De las siete denuncias que presentó el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, contra Alejandro Cacetta, la que impactó de lleno en la figura del ex titular del INCAA fue el alquiler del laboratorio Cinecolor, para que ahí funcione la Cinemateca Nacional.

El contrato que el mes pasado firmó Cacetta fue por $ 21 millones, a pagar en tres años, y ya se pagaron $ 600.000 en concepto de depósito.

Cacetta fue el gerente financiero de Patagonik Film Group, justo antes de asumir al frente del INCAA. Y Cinecolor es uno de los accionistas de Patagonik. De hecho, “en septiembre del año pasado, la Oficina Anticorrupción le indicó específicamente a Cacetta abstenerse de tener cualquier tipo de trato con Patagonik”, dijo una fuente del Gobierno. “Sin embargo, Cacetta firmó en marzo el contrato con Cinecolor y firmó la Resolución que aprueba ese contrato de alquiler”, agregó esa fuente oficial.

De todos modos, en el Gobierno aseguraron que ese lugar es ideal para que ahí funcione la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional (CinAIN), ya que el laboratorio Cinecolor había cerrado el año anterior y, como parte del contrato de alquiler, donó todo el equipamiento que tenía para preservar y restaurar las películas.

El CinAIN es como la Biblioteca Nacional del sector audiovisual y comenzó a funcionar hace un mes, cuando se dictó un curso de preservación y restauración fílmica, a cargo de especialistas de la Cinemateca de Bologna.

“Es una paradoja, porque el Gobierno impulsó la creación de la Cinemateca Nacional, para cumplir con una ley de hace 20 años y que nadie cumplía. Hasta Cristina Kirchner anunció su creación, por cadena nacional, pero no hizo nada para crearla. En cambio, el gobierno de Macri la concretó, pero Cacetta firmó ese contrato, cuando se tenía que haber excusado y que lo firme otro funcionario”, dijo una fuente del INCAA.

En la Oficina Anticorrupción (OA) señalaron que están trabajando sobre las presentaciones que hizo Avelluto, pero no quisieron profundizar sobre cada una de las denuncias. “Cacetta no podía firmar ese contrato con Cinecolor, así que hay que analizar si él lo firmó y si se benefició directamente, porque podría haber un delito contra la administración pública, que podría ser conflicto de intereses”, dijo una fuente de la OA.

Clarín intentó comunicarse con Cacetta, pero el ex funcionario no estuvo disponible para esta nota.

Las otras seis denuncias que presentó Avelluto contra la gestión Cacetta, la semana pasada, fueron sobre la contratación de publicidad para promocionar películas y festivales, los gastos excesivos en las reformas de la escuela de cine ENERC, el desdoblamiento de facturas para evitar concursos de precios, el alquiler de una sala de cine que pertenecería al ex rector de la ENERC (Pablo Rovito) y viáticos excesivos en el INCAA.

“Estamos analizando los papeles que trajeron de Cultura. Y pedimos una ampliación de cierta información. Pero todavía no tenemos un informe propio, porque estamos en pleno proceso de investigación”, dijo una fuente de la OA.

Clarín accedió a un informe de gastos, que fueron cuestionados por el Gobierno. Por ejemplo, el fraccionamiento de facturas, para evitar los concursos de precios, en el caso de una persona que facturó casi $ 3 millones en los primeros tres meses del año pasado, con facturas que eran todas inferiores a los $ 300.000.

También hubo cuatro resoluciones del ex gerente de Administración, Raúl Seguí, por $ 647.000 para comprar muebles destinados a las oficinas de Cacetta y a quien era su jefe de gabinete, Sergio Emilio Bartolucci. Las cuatro resoluciones salieron el 7 de junio de 2016 y fueron para la misma empresa, Espacios Inteligentes SA.

El vicepresidente a cargo del INCAA, Ralph Haiek, está motorizando los cambios y ya despidió a tres directivos que venían de la gestión kirchnerista: el gerente que manejaba la plata del organismo oficial, Seguí; el gerente de Relaciones Institucionales, Rómulo Pullol; y el titular de la Unidad de Auditoría Interna, Rolando Oreiro. También impulsó la renuncia del rector de la ENERC, Pablo Rovito. 

Haiek se reunió con entidades representativas del sector, a las que les expresó que “de ninguna manera habrá cambios en las políticas de Fomento y la financiación del Instituto”. Además, Haiek manifestó su “compromiso pleno” con la defensa de los recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico, la transparencia en su aplicación y la continuidad de los empleados del INCAA.

Sin embargo, varios referentes de la industria cinematográfica temen que el desplazamiento de Cacetta sea un paso dado para desfinanciar al cine argentino, que es uno de los más prolíficos de la región y durante el año pasado estrenó 173 películas de producción nacional.

El Gobierno pretende implementar la gestión electrónica de expedientes en el INCAA y un sistema de transparencia activa, que permita a cualquier persona acceder desde Internet a toda la información relativa a compras y licitaciones, contrataciones y otorgamiento de subsidios, para transparentar la gestión en el organismo oficial.