Una nueva denuncia presentada por profesionales auditores del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) generó otro cimbronazo. No solo porque nuevamente puso al descubierto varias de las prácticas de corrupción que se habrían instrumentado durante la era K, sino también porque involucra seriamente a las actuales autoridades de la obra social cuyo directorio es encabezado desde diciembre pasado por Sergio Daniel Cassinotti, ex-CEO de la Cámara Argentina de Droguerías.

Entre los delitos denunciados, los profesionales dan cuenta de que durante la gestión del sciolista Antonio La Scaleia como titular del IOMA se habrían utilizado recursos de la obra social para financiar la campaña del Frente para la Victoria que, en las últimas elecciones, llevó como candidato a presidente a Daniel Scioli y como candidato a gobernador a Aníbal “La Morsa” Fernández. 

En rigor, los auditores afirman en su demanda que los fondos de la obra social hacia la campaña sciolista se habrían canalizado mediante “falsos aportes”, que provendrían de los múltiples bolsillos de los trabajadores de IOMA. Concretamente, se trataría de “fondos provinciales que tras ser blanqueados administrativamente se desviaban a la caja del equipo de campaña del exgobernador. Paradójicamente, mientras esto ocurría no se pagaban en tiempo y forma las prestaciones a los laboratorios, como así tampoco las drogas oncológicas que necesitaban los afiliados del IOMA”. En ese sentido, los profesionales aportaron pruebas de una serie de empresas de internación domiciliaria, investigadas de haber cobrado sumas millonarias por servicios que nunca se habrían prestado, y que habrían servido como fuente de financiación. Los titulares de estas sociedades, que en muchos casos serían empresas fantasmas, aparecen como aportantes de la campaña K.

Todo sigue igual

Los auditores alertan en su presentación judicial que varias de las empresas de internación domiciliaria seguirían cobrando cifras millonarias, pese a que se encuentran siendo investigadas por la Justicia y, en no pocos casos, hasta fueron allanadas. Algunas de las sociedades que están en la mira, y que aparecen en distintas investigaciones del diario Hoy sobre presuntas irregularidades con las internaciones domiciliarias, son Hestia SRL, Juntos en Casa SRL, Continuum SRL, Aphatec Buenos Aires, Biokinet, Kinetical y Solariega, entre otras

“Estas irregularidades se han perfeccionado mediante una metodología sistemática,  llevada a cabo por los mismos funcionarios que ya se encuentran denunciados en otras causas penales de similar tenor, ante la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 8, Departamental, de Asuntos Complejos”, agregaron los denunciantes. Y alertaron sobre una alarmante falta de control que facilitaría que se sigan cometiendo irregularidades. 

La presentación judicial incluye nombres y apellidos de presuntos responsables. Concretamente, además de Cassinotti, los denunciantes mencionan al actual titular de la Dirección General de Administración (DGA), Víctor Hugo López Monti, como el supuesto encargado de “mantener la cadena irregular de pagos y acciones favorables para empresarios, empresas y gerenciadoras, suprimiendo todos los controles y auditorías (contables, de gestiones y de terreno) del Estado provincial, para pasar a entregarle esta función de contralor a las auditorías de las empresas y gerenciadoras. Es decir, que auditan los trámites las mismas empresas que luego prestan los servicios. Esto es como poner el gato a cuidar la sardina”.

La demanda en cuestión lleva el número 35309/16 de Instrucción Penal Preparatoria (IPP) y fue presentada por el médico Idelmar Seillant y el contador Jorge Radaelli, quienes se desempeñan como presidente y secretario de Finanzas de la Asociación de Profesionales del IOMA respectivamente. Ambos son auditores de la obra social bonaerense. 

Según pudo saber este medio, ya se estaría realizando una serie de pericias para profundizar la investigación de los delitos denunciados que involucran al mencionado La Scaleia, varios de sus funcionarios y a las actuales autoridades del Instituto. “Los delitos se perpetraron entre el mes de septiembre del año 2010 hasta la actualidad, debiendo señalarse que los cambios de autoridades realizados por la nueva gestión de Cambiemos en nada alteró o disminuyó el ritmo y sistematización de los actos irregulares. Lo único que se puede observar es una insufrible persecución de las nuevas autoridades contra quienes nos hemos aventurado a denunciar los actos de irregularidad ante el ministerio público fiscal”, concluyeron. 

