Poco después de asumir, Mauricio Macri convenció al presidente ruso Vladimir Putin que bajara un punto el interés de los créditos para la construcción de la represa Chihuido. Al poco tiempo trató de bajarlos aún más y Putin le cortó el rostro y ni siquiera atendió el teléfono las veces que el presidente argentino quiso hablarle. La obra se fue al diablo. Macri viajó a Alemania y convenció a la canciller Angela Merkel para que comprometiera a la empresa Voyth Hydro en la represa a construir en Neuquén. Merkel habló con los empresarios y la semana que pasó los envió a la Argentina con la consigna de regresar con el contrato firmado. Pero los empresarios alemanes no fueron recibidos por Macri ni por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sino por un desconocido que les dijo que por el acuerdo con el FMI la obra no se podía realizar.

La supuesta credibilidad de Macri quedó por el piso. Los alemanes ni siquiera sabían quién era Gustavo Lopetegui, el vicejefe de Gabinete que se reunió con ellos. Encima, al estilo de Cambiemos, el secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Pablo Bereciartua, le echó la culpa a los alemanes y dijo que la obra se cayó porque no habían conseguido el financiamiento prometido. Alguno de los caballeros teutones atinó a preguntar si un anuncio de ese tipo, que involucraba a gobiernos, no lo tenía que realizar el presidente en persona. Pero Macri, mutis por el foro. Entre sus colaboradores más cercanos se dice que el presidente está de mal humor por el devenir político, un término que igual podría significar depresión o decepción. Lo que fuera: no se presentó para realizar un anuncio que le correspondía y envió en su lugar al vicejefe.

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Más allá del humor o la depresión presidencial, además de la represa de Chuihuido, en estos días ya se habían caído, también por el acuerdo con el FMI, los proyectos con los chinos por las centrales atómicas de Atucha III y Sierra Grande. Las tres obras involucraban inversiones por alrededor de 12 mil millones de dólares. Mal humor o deprimido, lo que queda claro con la caída de estas tres megaobras es que a partir del acuerdo con el organismo financiero, el que dirige la economía del país es el Fondo.

En términos de la economía real y no de burbujas financieras, para que se invierta esa cifra millonaria en dólares tienen que realizarse estas grandes obras de infraestructura que hubieran demorado cuatro o cinco años en terminarse. Por el contrario, en apenas 15 días de corrida cambiaria, el Banco Central perdió diez mil millones de dólares, o sea el equivalente a varias centrales de energía o a dos YPF y así se podría seguir comparando lo que implicó el desmanejo del gobierno. El empobrecimiento tiene responsables. Y no son ellos los que se empobrecen, sino los trabajadores y una gran parte de las clases medias.

Sin capacidad de reacción, Macri ve cómo su futuro político se va de la mano del Fondo al despeñadero o al fondo del despeñadero. El derrumbe de estas tres obras dan cuenta de un escenario donde el oficialismo se queda con muy pocas herramientas para hacer política en el año y medio que le queda en la Casa Rosada. Y también pone a los gobernadores contra la pared.

Hasta ahora la negociación era el elemento principal de la relación entre el gobierno nacional con los gobernadores. Pero en ese engrudo, ellos también quedan pegoteados. Cuanto más se peguen al gobierno, más compartirán el terrible costo de la emergencia socioeconómica. Es poco lo que los gobernadores pueden sacar ya de un gobierno controlado por el Fondo. Lo más probable es que sea el gobierno nacional el que les quite a ellos. Si antes tenían que pegarse al gobierno para conseguir recursos y sostenerse, ahora el camino que les queda es el contrario: despegarse para mostrar al gobierno central como responsable de lo que suceda en sus provincias.

Este puede ser el peor momento del gobierno. Se lo ve acorralado por la crisis y no termina de digerir la abrupta caída de imagen a pesar del blindaje con que lo ha favorecido la corporación de medios oficialista. Pero no quiere decir que sea el final. Es una fotografía que puede cambiar. Pero es una mala situación:  junto a la crisis en la economía y el grave deterioro social, el gobierno fue castigado esta semana por una seguidilla de fallos judiciales adversos.

La Cámara de Casación rechazó la exención de prisión de la diputada de Cambiemos por el Chaco Aída Ayala por el delito de lavado de dinero durante el período que fue intendenta de Resistencia. El intendente de Paraná, Sergio Varisco, quedó imputado en una causa por narcotráfico. La gobernadora María Eugenia Vidal está cada vez más comprometida por la causa de los aportantes truchos a la campaña electoral. El juez Ricardo Tatarsky consideró que la empresa no agotó todos los recursos previstos en la ley laboral antes de decidir el despido de casi el 40 por ciento de los trabajadores de la agencia Télam. Y la justicia bonaerense ordenó a la gobernadora María Eugenia Vidal que en un plazo de cinco días debe reunirse con los gremios docentes para negociar paritarias, luego de tres meses de negarse a recibirlos.

Los escándalos de Ayala y Varisco tienen un impacto brutal en sus respectivas provincias y horadan el blindaje mediático nacional. Los aportes truchos a las campañas del 2015 y 2017 de la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires han golpeado la imagen de la gobernadora, a la que el oficialismo trataba desesperadamente de disociar de los tumbos de la economía. Vidal está denunciada por falsificación de documentos y presunta usurpación de identidad. La estafa electoral rasgó la vestidura virginal con que se presentaba a la gobernadora. Hay por lo menos 500 de esas denuncias comprobadas, muchas de candidatos del PRO, y Vidal apenas acertó a justificarse diciendo que sus acusadores son kirchneristas.

Las detenciones de la diputada y ex intendente de Resistencia y del intendente de Paraná pueden hacer naufragar las expectativas del oficialismo en Chaco y Entre Ríos. Los delitos son graves y las pruebas son contundentes. Pero el desgaste de la gobernadora Vidal pega en la línea de flotación. La gobernadora es la carta del macrismo para la reelección del presidente. El horizonte de Macri para 2019 –ya de por sí achicado– se encogerá aún más según lo haga la figura de Vidal. Margarita Stolbizer y el massismo ya empezaron a fustigarla y Carlos Stornelli es el fiscal en una de las causas.

Vidal mantuvo el silencio todo lo que pudo, se confió en el blindaje y en el brillo del aura de hada buena con que la adornó el oficialismo. Pero la información se desbordó y se difundió  y se vio obligada a hacer declaraciones. En ese instante se abrió la brecha que podría definir la suerte de la provincia de Buenos Aires y sus consecuencias funestas para Macri. El hada buena es una fantasía. Pero cuando la realidad irrumpe, se acaba el cuento.

Los fallos que favorecen a los trabajadores de Télam y a los gremios docentes pueden ser un adelanto de los tropiezos judiciales que tendrá que afrontar el gobierno a lo largo del próximo año y medio que se anuncia como de ajuste y con miles de despidos. La gobernadora no negoció cuando debía y tendrá que hacerlo ahora. En aquel momento, los gremios pedían el 20 por ciento de aumento. Ahora pedirán el 30. El fallo judicial sobre Télam abarca a cinco trabajadores, pero puede extenderse a todos los demás.

El Fondo ha planteado sus exigencias. El gobierno tiene que ajustar y despedir. Ya anunció que no renovará los miles de contratos que se realizaron a través de las universidades. Y se esperan más despidos en otros organismos del Estado. Estos fallos aparecen como la punta de un fuerte dolor de cabeza, una advertencia de que si bien controla a muchos jueces y fiscales, todo puede ser judiciable, o sea entorpecido y demorado. Y el Fondo reclama resultados concretos, no está para demoras.