Los montos llegan hasta los $1.800 en algunos casos. Se trata de varios municipios del interior santiagueño. El Dr. Martín Díaz Achával confirmó que los radares no están autorizados para funcionar.
En la Defensoría del Pueblo de la Provincia se recibieron más de 600 denuncias de automovilistas por multas ilegales de radares no homologados en las rutas nacionales que pasan por Santiago.
"En la mayoría de los casos, el radar está homologado por el Instituto Nacional de Tecnología y Gestión, o sea están autorizados a funcionar dentro de las calles municipales para verificar que no haya exceso de velocidad. Lo que no está autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial es la ubicación de éstos sobre ruta nacional", explicó a EL LIBERAL el defensor del Pueblo Martín Díaz Achaval.
Distintos municipios -como Pinto, Colonia Dora, Fernández, Pozo Hondo, Frías y Loreto- han puesto un radar indebido sobre la ruta y notificaron a los conductores sobre supuestas infracciones -que rondan entre los 800 y 1800 pesos- por exceso de velocidad, informó el funcionario.
"Nosotros hemos dado resoluciones en todos los casos, pidiendo a los municipios que cesen con esa actividad y regularicen la situación. Hay una ley nacional vigente, a la que Santiago está adherida. De hecho, el entonces gobernador Dr. Gerardo Zamora fue uno de los primeros en firmar el acta de compromiso en el 2008 y luego fue sancionada una ley que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo encargado de autorizar y controlar los radares", explicó.
Esta ley está en vigencia, a partir del 2010, por lo que "la Defensoría notificó a estos municipios, que más allá de la autonomía que tienen para determinar dentro de lo que es el ejido no lo pueden hacer en el marco de la ruta nacional". En este sentido, Díaz Achaval resaltó que "no lo pueden hacer sin haber firmado los convenios con la agencia nacional y tampoco sin el control de la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia". En algunos casos, existe un cartel que coloca el municipio con intencionalidad; produciendo que el tránsito pasante y desprevenido caiga en infracción, lo que permitiría al estudio jurídico asociado obtener recaudación por ese concepto.
"Si la preocupación es la reducción de los accidentes de tránsito, el municipio no tiene más que hacer los trámites necesarios para que la agencia nacional haga los controles y se efectúen las multas. O bien pedir un operativo a la Policía de la provincia, que lo realiza espontáneamente a los fines de hacer una inspección, como sucede en San Marcos o antes de la entrada a Las Termas de Río Hondo", puntualizó el funcionario.
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