Silencio oficial

Una copia de la denuncia de los profesionales le fue enviada vía mail y WhatsApp a la Presidencia del IOMA a las 16.28 de ayer para que los funcionarios pudieran hacer su descargo. Si bien quedaron en responder, pasada la medianoche no llegó ningún tipo de contestación.

Sin sanción disciplinaria

En la denuncia de los auditores se señala que Antonio Atilio La Scaleia, expresidente del IOMA, desembarcó en la obra social el día 11 de abril de 2000. Asumió como como director de la Dirección General de Prestaciones hasta el 9 de diciembre de 2007, luego ejerció como vicepresidente hasta el 29 de marzo de 2010, cuando asumió como presidente, cargo que desempeñó hasta el 9 de diciembre de 2015. “Este exfuncionario durante su gestión parece haber implementado una metodología direccionada a defraudar a la obra social provincial, metodología que se siguió implementando con la nueva gestión, dado que ninguno de los funcionarios que se encuentran denunciados han sido revisados disciplinariamente mediante un sumario administrativo, y algunos han sido ratificados en sus cargos, en vez de encontrarse en situación de disponibilidad”, señalaron. 

“En el régimen disciplinario de la administración pública bonaerense, estos constituyen los pasos más básicos y elementales que el sistema contempla, por lo cual despierta suma preocupación el saber que nada de aquello que el sistema aconseja se ha realizado”, concluyeron. 

La ruta del IOMA que conduce a los Panamá Papers

El 10 de mayo el diario Hoy reveló, en exclusiva, las conexiones que unirían al extitular del IOMA, Antonio La Scaleia, con los denominados Panamá Papers. Concretamente, se informó que La Scaleia es accionista de la sociedad offshore IT Invest Group Technologies SA, que aparece como activa y fue fundada en julio de 2012, en pleno proceso donde se llevaba adelante un desguace de la obra social bonaerense.

En esa sociedad, que tendría domicilio en China, La Scaleia aparece asociado con Daniel Burgos, quien fue su jefe de gabinete del IOMA. También estaría asociado con Gustavo Fernando Baldachis y Ricardo Bianchimano, vinculados a la firma de internación domiciliaria Juntos en Casa SRL, que se encuentra denunciada penalmente. Las sospechas apuntan a que el dinero sucio que salía de la obra social, que estaría vinculado con retornos y sobreprecios, se triangulaba con distintas financieras, para después ser girado al exterior con destino a paraísos fiscales. Sospechosamente, las autoridades del IOMA no realizaron ninguna denuncia al respecto.

Una investigación realizada por el portal Chequeado.com aportó importantes detalles a este oscuro entramado. Concretamente, reveló que, con cada apertura de cuenta o revocación de poderes, el estudio Mossack Fonseca (una de las principales firmas proveedoras de sociedades offshore a nivel mundial) tiene como protocolo chequear, vía web, los nombres de intermediarios, empresas, accionistas y apoderados. Especialmente cuando se trata de “PEP”, es decir,  “personas expuestas políticamente”, como La Scaleia.

De los documentos analizados a través de Panamá Papers surge que usan distintos recursos en línea, desde las bases de datos del FBI, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hasta la Interpol y Rulers. En el caso particular de La Scaleia, cuando sus empleados hicieron lo propio, a fines de 2015, los resultados en Lexis Nexis y en WorldCheck fueron negativos, pero la búsqueda avanzada de Google, para su nombre completo, ya mostraba un alerta: el primer resultado de la pesquisa resultó el título de una denuncia reportada por el diarioHoy en 2014, por la presunta utilización del IOMA para brindar un trato favorable e ilegal en favor de la madre de la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En efecto, este trato preferencial consistió en otorgarle un reintegro del 100% por una operación de cadera realizada en el Sanatorio Otamendi (que no formaba parte de la cartilla de prestadores de la obra social), donde se utilizó una prótesis importada que no se le autoriza a ningún otro afiliado.

Desde la Asociación de Profesionales del IOMA (Apioma) pidieron a la Justicia que investigue el supuesto enriquecimiento ilícito de La Scaleia y de algunos de sus principales colaboradores, a los que acusaron de cometer los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública, entre otros. En el escrito de 89 fojas, firmado por el abogado Jorge Fermín Milloc, se denuncian 24 delitos de acción pública.