Mientras organizaban la salida del cepo y el anuncio de una nueva devaluación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió casi 400 millones de dólares. Los compradores se lo llevaron a 1100 por unidad, un valor mucho menor al que cotiza desde ayer. La maniobra llegó a la justicia: un abogado denunció al presidente Javier Milei; al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros funcionarios, por malversación de caudales públicos. 

La denuncia resultó sorteada en el Juzgado Federal 4 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ariel Lijo y la fiscalía de Alejandra Mángano, informaron fuentes judiciales. El abogado Leonardo Martínez Herrero denunció a Milei, Caputo, Bausili; Juan Curutchet; Marcelo Ferro; Matías Furiase; Marcelo Griffi; Juan Pedro Inchauspe; Silvina Rivarola; Baltazar Romero Krause; Sebastián Sánchez Sarmiento y Wladimir Werning, integrantes del directorio del Banco Central.

Los delitos son presunta «malversación de caudales públicos» y «defraudación contra la administración pública». A la vez, explicó que el pasado viernes antes de anunciar el sistema de bandas, el Banco Central «liquidó reservas por un valor de u$u 398.000 a un valor inferior a los 1.100 pesos por cada unidad, cuando ya se descontaba una devaluación por parte del Gobierno».

¿Información privilegiada?

Esto habría ocurrido «con posterioridad al acuerdo técnico que habían arribado el presidente Milei y su Ministro de Economía con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se sabía que ese mismo día el directorio del organismo haría el anuncio de la aprobación del referido acuerdo».

Según la denuncia, «no se explica por qué la autoridad monetaria vendió en el Mercado Único y Libre de Cambios los 398 millones de dólares a valor de $ 1097,50». El abogado sostiene que lo hizo «sabiendo que se elevaría su cotización en pocos minutos más» al fijar una banda cambiaria por un monto mayor.

Además, Martínez Herrero se preguntó por qué los vendieron, quiénes fueron los compradores y pidió investigar si se hizo «para un grupo de personas con posible información privilegiada». 

La denuncia será enviada a la fiscal Mángano para que dictamine si corresponde o no impulsar una investigación penal.