Más de la mitad de los bonaerenses consideran que el gobierno nacional es el principal responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. Además, una proporción importante dice que existe un pacto de silencio entre el Ejecutivo y la Gendarmería. Las opiniones negativas sobre la desaparición del artesano abarcan a la casi totalidad de los que se consideran opositores pero también a gran parte de los que se ubican a sí mismos como independientes e incluso entre los oficialistas hay un sector con una mirada fuertemente crítica. Las preguntas se le formularon a los 2.500 entrevistados en la encuesta electoral del distrito Provincia de Buenos Aires realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) que lidera el sociólogo Roberto Bacman. En el sondeo se respetaron las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social.

“El dato que este tema arroja en este último trabajo de campo es elocuente -señala Bacman-. La gente le adjudica responsabilidad al gobierno. Es que para la mayor parte de los entrevistados el principal culpable, el que está implicado en forma directa, es la Gendarmería.

Y esta última afirmación no surge de especulación teórica alguna, se construye en base a lo expresado por los propios entrevistados en la última encuesta ¿Cómo no serlo, si más de la mitad de los entrevistados expresan su convencimiento que existe un pacto de silencio entre el gobierno y esa fuerza de seguridad”.

Cuando se preguntó más específicamente sobre la responsabilidad, una parte de los entrevistados remarcaron a la Gendarmería, pero otros mencionaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la mayoría señaló al gobierno nacional en general.

Esa mirada tiene directamente que ver con la actitud del Ejecutivo, que ni aparta a la Gendarmería de la investigación ni hizo público un verdadero sumario interno. Por supuesto, no existe la menor iniciativa orientada a sancionar a nadie por la desaparición de Santiago. Gran parte de las voces están orientadas a defender a la fuerza pese a que el juez Guido Otranto señaló específicamente que el operativo del 1 de agosto fue ilegal, dado que se autorizó a despejar a la ruta pero no a perseguir a los mapuches dentro de su territorio.

En la encuesta, el segundo lugar de la responsabilidad es para la justicia, aunque en un plano muchísimo menor al de la acusación contra el Ejecutivo: más de la mitad apunta al gobierno y algo más de un diez por ciento a la justicia. Aquí pesa en forma decisiva que en dos meses no se haya avanzado en nada en el esclarecimiento de la desaparición. El primer magistrado estuvo casi un mes desconfiando de la comunidad mapuche y ni siquiera dio por probado que Maldonado estuvo el 1 de agosto cuando se produjo el operativo de Gendarmería. Bacman analiza que “hay que decir que cuatro de cada diez personas afirman que el gobierno trata por sobre todas las cosas que no aparezca la verdad en tiempos electorales. Es una primera señal de alarma. Se debe agregar que para un 18,1 por ciento el gobierno manifiesta buenas intenciones, pero eso no alcanza”.

“Alrededor del 32 por ciento confía en que el gobierno está haciendo todo lo posible por encontrarlo. No agregan mucho a esta cuestión, dado que pertenecen al núcleo duro del oficialismo, donde más firme se encuentra la intención de voto. Pero a la luz de estos resultados, de algo se puede estar seguro: lo peor que le puede pasar a esta gestión es que el nuevo juez de la causa demuestre que Gendarmería es el verdadero culpable de esta desaparición. Allí se enciende en forma directa un semáforo rojo: podría atentar contra la actual intención de voto a favor de Cambiemos, en especial por la fuerte influencia que puede llegar a tener en el segmento de los independientes”.

Un dato de importancia en la encuesta es la ínfima proporción de personas que le echan la culpa a los mapuches por la desaparición de Santiago. Es una hipótesis que se trató de hacer correr: que al artesano lo tenían escondido, que era una maniobra contra el gobierno y versiones conspirativas de esa índole. Con el paso del tiempo, el círculo se fue cerrando sobre la Gendarmería especialmente porque la gente percibe que sus declaraciones son contradictorias, que nunca terminaron de explicar el operativo ni las maniobras posteriores. A eso se suma el papel del jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, quien estuvo justo en el corte de la ruta 40 el 1 de agosto y el día anterior había dado las instrucciones para que la fuerza intervenga sin orden judicial.