La pirotecnia y denuncias de la oposición a los controles de precios han actuado como una cortina de humo al problema de fondo: hay irregularidades importantes, por parte de los fabricantes de productos de canasta de básica, en el cumplimiento del abastecimiento a Precios Justos, el acuerdo de congelamiento por 4 meses que cerró el ministro de Economía, Sergio Massa, con las empresas del sector alimentos, limpieza e higiene personal. Algunas diferencias son operativas y otras más vinculadas a lo que en el Gobierno entienden como especulación para gambetear los controles de precios. 

Según supo Página I12, la Secretaría de Comercio Interior está revisando una importante cantidad de remitos de diferentes grandes empresas que no coinciden en el registro de cantidades vendidas y cantidades entregadas. Y ese dato surge, más allá de los mitos intencionales que se generaron sobre el rol de movimientos sociales y gremios como Camioneros (que son asistentes muy puntuales del Gobierno para monitorear y difundir los controles), de inspecciones que la cartera de Matías Tombolini hizo en centros de distribución. Es decir, son parte de controles habituales y legales que hace el propio Estado con las herramientas a disposición. 

¿Cómo funcionan los controles? La explicación del sistema es bastante sencilla: los centros de distribución son propiedad de los grandes supermercados (Coto, Jumbo, Disco, La Anónima, Carrefour, Chango Más, etc.). A esos galpones llegan a diario camiones con mercadería pedida por esas cadenas a los proveedores, por caso, empresas alimenticias aglutinadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal) o fabricantes de productos de higiene personal o limpieza del hogar. De hecho, según fuentes privadas, los supermercados son los más interesados en que haya controles del Gobierno en esos centros de distribución, porque si no los hubiera, habría sospechas de que los faltantes de mercadería podrían ser por acopio de las grandes cadenas. 

Una vez llegado el camión a los centros de distribución, las inspecciones del Gobierno constatan, junto a la empresa, que la carga del camión coincida con las cantidades del remito. Vale decir que esto mismo lo hacen a diario las propias cadenas de supermercados para verificar que no les entreguen mal los pedidos. Si esa carga es irregular, puede responder a diferentes cosas. Una de las sospechas, que se confirmarán cuando los de Tombolini terminen el análisis de los remitos, es que estas diferencias pueden deberse a desvíos de mercaderías a los almacenes y comercios barriales. Hoy, el Gobierno sólo controla a los grandes supermercados, que representan nada más que el 25 por ciento del consumo, el resto se maneja con precios libres y mucho más caros, de allí la duda de que están derivando mercadería hacia los locales donde pueden vender más caro. 

También es posible, y esta sí es información que suele dar Camioneros, que haya habido algún tema logístico o de carga de los camiones, caso en el cual no hay violaciones a los acuerdos de precios. En el Gobierno aseguran, además, que también hay casos de empresas que postergan los arribos de mercadería, otra irregularidad. Todos estos datos surgen de tres pesquisas que se hicieron la semana pasada.

En Comercio preservan los nombres de las empresas con irregularidades, mientras se investiga, pero son todas grandes: algunas cumplen, otras lo hacen a medias y hay al menos dos que tienen un cumplimiento de sólo el 28 por ciento en los volúmenes de entrega. Por todo esto es que los primeros que reaccionaron a los controles no fueron los supermercados, sino las empresas de la Copal, entidad que conduce Daniel Funes de Rioja, y algunos directivos de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). 

Justos seguirá hasta junio

Mientras tanto, Comercio ya abrió la negociación con las más de 250 empresas que participan de Precios Justos para extender el programa hasta junio, en la previa a las PASO presidenciales.

El plan, cuya primera etapa debe concluir el 28 de febrero, tiene una canasta de 2500 productos congelados y aumentos permitidos del 4 por ciento para todos los productos que no están dentro del congelamiento. Ahora, según confiaron a este diario fuentes oficiales, la idea es sentarse con los privados para prolongar cuatro meses más el programa. 

A esos fines, se está trabajando en el sendero de aumentos permitidos, dado que ésa es la pauta que Massa considera para condicionar los niveles de inflación futuros, con la mente puesta en que en abril el IPC del INDEC arranque con un tres adelante. 

Así las cosas, lo que buscan en Economía es acordar un promedio de alza autorizada que en el primer mes sostenga el aumento del 4 por ciento, y que luego vaya en un camino descendente, más cerca a los tres puntos. Si bien la evolución del precio de los alimentos viene hace dos meses corriendo por debajo de la inflación promedio, Massa entiende que como el IPC es un promedio, hay que tirar aún más abajo esos precios para compensar otros rubros que irán en alza, como tarifas, combustibles y energía.