El mismo fue lanzado por la Comisión Provincial por la Memoria en base a casos, hechos y prácticas represivas concretadas entre los años 1974 y 1983.
Con el objetivo de “dimensionar la práctica genocida” en el territorio bonaerense e identificar como casos, hechos y prácticas represivas “todos aquellos delitos de lesa humanidad que fueron incorporados por el Estatuto de Roma desde la desaparición forzada hasta el desplazamiento forzoso tanto externo (exilio) como interno”, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) anunció el desarrollo de un “Registro de la violencia genocida (Revige)” en la Provincia de Buenos Aires con base en hechos concretados desde 1974 y hasta 1983.
De acuerdo a lo anunciado por la CPM, el registro estará conformado por fuentes judiciales, institucionales, archivística y de la sociedad civil, y apuntará a “ver la dimensión de la práctica genocida y fortalecer, al mismo tiempo, los procesos de construcción de memorias locales mediante la emergencia de nuevas historias, muchas veces invisibilizadas en los registros institucionales”.
En ese sentido, consideraron que la sistematización de esta información ya producida y validada “es un aporte a la verdad, tarea que los organismos de derechos humanos y otras organizaciones comenzaron a realizar ya en los años de Dictadura”.
El máximo tribunal tiene pendiente definir si considera los hechos denunciados por excombatientes como delitos de lesa humanidad.
El registro será abierto y se conformará de información extraída de diversas fuentes: los registros de la Conadep; los expedientes judiciales de juicios de lesa humanidad y juicios por la verdad; los distintos fondos de las fuerzas represivas que gestiona la CPM; y la documentación e información relevada en investigaciones locales, entre otros.
“Se trata de un registro nominal de hechos represivos que nos permite ver la dimensión de las prácticas genocidas y el despliegue de la violencia en los territorios. Hay mucha información que está producida y validada, más allá de la verdad jurídica, que consolidan datos y construyen verdad”, señaló la directora general de la CPM, Sandra Raggio. Luego destacó: “Este registro no clasifica victimas, sino hechos, lo que permitirá visibilizar la magnitud de la violencia genocida en sus múltiples dimensiones”.
Durante la presentación se expusieron algunos datos que surgen de los primeros trabajos sobre el registro. Así, señalaron que ya se relevaron 93 sentencias de juicios por delitos de lesa humanidad y plantearon que otra de las fuentes está constituida por las producciones del programa Jóvenes y Memoria, que desde 2002 generó 1.137 investigaciones sobre personas desaparecidas.
Otra importante fuente de información es el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), que la CPM tiene bajo su custodia desde 2001. Por ejemplo, destacaron que en todos estos años se recibieron más de 15.000 consultas de información personal sobre el espionaje realizado por la fuerza policial.
Por otro lado, también se integrarán datos del fondo documental de legajos e historias clínicas de personas detenidas durante la Dictadura en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense y el del Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval zona Mar Argentino Norte.
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