Desde Lealtad Popular, su presidente Atilio Velázquez, denunció el desvío de fondos públicos a través del sistema Interbanking, mediante el cual se evitan los controles que dispone la ley a través del Sistema de Administración Financiera y de Control (Safyc).

«En diciembre de 2014 surgen indicios de malversación de los elefantes (funcionarios superiores) de $5.497 millones en movimientos de fondos sin el respaldo de la documentación que establece el Safyc y la Orden de Pago correspondiente», señaló Velázquez en un documento donde remarca las dependencias que considera como «zona liberada», por la falta de control en el control de fondos, muchas veces de origen nacional, destinadas a obras o a programas de los que asevera se desconoce el estado de ejecución o de avance.

Para este instrumento -Interbanking- están autorizados seis empleados y funcionarios de la Tesorería General. Es suficiente el acuerdo de dos para disponer los recursos. Velázquez se refiere a la denuncia publicada por LA VOZ DEL CHACO sobre el «robo hormiga», información que quiso ser desmentida cuando estaba a cargo del Ejecutivo el vicegobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff.

En este sentido recordó además el documento que emitió el mismo gobernador Jorge Capitanich en la que reconoció la fuga de $500 millones que no se pueden justificar. Ante esto exigió que se investigue estos hechos y a las personas involucradas, y al tiempo que también instó a la ciudadanía a elegir en las urnas entre «democracia o corrupción».

Manejo de fondos sin control

Al inicio de su exposición, Velázquez explica que «Interbanking es una contratación concretada durante la gestión como ministro de Economía de Eduardo Aguilar. Se trata de un sistema paralelo e independiente de la Administración Financiera y contable Sistema de Administración Financiera y de Control (Safyc)». Seguidamente indicó que «Interbanking es un sistema que permite disponer de los recursos de la Tesorería General sin instrumentos respaldatorios algunos y tan sólo con utilizar los formularios de Movimiento de Ingresos y Egresos (MIE) y sin el respaldo de las normas que establece el Safyc, el instrumento que autoriza la transferencia de recursos y la Orden de Pago Correspondiente», describió quien formara parte de la Coalición del Frente Chaco Más, y entre otros cargos fue el presidente del Insssep.

«Para este instrumento, Interbanking, están autorizados seis empleados y funcionarios de la Tesorería General. Es suficiente el acuerdo de dos para disponer los recursos», aseveró.

Para respaldar sus afirmaciones recordó que «Capitanich reconoció el 27 de diciembre de 2012 en una circular interna, que la corrupción nos cuesta $500 millones por año».

Educación primera zona liberada

Asimismo, Velázquez enumeró  lo que llamó «zonas liberadas en el manejo de los fondos públicos» y en primer lugar nuevamente lo tiene el Ministerio de Educación, justamente una de las áreas en las que el gobernador ya había llamado la atención en su circular interna.

«Llama poderosamente la atención que este Ministerio disponga irregularmente sus fondos para financiar el déficit financiero del Poder Ejecutivo, en oportunidad de pagos de sueldos, por una cifra de alrededor de $100 millones mensuales que anualmente se trataría de un financiamiento de $1.200 millones», señaló el presidente de Lealtad Popular, y se preguntó: «Al tratarse de Fondos Nacionales, el Ministerio de Educación ¿puede disponer discrecionalmente los mismos? ¿Qué otros usos se dan a los fondos nacionales en Educación? ¿Quién controla estos fondos? ¿Qué otro destino se le da a estos recursos sin control?».

Seguidamente comentó que «una empleada que maneja las claves abría depositado de los fondos de educación  $250 mil en su cuenta personal».

Seguidamente y a modo de ejemplo mencionó un par de notas a la que tuvo acceso. En la primera la contadora Silvia G. Acuña y Carina Maggio, directora de Educación Técnica, solicitaron el 12/01/15 la devolución de fondos de $60 millones de la Cuenta Corriente 15861/05 Meccyt-Inet Plan Mejoras del Nuevo Banco del Chaco SA sucursal Resistencia, que fueron transferidos por MIE a la cuenta de la Tesorería General del Chaco.

En la segunda, César Lemos -subsecretario de Infraestructura Escolar- solicitó el reintegro de $40 millones a la cuenta corriente 15815-01 «Meccyt-Componente equipamiento pacto federal educativo» del Nuevo Banco del Chaco SA, ya que el 07/01/2015 este monto fue transferido por MIE con carácter transitorio a la cuenta de la Tesorería General 14458/04.

«Zona liberada»

Dirección de Bosques

El segundo lugar en el ranking de las zonas liberadas para Velázquez se encuentra la Dirección de Bosques de Sáenz Peña. «Llama la atención que haya organismos que carecen totalmente de control y cuyos manejos de recursos son absolutamente al margen del Safyc sus ingresos por recaudación ordinaria, cuentas especiales de fondos nacionales y fondos que tienen destino específico como la expropiación de la Estancia La Fidelidad se manejan en forma discrecional e irregular», aseveró. Por lo que retóricamente volvió a preguntarse: «¿Quién controla la disposición de los recursos de la Dirección de Bosques?», y reiteró: «Este organismo tiene un manejo financiero fuera de todo control».

También recordó que la denuncia de una legisladora por el manejo arbitrario de $12 millones de aportes no reintegrables. A lo que debe agregarse la incapacidad manifiesta en el desastre ecológico que sufre el Chaco en sus bosques y cuyas denuncias tomamos conocimiento de El saqueo de algarrobos en Nueva Pompeya, amplia tala en Fuerte Esperanza; la presencia de camiones con rollos de algarrobos en Comandancia Frías, entre otros documentos denuncias.

