La crisis con las fuerzas de seguridad dejó su etapa más caliente con el regreso de gendarmes y prefectos a sus puestos de trabajo y la retirada de las escalinatas de los edificios que funcionan como sedes centrales de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, pero el conflicto tendrá sobrevida en los tribunales.

Ayer, los diputados Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Julio Martínez (UCR) denunciaron penalmente a la presidenta Cristina Kirchner por supuesta “omisión de denuncia y violación de deberes de funcionario público” y “evasión de impuestos” . La presentación llegó luego de que el Gobierno reconociese “irregularidades” en la liquidación de salarios de las fuerzas de seguridad.

Las denuncias alcanzan también al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quienes reconocieron las “irregularidades” en una conferencia de prensa el martes y denunciaron a los ex jefes de Gendarmería y Prefectura de formar parte de una asociación ilícita junto a abogados y jueces.

Carrió se presentó ante el Juzgado Federal 8, a cargo del Juez Martínez de Giorgi, para ampliar la denuncia a la figura de asociación ilícita en la causa por irregularidades en los amparos de Prefectura y Gendarmería que abrió el Gobierno.

Por su parte, Martínez –diputado por La Rioja– presentó otra denuncia por evasión simple y agravada, por el monto y cargo de los funcionarios, de impuestos” que quedó radicada en el juzgado en lo Penal Tributario número 1 del juez Javier López Biscayart.

Ambas presentaciones contra el Gobierno se produjeron días después de que Abal Medina y Lorenzino reconocieran en una conferencia “irregularidades” en la liquidación de sueldos de ambas fuerzas y generaran una “industria del juicio contra el Estado”.

En su presentación, Carrió pidió, según la agencia DyN, que se investigue a la Presidenta y a Abal Medina “por posible omisión de denuncia, y/o violación de los deberes de funcionario público y/o encubrimiento” y al senador y ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández “como promotor y encubridor” de esa supuesta asociación ilícita en los últimos años.

En el escrito de Martínez, el diputado nacional advirtió que al informar sobre las irregularidades en una conferencia de prensa, “Abal Medina y Lorenzino reconocieron explícitamente, el pago en negro” a gendarmes y prefectos y sin embargo “eludieron sus responsabilidades y la de quienes firmaron los decretos”.