Esto causó el repudio generalizado en la población campeña , en especial de los militantes de este sector político, que encabezados por el concejal Diego Dos Santos realizaron la exposición policial dejando constancia del agravio recibido, haciendo responsable al intendente municipal de los hechos citados.

Asimismo acusaron “la intolerancia que existe en el oficialismo con los que piensan diferente, degradando la convivencia democrática en la cual tenemos derecho a vivir”.

Más provocaciones

La concejal Mirna Molinas junto a un grupo de dirigentes consideró como provocación a la instalación de un equipo de sonido de alta potencia frente a las puertas del comité de la UCR en Laguna Naineck.

El hecho que a la fecha persiste ocurrió el pasado sábado a partir de la media mañana en la plazoleta Santa Rosa de Lima cuando, al decir de los dirigentes, desde una camioneta comenzaron a bajar un equipo de audio que instalaron frente a la sede partidaria radical donde se desarrollan actividades proselitistas con miras a las elecciones abiertas del próximo 11 de agosto.

“Es un acto de provocación que no se condice con los tiempos democráticos en que vivimos - expresó la dirigente radical agregando que – les solicite de buenas maneras el retiro del lugar porque nos sentimos provocados y avasallados en nuestro espacio que por derecho nos corresponde ocupar para desarrollar nuestras actividades de campaña y lejos de hacerlo, al contrario, grupos de personas fueron convocados en el lugar por los dirigentes del justicialismo como una forma de intimidarnos”, manifestó.

Momentos tensos se vivieron cuando se llevaron a cabo las diligencias correspondientes ante la subcomisaría local, dependencia donde el Jefe de la Unidad Regional circunstancialmente se encontraba y ante quien se expuso la situación para que de manera preventiva se lleven a cabo las actuaciones.

“Pasada las horas y ante la persistencia del hecho me comuniqué telefónicamente con la jueza de paz y menor cuantía de Laguna Blanca, Agustina Alvarenga a fin de poner en su conocimiento de la situación quien me contestó que los problemas de este tipo deben resolverse dentro del marco de la ley electoral vigente el cual no está dentro de su competencia, según me expreso”, dijo Molinas.

“No acepto que quienes ocupen un cargo que deben resolver situaciones se laven las manos ante una circunstancia planteada por derecho ya sean desde el marco político electoral o de acción privada teniendo en cuenta que la normativa electoral vigente está por debajo de las prescripciones que fijan tanto la Constitución Nacional como Provincial en materia de las acciones que afectan a terceros, en este caso al mío y aun gran grupo de personas tanto en nuestro carácter de políticos como de ciudadanos”, manifestó.