Las situaciones de maltrato y acoso al personal del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires parecen ser una constante particularmente en el Centro Cerrado de Merlo, cuya directora, Patricia Vázquez, quien hace oídos sordos ante los permanentes reclamos contra su subdirector, Leandro González, quien llegó al puesto a pesar de las acusaciones que lo vinculan con casos de violencia de género.

En ese marco, en diversas asambleas gremiales se solicitaron las planillas correspondientes a horas extras, planillas de personal, cargos y funciones, nómina de personal externo a la institución que presta allí servicios, y planillas de presentismo y cargas horarias, recibiendo como respuesta que el pedido era ilegal, por parte de González.

La negativa resulta cuanto menos curiosa, dado que se trata del derecho a la información pública. Sin embargo, a los permanentes actos de violencia especialmente contra mujeres que allí se desempeñan, particularmente si son delegadas de algún gremio, se suman las denuncias respecto de personas que figurarían en la nómina de empleados a quienes no se les conoce la cara, pues cobrarían sin ir a trabajar.

Es de público conocimiento que las condiciones de estos centros son lamentables, sobre todo considerando que allí se hospedan jóvenes con el fin de ser reincorporados a la sociedad. A pesar de que estas situaciones han sido permanentes denunciadas por la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo que forma parte de la nómina de ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés “el Cuervo” Larroque, insiste en mirar para otro lado.

Corrupción, malversación y desvío de fondos, pago de horas extras desde cuentas personales y en cualquier momento del mes, hasta hechos de violencia de género se suscitan sin que nadie tome cartas en el asunto, solo por pedir explicaciones sobre diversos temas. Incluyendo, claro está, a la ministra de las Mujeres bonaerense, Estela Diaz.

Tanto ATE como UPCN han reclamado por las mejoras laborales de las empleadas que allí se desempeñan, dado que se trata de un centro donde se encuentran jóvenes de género femenino, sin que ninguno de los pedidos prospere. Reclamos similares se dan en el centro de Almirante Brown.

La impunidad con la que el subdirector Leandro González se mueve dentro del centro, despidiendo incluso a quienes solicitan licencia amparadas en sus derechos laborales, genera sensaciones de angustia e incertidumbre, ante un gobierno que solo parece estar preocupado en el clima electoral.