Pese al rechazo del sector del PJ más cercano a la Casa Rosada, encabezado por Miguel Pichetto, Cambiemos no se resigna a abandonar el pedido de desafuero de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. “Vamos a empezar esta semana. Se tiene que constituir la comisión de Asuntos Constitucionales y será ella la que establezca los parámetros para el tratamiento del pedido de desafuero”, señaló a PáginaI12 una de las espadas parlamentarias más importantes del oficialismo. Esa afirmación choca con los dichos del titular del Bloque Justicialista, quien la semana pasada rechazó el pedido y aseguró que la constitución de la comisión y el tratamiento del tema se realizarán recién en febrero o marzo del año próximo. Por lo pronto, el oficialismo tendrá el martes su primera reunión de interbloque, de la que participarán sus nuevos senadores, y de allí saldrán los nombres para avanzar en el reparto de cargos que se sentarán a negociar luego con Pichetto. 

El pedido del juez Claudio Bonadio para quitarle los fueros a CFK y enviarla a prisión amenaza con complicar todavía más el complejo fin de año parlamentario. El gobierno nacional envió el jueves el llamado a sesiones extraordinarias que se publicará el lunes en el boletín oficial. En el temario figuran las reformas tributaria, previsional, laboral, las leyes de Responsabilidad Fiscal, de mercado de capitales y el Presupuesto, entre otras cuestiones. Por este motivo varias de las comisiones como Acuerdos, Presupuesto y Trabajo deberán constituirse esta semana.

No está incluido en el temario de extraordinarias el pedido de desafuero de la ex presidenta ya que se trata de una cuestión que corresponde al Poder Judicial y al Legislativo, en la que el Ejecutivo no tiene (o debería tener) ninguna injerencia. 

En ese contexto, el jefe del flamante Bloque Justicialista y del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, salió públicamente a rechazar tanto el pedido de desafuero, así como los fundamentos del dictado de la prisión preventiva. El senador por Río Negro citó un antecedente reciente de la Corte en el caso de Carlos Menem y sostuvo que, teniendo en cuenta el principio de inocencia, no corresponde el desafuero hasta tanto no exista sentencia firme. En la causa por el Memorándum con Irán, la ex presidenta no tiene ni siquiera condena de primera instancia y recién fue procesada la última semana. De hecho, no fue condenada en ninguna de las causas judiciales en su contra. 

Pichetto, además, señaló que no se cumplen las causales para dictar la prisión preventiva: no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Esta posición, que según dijo es compartida por la gran mayoría de sus compañeros del Bloque Justicialista, implica que le será muy difícil al Gobierno lograr los votos necesarios para que el Senado le quite la inmunidad de arresto a CFK. Precisa dos tercios de la Cámara: 48 senadores.

Pero más allá de la eventual aprobación, el senador opositor descartó por completo que el tema comience a tratarse antes del año próximo. “No hay ninguna posibilidad” de que el Senado “se aboque a estudiar esta cuestión porque estamos fuera del período de sesiones ordinarias”, dijo.

Sin embargo, según pudo saber este diario, Cambiemos no pierde la esperanza, al menos, de mantener el tema en agenda, si es que no puede lograr el mismo éxito que alcanzaron en la Cámara de Diputados con Julio De Vido. De hecho, la estrategia es similar: aún cuando lleve al fracaso, como ocurrió en más de un intento con De Vido, al oficialismo le reditúa poner el foco en las causas judiciales del kirchnerismo mientras avanza con las reformas políticas y económicas en paralelo.

“La comisión tiene 60 días y ese proceso tiene que ver con la garantía del derecho de defensa de la senadora”, argumentan en el oficialismo, buscando darle una pátina institucional al asunto. Lo cierto es que la ley de fueros no hace distinción alguna sobre el período de sesiones ordinarias y extraordinarias. Dice en su artículo 2: “La solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aún cuando no exista dictamen de comisión.” 

En el peronismo sostienen que, como Asuntos no está constituida por el recambio legislativo, el plazo no comienza a correr. Sin embargo, la secretaría parlamentaria a cargo del radical Juan Pedro Tunessi ya recibió la nota de Bonadio y consta formalmente el giro a la comisión, que funciona con su cuerpo permanente de asesores. 

Pese a que Cambiemos cuenta (por ahora) con 24 senadores y que el interbloque peronista suma 25, los representantes del oficialismo aseguran que les corresponde la presidencia de “las comisiones de gobierno”. Se trata de Presupuesto y Hacienda, donde quieren colocar a Esteban Bullrich, la de Acuerdos, que está en manos del peronista salteño Rodolfo Urtubey, la de Economía, en manos del peronista chaqueño Eduardo Aguilar y la de Asuntos Constitucionales, que sin dudas dejará de quedar a cargo del kirchnerista Marcelo Fuentes. El titular del PRO, Humberto Schiavoni, podría ocupar ese lugar, aunque también se anotan allí el radical Angel Rozas. Una dosis de tensión se producirá si, como ocurrió en su mandato previo de senadora, Cristina Kirchner integra la comisión. Como tercera fuerza del Senado le corresponderá al kirchnerismo al menos un lugar.

En un comunicado firmado por sus autoridades, el oficialismo afirmó durante la semana pasada que “bajo ningún aspecto” será un “obstáculo para la Justicia” y que actuará “sin estar atado a precedentes”. Esas dos frases indican que tratarán de mostrar el rechazo al desafuero como un intento por obstaculizar el accionar judicial y que no atenderán el antecedente histórico del Senado de rechazar los pedidos que no se funden en sentencia firme. 

La voluntad de avanzar está. Sabiendo que más tarde o más temprano los llevará al fracaso, el incentivo principal está en lograr distraer la atención de las otras medidas que tanto Diputados como el Senado pretenden aprobar casi como regalo de fin de año para Mauricio Macri. La reforma laboral y la previsional, por caso, implican retrocesos para un importante sector de la población: los trabajadores activos y pasivos.