Alberto Mihelj, denunciante en la causa de la Línea 11, dijo que Antonio Gandur, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, no era quién para exigir celeridad mediante un pedido de pronto despacho. “Él no es parte en esta causa”, aseguró el representante de la empresa Leagas en un escrito que ingresó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción el 14 de diciembre. Este tribunal tiene pendiente revisar la sentencia de agosto que anuló todas las medidas investigativas desplegadas en el proceso y desplazó al fiscal Washington Navarro Dávila (N°5). La Cámara sorteó ayer a un camarista penal para sustituir a la magistrada Liliana Vitar, que es esposa de Navarro Dávila (se informa por separado).

Mihelj expresó que él había solicitado la investigación de tres camaristas en lo contencioso administrativo: Salvador Ruiz (jubilado desde el 1 de diciembre), Horacio Castellanos y Sergio Gandur, que es hijo del vocal. En la denuncia articulada en febrero, Mihelj había sugerido que todos ellos habrían pergeñado una maniobra para beneficiar a Oscar Alonso, titular de la empresa de transporte público Inverbus. El resultado de esa operación habría sido la medida cautelar que permitió a Inverbus retener la concesión de la Línea 11, pese a que el intendente Germán Alfaro le había quitado el permiso y se lo había entregado discrecionalmente a Leagas. El denunciante había indicado que Gandur, entonces presidente de la Corte, habría intervenido en el plan digitando los turnos de la feria de enero. Según Mihelj, la familia Gandur tiene vínculos profesionales con Alonso.

Ante la Cámara, el representante de Leagas se quejó porque, antes del requerimiento de pronto despacho, la Justicia penal había dado trámite a otras presentaciones previas del vocal del alto tribunal. “Solicito respeto por los derechos que asisten a las víctimas y que, consecuentemente, se falle conforme a derecho y sin condicionamientos”, dijo. Mihelj añadió: “es incomprensible cuál sería la intención de presentar un pronto despacho ante la Cámara de Apelaciones a pesar de no ser parte cuando, luego de que transcurrió prácticamente un año, la Corte, el tribunal que integra Gandur, aún no resuelve los recursos de casación y de per saltum presentados en los expedientes en lo contencioso administrativo (vinculados al conflicto de la Línea 11)”. Mihelj observó que en estos procesos Gandur no había presentado ningún escrito para instar la resolución.

El 12 de diciembre, el vocal había dicho a los camaristas Eudoro Albo (presidente de la Cámara) y Enrique Pedicone que la revisión de la causa de la Línea 11 se postergaba ilegítimamente: “existe una praxis indebida, que afecta severamente el servicio de justicia”. A propósito de otra intervención en este expediente penal, en mayo, el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, dijo a la prensa que Gandur usaba su poder para entorpecer la pesquisa. A posteriori, el integrante del alto tribunal manifestó que Navarro Dávila lo estaba investigando a él, pese a carecer de facultades legales para ello. Algunos meses después, el juez Juan Francisco Pisa(N°3) acogió la postura de Gandur en una sentencia que ha de ser confirmada o revocada por la Cámara.

“Me preocupa que el ex presidente de la Corte (fue reemplazado en noviembre por Daniel Posse) hable de demoras y de prácticas indebidas en el Poder Judicial que él administra”, opinó por su parte Walter Berarducci, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. El funcionario dijo que había que diferenciar entre la disputa contenciosa administrativa y la penal, donde el Municipio no participaba: “Gandur está sufriendo la Justicia que padecemos todos los tucumanos. A confesión de parte, relevo de pruebas”.