Este hecho desencadenó una serie de eventos que llevarían a su abogado, Alejandro Miranda, a radicar una denuncia por asociación ilícita en contra del gobernador, Claudio Poggi, y varios funcionarios más de la Administración Pública. 

Continuando con los hechos, cuando Algarbe preguntó a los obreros qué estaban haciendo, el encargado de la obra le dijo que allí el Gobierno iba a construir una rotonda sobre ese terreno. Inmediatamente les pidió que se retiraran y tuvo una reunión con el encargado de Vialidad Provincial. “No obstante, la obra siguió adelante”, comentó el abogado de Algarbe. 

Un mes después le cursó una nota al por entonces ministro de Hacienda y Obra Pública, José María Emer, manifestando su predisposición a ceder sus tierras al Gobierno a cambio de una justa remuneración. “Esperando una respuesta a esa nota, se puso a disposición de las autoridades del Gobierno para llegar a una resolución del asunto, pero nunca le respondieron y la obra continuaba”, dijo Miranda, quien contó que a raíz de esto, su cliente radicó dos exposiciones en la Comisaría 3ra. 

Al ver que la obra no se detenía, en diciembre Algarbe decidió mandar una carta documento al actual ministro, Néstor Ordóñez, “intimándolo para que paralizara la obra, retirara la maquinaria y solucionaran la situación”. Como una vez más no obtuvo respuesta, directamente radicó una denuncia en la Fiscalía Penal N° 3, de donde se deriva al Juzgado de Instrucción N° 3, de la jueza Virginia Palacios. 

La jueza ordenó en julio de este año que un oficial de Justicia visitará la zona en cuestión, donde pudo constatar que la obra ya estaba terminada y habilitada para la circulación. Miranda solicitó que se convocara a declarar al ministro de Hacienda y al jefe de Vialidad Provincial, pero la juez solo convocó al jefe del Programa de Rutas Provinciales. 

“Cuando este funcionario se presenta, él le hace saber a la jueza que en el mes de mayo, es decir 8 meses después de que se inició la obra, pesé a todos los reclamos de Algarbe, interpone Fiscalía de Estado una demanda por expropiación de urgencia contra Algarbe”, dijo Miranda, destacando lo irregular del proceso, que se hizo mediante un decreto de necesidad y urgencia.

“No existía un solo motivo para calificarla de urgencia, ¿Cómo es que Fiscalía presenta una demanda de este tipo cuando hace 8 meses se está construyendo la obra? ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es encubrir los delitos cometidos”, dijo Miranda, haciendo hincapié además en que una expropiación se debe llevar adelante con el respaldo de una ley dictada por la Cámara de Diputados, cosa que en este caso no se cumplió. “Nada de lo que establece la ley se ha cumplido este caso”, agregó. 

“Y con esta demanda, el juez Agustín Ruta, con una celeridad inusitada, en 24 horas ya había emitido un auto interlocutorio, cosa que no hace ni siquiera en los juicios de amparo, que son sumarísimos. Y el 3 de junio de este año, ordena por mandamiento que le entreguen la posesión del inmueble al Estado. Nunca conocí que un juez llevara adelante un proceso con tanta urgencia”, dijo Miranda, refiriéndose al polémico juez que, cabe recordar, fue una de las figuras claves de las expropiaciones realizadas en Estancia Grande, actuando rápidamente y despiadadamente a favor del Gobierno provincial y Alberto Rodríguez Saá. 

La documentación presentada por el funcionario del Programa de Rutas Provinciales, señaló Miranda, saca a la luz “un montón de irregularidades”, que les permitió comprobar “el delito de asociación ilícita, de la que participa el Gobernador de la provincia, el ex y el actual ministro de Obra Pública, el jefe de Vialidad, el fiscal de Estado, tres abogados de Fiscalía y el juez Ruta inclusive”. A raíz de esto, la denuncia inicial de Algarbe fue ampliada para incluir a estas figuras, por el supuesto delito de asociación ilícita, encubrimiento agravado y una serie de delitos que la juez deberá investigar. 

“Ese proceso de expropiación de urgencia es un proceso fraudulento ideado para encubrir todos los delitos que se cometieron desde que comenzó la obra hasta que se entabla la demanda por expropiación”, dijo Miranda, destacando que en el mismísimo decreto de expropiación se consigna que la obra iba a afectar “el inmueble de propiedad del señor Nelson Algarbe”. Respecto a esto, el abogado remarcó que su cliente cuenta con una nota de 2010, mediante la cual el Ministerio de Hacienda lo autorizaba a inscribir el terreno a su nombre, ya que el mismo se encontraba en medio de un proceso judicial de posesión veinteñal. 

“No obstante eso, nunca le notificaron de los edictos, no lo citaron al juicio, no le notificaron la demanda y, como dije, Fiscalía de Estado se presenta a formular esta demanda con un carta poder, ya que el fiscal se excusó”, dijo Miranda, quien planea llevar la causa al Superior Tribunal de Justicia de la Nación. 

Además, el Gobierno nunca le pagó a Algarbe por el terreno expropiado, aunque, informalmente, el fiscal de Estado le manifestó al propietario que había $39.000 depositados “para cuando él quiera retirarlos”, consignó Miranda, asegurando que el terreno estaba tasado en alrededor de un millón de pesos. 

“Ellos saben que gozan de absoluta impunidad y si no mire el comportamiento del juez Ruta. No es extraño que el juez Ruta defienda los intereses del Gobierno. Tampoco es extraño que haya llevado cabo un proceso fraudulento. No puede ser que desde el Gobierno hagan eso, pero lo hacen porque gozan de absoluta impunidad y saben que no a haber un juez que vaya a investigar una causa contra el Gobierno y mucho menos condenarlo por un delito que hayan cometido desde la función público. Este es el fondo de las cosas y hay que decirlo. 

En cuanto al estado actual de la causa, Miranda y Algarbe están esperando que la jueza dicte sus primeras medidas, dándole participación a la Cámara de Diputados para un eventual jury de enjuiciamiento a Ruta; y pidiendo que se le de intervención al procurador General para que se expida sobre las actuaciones del ya mencionado magistrado y del fiscal de Estado.