Por esta supuesta maniobra, Fonseca denunció por “evasión y lavado” de activos al gobernador José Manuel de la Sota; a su antecesor Juan Schiaretti; al ministro de Finanzas de la Provincia, Ángel Mario Elettore; al fiscal de Estado, Mario Córdoba; a empresarios como Horacio Miró, de la constructora Britos SA, y Herman Rodolfo Karsten, de Cobrex, entre varios otros nombres.

Los hechos denunciados por el legislador juecista tienen que ver con la operación supuestamente delictiva llevada a cabo mediante el llamado Fideicomiso Financiero del Banco de la Provincia de Córdoba, utilizando a la también empresa estatal Córdoba Bursátil SA y las privadas Cobrex Argentina SA y SP Servicios y Consultorías SA.

Concretamente, el supuesto negociado tiene que ver con el manejo de la cartera de clientes morosos post fusión de Banco Social y Banco de Córdoba, del orden de los 800 millones de pesos-dólares, y emisión de un título por parte del Banco de Córdoba, con objetivo de dotar de liquidez a dicha entidad, durante la primera gestión de gobierno de De la Sota. Los servicios de dicho préstamo serían cancelados con el recupero de la cartera, a través de un fideicomiso, y el cobro fue tercerizado a Cobrex y a SP, siendo la segunda garantía de pago la coparticipación federal de impuestos. Las cancelaciones del título «jamás fueron pagados con lo obtenido por la gestión de cobro» de la cartera deudora sino “con el dinero de todos los cordobeses”, es decir, la copartipación, señala la denuncia de Fonseca-Moscovich, presentada el año pasado ante el juzgado de Bustos Fierro, Fiscalía de Enrique Senestrari. 

En esa ocasión, tanto el abogado como el fiscal solicitaron medidas de prueba, como el allanamiento en Córdoba Bursátil y Cobrex, que el juez nunca habilitó, como tampoco -según el patrocinante de Fonseca- permitió que la causa avanzara en algún sentido. De hecho, luego hubo allanamientos a esas empresas por parte de la Justicia provincial, lo que según Moscovich fue una «jugada» del delasotismo para quedarse con documentación probatoria de las denunciadas irregularidades.

En el escrito presentado ante el Consejo de la Magistratura, Fonseca-Moscovich se hacen las siguientes preguntas: «¿A cuánto ascendía el monto dinerario total nominal entregado “al cobro” a Cobrex y a SP en concepto de créditos morosos?» «¿Cuál fue la lista exacta de créditos morosos entregados a dichas personas jurídicas?» «¿Cuántos y cuáles créditos pudieron recuperarse en dinero?» «¿Cuál era la comisión percibida por los gestores de cobro?» «¿Cuánto cobraron los gestores de cobro?» «¿Por qué Cobrex termina vendiendo “por tramos” en “supuesta licitación pública, la cartera de créditos?» «¿En cuánto dinero se vendieron “por tramos” los créditos morosos?» «¿Porqué nada de todo ello, se hizo constar en las actas de asamblea de Córdoba Bursátil SA?».

El hijo, fiscal Adjunto

 Por otra parte, Fonseca destacó que mientras Bustos Fierro no avanzaba en la investigación  contra De la Sota y Schiaretti, «el gobernador cordobés envía el pliego del hijo del juez federal para que sea aprobado como fiscal General Adjunto” del Poder Judicial de la Provincia. De hecho, el pliego de Pablo Bustos Fierro, hijo del magistrado federal, fue aprobado la semana pasada por la Legislatura con el voto de la mayoría delasotista, el acompañamiento del radicalismo y del macrismo, actitud que Fonseca calificó como una “provocación totalmente obscena” y no descartó que se haya tratado de una negociación para frenar la investigación.

El legislador juecista sostuvo que el juez Bustos Fierro “no está tomando las decisiones” que le pide el fiscal federal, Enrique Senestrari, “para avanzar en la investigación”. Asimismo, recordó las  múltiples denuncias recaídas sobre Bustos Fierro por temas como la re-reelección presidencial de Carlos Menem, el rebalanceo telefónico, etcétera.