La carga a granel en contenedores -de productos con valor agregado y con destino a mercados abiertos por Presidencia- quedó obstruida por una insólita trama legal, sindical y económica.
Un “teus” es el equivalente a un contenedor de 20 pies. El Puerto de Santa Fe exportó 900 teus en 2011; 3.100 en 2012 y 18.500 teus el año pasado, demostrando viabilidad económica y despertando el interés de muchas empresas de la región.
La mayoría de esos contenedores cargaban en su interior “a granel”. Esa modalidad logística da trabajo con una relación 8 a 1 respecto de una carga a granel en bodega de buque.
Cualquier santafesino que pasara por la avenida de Circunvalación veía en el playón del Puerto cada vez más contenedores y, regularmente, el movimiento de barcazas. La estación fluvial mantuvo 400 puestos de trabajo directos el año pasado y abarató costos a favor del interés de empresas de la región.
A despecho de los descreídos, el Puerto local encontró en los últimos años su “producto estrella”. El “concentrado proteico” que agrega valor al pie de los viejos -pero vigentes- elevadores de granos.
Originalmente la ecuación planteada por Fernando Molinari, el gerente comercial del Puerto, aprovechaba que las barcazas que subían completamente cargadas hacia el puerto de Asunción con mercadería con destino paraguayo, bajaban por el río a un tercio de su potencial.
Esos convoyes completaban su carga en Santa Fe para continuar viaje con destino a Montevideo, donde se transbordaban los contenedores a buques oceánicos.
La regularidad de la carga a granel en contenedores llegó a despertar el interés natural de los exportadores de leche en polvo, que están en la cercanía de la estación fluvial santafesina (en su hinterland) y que también cargan bajo esa modalidad. El arroz, que ya supo embarcar en Santa Fe, también está entre las posibilidades para expandir la actividad.
El tanino en polvo y productos industriales varios podrían sumar sus contenedores aún con menos volumen pero aprovechando la capacidad generada por el “producto estrella” que viabiliza la ecuación. Eso significaría menores costos, más ganancias y más trabajo para el Puerto, para las empresas que lo usaran y los trabajadores necesarios para atender ese movimiento.
Es un “nicho de mercado” único, que no compite con los puertos graneleros del sur santafesino. Aprovecha la hidrovía, abarata costos, ahorra energía y preserva caminos al sustituir el transporte por camión.
Sin embargo, en plena expansión de la actividad, una serie de medidas federales bajo la lógica de promoción del trabajo nacional, valor agregado y generación de divisas se han conjugado de manera insólita para deteriorar esos mismos intereses en lo que refiere al Puerto de Santa Fe y su economía regional.
Repasar las medidas sin afectar las políticas del Estado nacional, en orden a los objetivos enunciados, y actuar en consecuencia, es una obligación elemental de los actores institucionales.
Los de la provincia, por su natural jurisdicción, y los de representantes santafesinos en el Congreso -más allá de su signo político- porque no hay fundamento para justificar la omisión cuando del desarrollo legítimo se trata.
Abrir mercados y obstaculizar exportación
El 2 de diciembre de 2012 la presidenta, Cristina Fernández; su ministro de Economía Axel Kicillof y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, firmaron el decreto 2.014 de 2013, que dispuso que las preparaciones destinadas a la alimentación animal que contengan subproductos de la soja -aún cuando éstos no constituyeran su componente principal- pasarían a tributar 32 % de retenciones en lugar del 5% que hasta allí aportaban.
La decisión -que no refiere a más argumento que la “razonabilidad”- significó un duro golpe para la exportación del concentrado proteico desde el Puerto de Santa Fe.
El cambio de regla se llevó de un día para el otro el 30 % de la facturación de una exportación que se concibió bajo los términos del escenario de retenciones del gobierno nacional y con destino a Vietnam, gracias al mercado que abrió la visita de la misma presidente en su viaje a ese país en enero de 2013.
De acuerdo con el nomenclador arancelario que dispuso el gobierno nacional, otros productos primarios que integran el concentrado proteico pagan como retención para su exportación “sin industrializar” un 15 % en el caso del maíz partido, un 5 % en el caso del calcio, un 10 % en el caso de la sal y un 5 % en el caso de los núcleos vitamínicos.
Esos mismos elementos, ya industrializados -es decir agregando valor en el concentrado proteico- pagan 32 % de retenciones. Una significativa contradicción respecto de los propósitos enunciados por la política de dar trabajo, industrializar y generar divisas.
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