El ministro de Salud Jorge Lemus denunció ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi desvíos y falta de control cometidos por su antecesor, el actual gobernador de Tucumán Juan Manzur, con un crédito por U$S 287 millones del BID del plan "Remediar más Redes" que estaba destinado a fortalecer la atención primaria en las provincias. El objetivo del plan Remediar era “desallorar un modelo de prevención y tratamiento de enfermedas crónicas” en las provincias. Lemus es un médico sanitarista y académico que antes se desempeñó como ministro de Salud porteño.

Lemus se basó en un duro informe de la AGN que señala, por ejemplo, sobreprecios en la compra de medicamentos y en la distribución inequitativa de los botiquines de los centros de atención primaria. El informe fue elaborado en la época en que Leandro Despouy aún era titular de ese organismo de control. 

El fiscal federal Franco Picardi requirió abrir la investigación ante la denuncia de Lemus  y el juez Martínez De Giorgi ordenó avanzar con la causa. La semana pasada, el ministerio de Salud le mandó los antecedentes del caso para buscar irregularidades u otros delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El informe arranca advirtiendo que “existen inconsistencias en la información referida a las compras de medicamentos”. Precisa que existen por ejemplo una diferencia del 18 por ciento entre los importes pagados a los laboratorios según el sistema de ejecucion de planes de adquisiones (SEPA) y los informes brindados a la AGN. Esas diferencias también se registran en los pagos hechos en dólares a los laboratorios y lo informado. Además, el programa no se adaptó al Vademécum elaborado por el plan Remediar.

En declaraciones a Clarín, la diputada de Confianza Pública y ex ministra de Salud (2007-2009), Graciela Ocaña, aclaró que “durante mi gestión se compraron medicamentos nacionales sin financiamiento del BID porque había que renovar el crédito”. “Cuando yo llegué el plan Remediar tenía miles de medicamentos vencidos y una denuncia sobre una partida comprada a Perú a un laboratorio sin antecedentes”, agregó.

La denuncia de Lemus se basa en un informe de la AGN que va desde el año 2009 al 2013 que concluyó que el plan tuvo, desde el punto de vista sanitario, “un diagnóstico insuficiente”.

En las conclusiones, el informe señala que “las deficiencias observadas en la planificación y control del programa generaron un sistema de control interno débil, basado en mecanismos de registracioens superadas”.

“Los reiterados ajustes y debilidades normativas conllevaron una asignación de recursos poco eficiente, tanto económicos, como humanos y temporales, lo cual trajo como consecuencia una demora en la ejecución y el limitado cumplimiento de los obetivos planteados por el programa”, agregan las conclusiones.

Pero fundamentalmente, subrayan que “el circuito de compra y distribución de medicamentos que se implementa desde el año 2002, sigue evidenciado falencias en el control y la gestión”.

Más adelante, se analizó la distribución de botiquines y observó que provincias con mucha población recibieron menos que “Tucumán, que representa el 3,7 por ciento del total de personas con cobertura pública exclusiva a nivel país, recibió entre el 7,9 y 8,2 por ciento”.