La Comisión por la Memoria junto a otros organismos de Derechos Humanos, como el CELS, Abuelas, APDH, y varios más, salió a denunciar un “pacto político” entre legisladores de Cambiemos y del Frente Renovador para evitar el juicio político contra el actual Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, sobre quien pesan graves denuncias por supuestos delitos de lesa humanidad.

La decisión implica una grave regresión jurídica que desconoce leyes y pactos internacionales firmados por Argentina para la defensa de los derechos humanos.

Es que los legisladores de Cambiemos, Juan Pablo Allan y Santiago Nardelli, y los del Frente Renovador (UNA) Hernán Albisu y Lisandro Bonelli, lograron construir una mayoría dentro del jurado y hacer caer el proceso contra Fernández Garello. La CPM dijo que los legisladores desconocieron el llamado a prestar declaración indagatoria por crímenes de lesa humanidad para el próximo 13 de diciembre contra el Fiscal General.

En igual sentido votaron los abogados Alicia Cristina Racig (San Isidro) y Horacio Enrique Hernandez (San Martín), en tanto que los conjueces abogados Leandro Adolfo Matilla y Eduardo Carlos Zimmermann votaron en minoría manifestando que “los elementos obrantes en la causa sí cumplimentan los requisitos del art. 26 de la Ley de Enjuiciamiento y que, por lo tanto, debía darse inicio al sumario”.

La decisión, indicaron desde un comunicado, “cierra la posibilidad de investigar la actuación de un funcionario judicial que fue parte de la maquinaria del terrorismo de estado como 'espía' de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense y da lugar a un pacto político de impunidad”, lo cual, agregaron, “implica una grave regresión jurídica que desconoce leyes y pactos internacionales firmados por Argentina para la defensa de los derechos humanos”.

Además, agregaron que Fernández Garello omitió en su declaración jurada al ser designado Fiscal General, haber sido agente de policía y prestar funciones como espía de la DIPBA, por lo cual alega “la supuesta obligación de no develar información por la aplicación de una normativa de la SIDE, aprobada durante el gobierno militar el 28 de febrero de 1973”, cuestión que fue considerada “inaceptable” en tiempos de Democracia, por cuanto “emana de un gobierno de facto y además no alcanza a los agentes de la DIPBA”.

También cestionaron a la Suprema Corte y a la Procuración General de la Provincia por no haber adoptado medidas para el apartamiento del Fiscal General de sus funciones, habida cuenta de que “la separación preventiva del cargo que fue adoptada en otros casos de delitos comunes cometidos por magistrados no se aplicó a Fernández Garello que será indagado el mes próximo por su participación en delitos de lesa humanidad.”

“Esta decisión formalista y regresiva, atenta contra los principios republicanos de transparencia y democratización de la justicia y da cuenta de una escasa voluntad política de transformación de las instituciones y de lucha contra las mafias enquistadas en las instituciones políticas y judiciales”, concluyeron desde los organismos de Derechos Humanos.