicato de Judiciales, que siempre defiende la idea de un ‘tribunal imparcial’ ajeno a Trabajo -que considera una dependencia del Gobierno- para dirimir los diferendos. También se hace notar que el paritario del Ejecutivo, Luis Santamaría el año pasado lo fue de la Suprema Corte.
En tanto, en el Ministerio de Gobierno que dirige Dalmiro Garay se evalúa una estrategia para terminar de “cerrar” el tema salarial en la Salud y en la Administración Central, que podría evitar el decreto.
En principio, ya está firmado el acuerdo con Ampros, el gremio que conduce Isabel Del Pópolo. Las diferencias se saldaron a partir del compromiso oficial de pasar a planta permanente a 500 profesionales médicos contratados en los próximos tres meses, lo que extenderá el aumento salarial de los efectivos a los ‘temporarios’ que dejarán de serlo.
Además, se espera que hoy se firme un acuerdo similar (24,5 por ciento más aumento de adicionales) con el gremio de la Sanidad, que dirige Juan Carlos Navarro, aunque ATSA dejará sentada su salvedad para que se apliquen menores porcentajes de aumento a los ‘sueldos de privilegio’. También aquí habrá cronograma de ‘pase a planta’ y extensión del aumento a los contratados.
Con ambos acuerdos firmados -que se pagarían con el sueldo de este mes- el Gobierno busca terminar de definir la condición de ‘mayoritario’ y ‘minoritario’ que aún disputan ATE y ATSA con sendos cruces de impugnaciones de afiliados en la Salud.
Y evalúa reinterpretar la condición de ‘mayoritario’ sobre la base de “la cantidad de los beneficiados directos que acepten un aumento” lo que dejaría de lado el criterio contemplado hasta el presente que otorga esa condición al sindicato que tiene “el mayor número de afiliados”.
La nueva interpretación -de aplicarse- promete una controversia de derivaciones judiciales seguras.
Algo similar sucedería en la Administración Central, convocada para el miércoles como reunión “decisiva”. La semana pasada la propuesta oficial (25 por ciento) fue rechazada por ATE, pero UPCN la recibió para “bajarla a las bases” entre hoy y mañana y responder este miércoles.
Por su parte, ATE ha convocado a una asamblea general para mañana, cuyo resultado es difícil de prever.
En tanto, el viernes se llevará a cabo la segunda reunión de la paritaria de los municipales, donde el ‘techo’ acordado entre los distintos intendentes (radicales y peronistas) y el gobierno provincial es del 22 por ciento.
Los resultados de las paritarias estatales muestran en este momento un fracaso y un decreto -con el SUTE-, un acuerdo cerrado (Ampros), uno por cerrarse hoy (ATSA) y otro con chances de entendimiento (UPCN). Dos negociaciones a punto de un desacuerdo (ATE Salud y Administración Central); una en marcha (municipales) y otras dos por comenzar (empleados y funcionarios Judiciales) las tres con final abierto.
El gobierno busca evitar convertirse en un firmante ‘serial’ de decretos por desacuerdos paritarios, aunque se muestra dispuesto a hacerlo de ser necesario. Hasta el momento ha mejorado su posición mediante la división de las negociaciones y la búsqueda de entendimientos con los gremios con un número menor de afiliados.
Pero se mantienen las diferencias con los dos gremios estatales más grandes de la provincia: SUTE y ATE. El gremio que conduce Roberto Macho tendrá definiciones en la asamblea general de mañana. Mientras en el sindicato docente que dirige Adrián Mateluna la controversia con el Gobierno se centra en la realización de los ‘caravanazos’ departamentales.
En los últimos días la Dirección General de Escuelas, el SUTE -acompañado por la Cetera nacional- han discutido sobre la presencia de dirigentes sindicales en las escuelas, mientras el gremio prepara una confluencia de cuatro columnas de manifestantes sobre la Legislatura Provincial, para iniciar una vigilia del 29 de abril al 1 de Mayo, cuando Cornejo abra las sesiones ordinarias en ambas cámaras.
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