Pasaron dos años desde el fallo de La Haya que pareció traer calma al conflicto, también quedaron atrás las protestas y el corte de la ruta 136, del que también se están por cumplir dos años en los primeros días de junio, pero el silencio, la aparente calma, sólo sirve para agravar las sospechas: la pastera de la polémica sigue produciendo y arrojando vertidos sobre el Río Uruguay, pero los controles son secretos, controvertidos e insuficientes.

Según la noticia del diario Clarín, la decisión de levantar la protesta, que los vecinos de Gualeguaychú habían iniciado en 2007, obedeció al fallo de la Corte Internacional de La Haya, del 20 de abril de 2010, cuando la Justicia global decidió que la planta de celulosa, en ese momento a cargo de la empresa finlandesa Botnia (ahora pertenece al grupo UPM, también finlandés), podía seguir funcionando, pero con controles adecuados. Esa sentencia se plasmó en un acuerdo firmado meses más tarde, el 30 de agosto, entre los gobiernos argentino y uruguayo.

Siguiendo la directiva judicial, se creó un Comité Científico en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Ese Comité, integrado por científicos de los dos países, debía hacer un monitoreo permanente de la planta y de los efluentes vertidos en el curso del río, para prevenir, alertar y evitar niveles de contaminación superiores a los razonables.

¿Se cumplieron esos controles? La respuesta es contundente: No. Y si se cumplieron, por algún motivo no se informan a la población.

Alcanza, para comprobar el incumplimiento, con ingresar al sitio oficial de la Comisión binacional (caru.org.uy). De allí surge la inexistencia de informes finales sobre los vertidos de la planta. El único elemento que permite suponer que algún trabajo se hace, surge de un parte de prensa de agosto de 2011, donde las autoridades de la Comisión dicen haber controlado los vertidos dos veces, el 20 de junio y el 25 de julio de 2011. A la Asamblea de Gualeguaychú les han informado de otros controles más, pero de los resultados nadie sabe más que algunos trascendidos que hablan de efluentes ilegales o de residuos a temperaturas más altas de las permitidas.

Raúl Estrada Oyuela es presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Hasta mediados del conflicto con Uruguay, era el encargado de Asuntos Ambientales de la Cancillería. Sabe de lo que habla. Y dice: “El compromiso que Argentina y Uruguay tomaron entre sí es hueco desde el punto de vista ambiental, como ha quedado demostrado por la ausencia total de informes y resultados”.

Según Estrada Oyuela, la Corte de La Haya cometió un error al considerar a la Comisión un organismo con voluntad propia, cuando en realidad, al ser una comisión bilateral, “avanza sólo cuando hay acuerdo de partes”. Si una parte se sienta en la retranca, como estaría ocurriendo del lado uruguayo, nada se hace. “Y Argentina no hace valer su peso político para poner los controles en marcha”.

El ingeniero químico Elías Matta, del CONICET, especialista en producción de celulosa y ex asesor de la Cancillería en el conflicto, también sostiene que, en términos ambientales, nada se hizo: “Solamente se publican informes sobre la calidad de agua, que no se relacionan con la operación de Botnia-UPM”. Según su saber, la planta –que supera en producción a todas las plantas de Argentina juntas-, “contamina un 25% más que todas las demás”. “Son numerosos los cambios e incidentes registrados en la zona, aun cuando ningún organismo los confirme o se exprese sobre ellos”, dice. Si la contaminación es tan evidente, ¿por qué no se informa?, dice el mismo diario.

Hay una explicación que apunta Estrada Oyuela. “Pareciera que la Argentina está dispuesta a cubrir sin tapujos la contaminación uruguaya, a cambio de que nos dejen contaminar a nosotros, por ejemplo descargando aguas cloacales crudas en el Río de la Plata”. El viernes 11, Clarín consultó a la Comisión binacional y a la Cancillería argentina, y en ambos sitios se negaron a hacer comentarios. Lo que no se dice o se muestra, parecen pensar, no existe.