uando los perros comenzaron a morir, a desplomarse entre los autos y las bolsas de la basura, casi no había gente en las calles en Deán Funes. Justo en ese momento, el boxeador argentino Sergio “Maravilla” Martínez defendía el título mundial de peso mediano y lo hacía con la cara, absorbiendo las trompadas neumáticas del inglés Martin Murray. El país entero seguía la pelea. Los televisores mostraban el cuerpo de “Maravilla” rebotando contra las cuerdas del ring mientras afuera, a la intemperie, los perros arrastraban sus músculos temblorosos por las veredas del pueblo.

Ocurrió hace tres meses, entre la noche del sábado 27 y la madrugada del domingo 28 de abril. Murieron, sobre todo, perros callejeros, pero también perros domésticos resguardados en la aparente seguridad de los patios y otros que salieron a orinar con las primeras luces del día. El veneno les provocó convulsiones, vómitos, diarreas y, finalmente, paros cardiorrespiratorios. No sólo murieron perros, también gatos, gallinas, palomas y gorriones (no se sabe cuántos: nadie los contó), incluso zorros y hasta quirquinchos. La muerte de los pájaros no transcendió en los medios pero fue espeluznante: algunos vecinos hablan de una lluvia nocturna, funesta, de tordos que caían como piedras negras sobre las baldosas de la plaza.

El fiscal que investiga el caso dice que fueron asesinados doscientos perros callejeros, pero desde la Asociación Protectora de Animales aseguran que fueron muchos más: unos setecientos. Fue un envenenamiento masivo, organizado, irresponsable. Los autores confeccionaron cebos con carne molida, grasa y metomil, un insecticida agrícola muy tóxico, letal para el ser humano.

A tres meses de la matanza no se sabe quién o quiénes la cometieron, por qué quisieron exterminar a tantos perros ni por qué los dejaron agonizando sobre las calles, tan a la vista. Nadie puede asegurarlo del todo, ni la Justicia. Hay, sin embargo, tres hipótesis.

Primera hipótesis: Los inspectores se propasaron. Días después de la matanza, el fiscal de Deán Funes, Eduardo Gómez, imputó a cinco inspectores municipales y a un ex empleado de la municipalidad. Piensa que ellos se excedieron con la tarea de controlar la población canina. Testigos indicaron que esa noche los inspectores circularon por el pueblo a bordo de una Trafic blanca y que quisieron levantar a algunos perros muertos; pero nadie los vio manipulando los cebos. El fiscal Eduardo Gómez los imputó por “indicios de presencia”. Gómez, consultado por Día a Día, dijo que todavía no hubo novedades en la investigación, y que aún espera los análisis de los materiales que fueron secuestrados en los allanamientos. Los imputados son Roque Enrique Quinteros, Juan Santos Marques, Diego Oscar Allende y los tres hermanos Darío, Francisco y Daniel Palomeque.

Esta es la teoría más compartida en el pueblo: casi todos los vecinos consultados piensan que los inspectores cumplieron una orden de los funcionarios municipales. Los inspectores lo niegan y los funcionarios también: “La gente tiene que saber que jamás salió una orden formal ni informal de ninguno de nosotros”, dijo Germán Fachín, actual intendente de Deán Funes.

Segunda hipótesis: la "venganza" política. Cuando ocurrió la matanza, el intendente de Deán Funes era Alejando Teijero. Dos veces fue elegido como intendente radical hasta que, de repente, pasó a liderar una agrupación kirchnerista. Gobernó un periodo más de la mano del gobierno nacional y recientemente apareció entre las filas del gobernador José Manuel de la Sota; incluso dejó la intendencia para convertirse en funcionario de la agencia Córdoba Turismo. En su entorno dicen que las marchas que se realizaron en Deán Funes para pedir justicia por los perros asesinados fueron azuzadas por los jóvenes de La Cámpora. Algunos vecinos comparten las sospechas, pero en estricto off the record: “Eran los que más insultaban, los que pintaban las paredes de los funcionarios con agresiones. Nosotros pedíamos justicia por nuestros perros, ellos querían hacer lío”. Quienes reproducen esta hipótesis aseguran que por eso los perros quedaron agonizando en las calles, a la vista de todos, para que fuera noticia. Pero nadie aporta pruebas que refuercen esta versión.

Tercera hipótesis: la acción preventiva. Un día después de la matanza, el médico y ex subsecretario de Salud de Córdoba, Medardo Ávila Vázquez, denunció ante la prensa que la matanza de perros se inscribía dentro de una acción oculta del gobierno para prevenir la leishmaniasis, una enfermedad que los perros transmiten a las personas. El fiscal no llamó a declarar a Ávila Vázquez y la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba, Mónica Ingelmo desmintió la versión: “No existe plan para eliminar animales o controlar enfermedades”.

Desde la Cátedra de Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNC, los especialistas Hugo Pizzi y David Dib explicaron que la leishmaniasis “es lo que se viene” a nivel epidemiológico en Córdoba, porque “por los desmontes, el centro del país se está tropicalizando”. El mosquito vector, un flebótomo llamado lutzomyia, ya fue encontrado en el norte de Córdoba en 2010 por el entomólogo Andrés Visintin. Los perros funcionan como reservorios de la enfermedad. Los expertos dicen que, en ese marco, “es cuestión de tiempo para que aparezca la enfermedad”.

El sacrificio de perros para prevenir la leishmaniasis no es una novedad: en 2010 la municipalidad de Santo Tomé, Corrientes, ordenó el sacrificio de quinientos perros supuestamente infectados; y en 2012 aparecieron doscientos perros envenenados con agroquímicos en Paysandú, Uruguay. Ambas ciudades están zona de riesgo leishmaniasis, como el norte de nuestra provincia.