Aparecen en el complicado horizonte judicial, la asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude al Estado e incumplimiento de los deberes del funcionario público, que comprenden los hechos denunciados e investigados, y resultan absolutamente compatibles a la relación promiscua que guardaron entre ambos, en múltiples operaciones en las cuales se involucraron directamente, con claros perjuicios para el erario público y los contribuyentes.
“Recién comienza esto…pero avanzaremos”, expresó ayer a mdphoy.com una fuente irreprochable ligada a la investigación, que prefirió mantener reserva ante el desarrollo de las causas judiciales, las cuales evidentemente avanzan como afirmó. De hecho, Daniel Scioli no apareció nunca más en Mar del Plata ni celebra las acostumbradas tertulias con su socio Florencio Aldrey Iglesias, como tampoco aparece profusamente en el matutino de nuestra ciudad, lo cual no es un dato menor.
El vínculo con Luis “Chiche” Peluso a través del cual la UIF (Unidad de Investigación Financiera), comprobó la relación con el empresario Florencio Aldrey Iglesias, a través de la cual se procedió al lavado de activos ilícitos y blanqueo, no es la única figura que los comprende
El fiscal Garganta solicitará en julio que el caso pase a esa instancia. Si el actual diputado de Unidad Ciudadana es encontrado culpable podría sufrir una pena de prisión efectiva, según una nota que firma Daniel Santoro, periodista de investigación y editor del equipo de judiciales de Clarín, en la edición de ayer en ese diario porteño.
El frente judicial del ex gobernador y diputado de Unidad Ciudadana Daniel Scioli se complicó más: el fiscal Alvaro Garganta pedirá en julio elevar a juicio oral y público la megacausa de las “cajas políticas” de su gestión en la provincia entre 2007 y 2015.
Esta causa está dividida en 9 casos en la mayoría de los cuales Scioli ya fue indagado y es más que voluminosa: consta de 63 cuerpos y 293 expedientes con documentos, explicaron a fuentes judiciales.
Los delitos que se le imputan a Scioli van desde asociación ilícita y fraude al Estado hasta tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. De ser eventualmente condenado en alguna, recibirá seguramente una condena de prisión efectiva, según estimaron las fuentes.
La investigación se inició hace casi dos años por una denuncia de las diputadas de Cambiemos Elisa Carrió y Paula Oliveto.
Si Scioli, su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez, su segundo Walter Carbone (conocido por el dragón de chapa con una caja fuerte que tenía en su casa del country Abril), su ex titular de Aguas Bonaerenses (ABSA) Guillermo Scarcella y más de 40 ex funcionarios y empresarios no ponen reparos jurídicos, el juicio oral podría comenzar antes de fin de año.
En cambio, si comienzan a pedir sobreseimientos y otras medidas podrían lograr que la jueza de garantías Marcela Garmendia deba retrasar el inicio.
La megacausa está dividida en una causa principal por la entrega de facturas truchas en gastos de la gobernación, Aguas Bonaerenses, Lotería, Puerto de La Plata, IOMA, gastos mal rendidos de la Jefatura de Gabinete, obra pública, secretaría general de la Gobernación y Dirección de Cultura.
Aunque la jueza dispuso investigar todos los hechos en conjunto, puede ser que casos como el del ex titular de Lotería Luis “Chiche” Peluso, quien apareció comprometido en operaciones financieras sospechosas según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que reveló Clarín el jueves se sigan investigando y vayan a juicio oral en una segunda etapa.
Mientras espera ese plazo para la elevación a juicio, Scioli y su ex ministro de Salud provincial Alejandro Collia fueron citados a prestar indagatoria ante Garganta el 3 de mayo por la supuesta adjudicación irregular para la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) por 189 millones de pesos.
Tanto Scioli como Collia están acusados de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias pasivo y activo e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
Garganta indagará, también, en mayo al empresario Ricardo Miller, acusado de partícipe necesario de la negociación incompatible con el ejercicio de la función pública; y a varios ex funcionarios bonaerenses.
Miller es el mismo que le “compró” un predio millonario cerca de su casa Villa La Ñata en el Tigre. Las 9 UPA fueron otorgadas a la empresa Miller Building International SA. Como el código procesal bonaerense es diferente al nacional, Scioli ya está -en términos nacionales- procesado y la declaración es un acto de defensa.
La adjudicación de las UPA a esa empresa se concretó “con motivo de la relación personal y comercial que el ex gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario (Miller), y además, por las dádivas que el ex primer mandatario percibía de éste por su rol”, dijo Garganta en una resolución.
Para el procesamiento “se tuvo en cuenta la simultánea proyección advertida entre el incremento de las mejoras que Miller hizo en el complejo hotelero del ex gobernador y el avance de las adjudicaciones irregulares de las obras públicas”. Además de las sociedades que conformaban, Garganta valoró también que Scioli utilizaba dos helicópteros propiedad del empresario.
Otro ex funcionario de Scioli y amigo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, también está complicado. El ex titular de Aguas Bonaerenses Guillermo Scarcella fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo 10 de mayo ante Garganta, en una causa en la que se lo acusa de haber direccionado la contratación de camiones cisternas por más de 62 millones de pesos a una empresa amiga.
Garganta citó también a prestar declaración indagatoria en este caso al empresario Pablo Elías, titular de la firma Desobstructora Argentina S.A. (D.A.S.A), quien se benefició con los contratos y es amigo personal y socio en otra empresa de Scarcella.
El fiscal dio por acreditado que entre agosto de 2009 y hasta diciembre de 2015, el entonces presidente de Aguas Bonaerenses, direccionó la contratación del servicio de “alquiler de camiones desobstructores” y “alquiler de camiones cisterna”,en 22 contratos por un monto de 62.716.000 pesos en beneficio de DASA.
Garganta aseguró que ABSA efectuó sucesivos pagos violando el régimen de contrataciones a la empresa DASA “presidida desde su constitución en 2009 a la fecha por Pablo Damián Elias, socio de Guillermo René Scarcella desde el 20 de mayo de 2005, en la empresa Simulcasting S.A“.
Para el fiscal, Elías, “por un lado constituyó la sociedad D.A.S.A. y montó dicha empresa a la medida de los servicios usualmente contratados por A.B.S.A., y luego se presentó en cada una de las licitaciones y contrataciones, para obtener el beneficio previamente acordado” con Scarcella.
Por ello, Garganta imputó a Scarcella por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A fines del año pasado, Garganta, indagó al ex presidente de la obra social provincial IOMA, Antonio La Scaleia, por los supuestos delitos de “fraude y asociación ilícita”, que habrían ocasionado al Estado bonaerense un perjuicio de 650 millones de pesos en virtud de la tramitación de internaciones domiciliarias.
La Scaleia, quien estuvo al frente de la obra social desde 2010 y hasta el final de la gobernación de Scioli, fue procesado por el fiscal, junto a otros 17 ex directivos y actuales funcionarios del IOMA. La Scaleia entregó un escrito con un balance de lo actuado en la obra social durante su gestión y aseguró que es “la primera vez” que debe pasar por esta situación, y que la imputación de los delitos es “inimaginable”.
“Yo he ocupado un cargo político a lo largo de mi trayectoria y hasta el año 2013 jamás tuve un inconveniente. Parece que desde 2013 soy otra persona y, como he manifestado, es muy difícil a esta altura de la vida romper con mis principios éticos”, sostuvo.
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