El jefe del Distrito San Juan de Vialidad Nacional, Rubén Lomas, fue denunciado penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para el diputado de Actuar Juan Sansó, autor del planteo, es responsable como autoridad del organismo por no haber completado ni controlado que se terminen las obras de alambrado de las rutas en jurisdicción de la provincia. El detonante fue el accidente que le terminó costando la vida a 3 integrantes de la familia Aguilar, luego de que el vehículo en el que viajaban chocara con un caballo.

Según la presentación legal, que fue hecha ante el Juzgado Federal Nro. 2, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, el legislador considera que Lomas, como máxima autoridad en la provincia de Vialidad Nacional, debió controlar que los propietarios de las tierras construyeran los alambrados o, como alternativa, hacer los trabajos el propio organismo, que contaba con los recursos suficientes. 

La falta de cierres en los caminos ha sido causante de gran cantidad de accidentes por animales, como caballos, vacas o cabras, que entorpecen el tránsito vehicular. Un ejemplo fue el que ocurrió en la Ruta 141, a la altura de la localidad caucetera de Bermejo, en el que fallecieron 3 miembros de una familia por un equino suelto (ver aparte).

Sobre el tema, Lomas dijo que no tenía conocimiento de los detalles de la denuncia y que la respuesta la iba a dar a través del área legal del organismo.

El argumento, con el patrocinio legal del abogado Mariano Domínguez, es que la Ley Nacional de Tránsito, que lleva el número 24.449, y su decreto reglamentario, número 779, señala en el artículo 25 que la autoridad de aplicación de la norma es la de la provincia y que corresponde que el ente vial tenga competencia en la materia, como es la colocación de alambrados y su conservación. Tomándose de esta legislación, Sansó sostiene que “en el caso del accidente mencionado el ente de aplicación es Vialidad Nacional”. Y el responsable del organismo es Lomas, por lo que lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 249 del Código Penal. El citado artículo no contempla pena de prisión sino una multa que va de 750 a 2.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, para el funcionario público que “ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.

“Nuestra intención con la presente denuncia y la investigación subsecuente es que sirva para prevenir futuros accidentes viales por causas semejantes, al menos en el ámbito de la provincia”, dijo Sansó.

Según un informe publicado por DIARIO DE CUYO, en las rutas 141 y la 20, hay reiterados siniestros viales por lo que entraron el año pasado en un paquete de obras de Vialidad Nacional que tiene como fin alambrarlas, para que el ganado no ingrese al asfalto. Pero a 8 meses de la licitación, apenas se ha preadjudicado el 24,9 por ciento del total de ambas, que corresponde a un tramo de 62,8 km de la 141, que se empezaría a construir en octubre y estaría listo en abril de 2015, con un presupuesto oficial de 8.399.200 pesos.

El resto de las obras, o sea 59 km de la 141 y los 132,1 km de la 20, en cambio, tuvieron inconvenientes en el proceso licitatorio y en Vialidad Nacional no saben cuándo se avanzará para poder ejecutarlas.