CrEditos y Puerto de Barranqueras

Para Atilio la tercera zona liberada es el financiamiento a por lo menos 300 empresas. «Claramente para eludir la obligatoriedad de endeudarse con autorización previa y sanción de la ley correspondiente, otorgan a los acreedores, créditos del Banco del Chaco, firman un convenio con el acreedor donde el Poder Ejecutivo se compromete a pagar mensualmente la cuota correspondiente de capital e intereses que fija la entidad financiera, para de esta manera cancelar sus deudas. Se trataría nada más y nada menos que a un conjunto de empresas de aproximadamente 300. Es una manera de ocultar la verdadera situación financiera de la gestión», describió el presidente de Lealtad Popular.

Seguidamente mencionó como otro agujero negro de la administración al Puerto de Barranqueras. Al respecto destacó que «se trata de un emblema del Desarrollo del Chaco. Fondos Nacionales por $20 millones se recibieron para dragar el Puerto de Barranqueras»», afirmó y cuestionó: «¿En qué cuenta se depositó? ¿Se realizó la obra de dragado? ¿Se realizó la licitación correspondiente o cómo se adjudicó la obra del dragado? ¿A qué empresa se adjudicó el dragado? ¿Están pagados los certificados de obras?».

Acueducto-

Zona Liberada 5

En su detalle de irregularidades entró además la obra del acueducto como la zona liberada 5. «El Banco Nacional de Desarrollo (BND) y Comercio Exterior de Brasil financia las obras del Segundo Acueducto del Chaco, con tal motivo habría esta entidad internacional otorgado un crédito de U$S250 millones», resaltó. «¿Los fondos ingresaron al Chaco? ¿En qué cuenta específica se depositaron estos fondos? ¿Con qué fondos se están pagando las obras del acueducto?», fueron las preguntas que hasta el momento esperan respuestas.

Al tiempo que aseguró que existen más zonas liberadas, como Lealtad Popular demandó una investigación de los puntos aquí denunciados.  

¡Asi, No!

En otro punto, Velázquez demandó «investigación inmediata de la situación interna de la Tesorería General; sumario administrativo a la totalidad de los empleados con responsabilidad en el manejo de las claves para disponer los recursos; dejar sin efecto la totalidad de ascensos, subrogancias, bonificaciones, etcétera con la que se conformó el grupo afín para llevar adelante las irregularidades y en perjuicio del personal que no está involucrado; que el gobernador explique las irregularidades que involucra a los funcionarios de los diversos ministerios por la carencia de respaldo documental por $5.497 millones y ajustados a las normas del Safyc».

Así también reclamó que «se denuncien a los funcionarios ante la Justicia ordinaria, fiscal de Estado y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para determinar los alcances de tamaña irregularidad y la aplicación de las leyes penal - administrativas a los responsables».

recursos y gestión

Por otra parte recordó también que «se ha destacado en forma pomposa que el Chaco recibió sin obligación de Contrapartida-devolución una cifra cercana a $38 mil millones en obras Públicas, $13 millones diarios, y en el 2015 tenemos un Presupuesto aprobado de más de $28 mil millones, $76 millones diarios para gastar. Que saque el pueblo del Chaco sus conclusiones sobre lo que está ocurriendo en la administración financiera del gobierno del Chaco»,.

También aseguró que «así el Chaco no tiene destino», por lo cual atento a que se trata de un año electoral invitó a votar por la democracia contra la corrupción. «Este modelo cumplirá en diciembre próximo 20 años. Merecemos otro destino. Que el Chaco sea reconocidos por nuestros recursos naturales y humanos y no por la fotografía de un niño muerto por desnutrición», finalizó.

El informe interno del Gobernador que reconoció la corrupción

El informe de diagnóstico que el propio gobernador Jorge Capitanich elaboró 27 de diciembre de 2013 para ser presentado a sus funcionarios, salió a la luz y reveló ya en ese momento una situación lapidaria sobre el funcionamiento de ministerios, organismos autárquicos, secretarías y subsecretarías del Poder Ejecutivo, y a los presidentes y vocales de organismos autárquicos y descentralizados.

En el documento, la que más pronunciada es sobre el Ministerio de Educación, durante la gestión del exministro Francisco Romero. En cuanto a la situación, recuerda Capitanich que «en el sistema educativo pedí eficiencia a directores regionales, control de ausentismo, regularización de porteros, externalización de servicios. Nunca obtuve respuesta», y reconoce que «la ineficiencia y corrupción nos cuenta $500 millones por ejercicio fiscal», y allí estalló la polémica. Toda una serie de denuncias de legisladores se sucedieron ante la Fiscalía de Investigación Administrativa e incluso en la fiscalías penales, sin que hasta el momento nada esto haya tenido respuestas o resultados.

Por otra parte, otro de los apartados más resonantes del informe se desprende una afirmación lapidaria sobre los indicadores de gestión, a los cuáles los calificó como «decididamente malos». Y aquí un confesión personal sobre su gestión y la de sus funcionarios: «El denominador común es: falta de gestión.

No hay vocación, no hay calidad de gestión. Hay un equipo de funcionarios amigos incompetentes. No ejecutan instrucciones. Pretenden hacer cosas que no funcionan».

«Nuestro logros son parciales. Marco lógico, Sigob, Safyc, con aplicaciones parciales no integradas, función de producción inconclusa. Indicadores de impacto, producto y resultados elaborados pero con problemas de sistematización en el control. Empresas públicas sin balances actualizados. No existe un sistema integrado de gestión. Fracaso sobre títulos de propiedad», ya lo había reconocido el gobernador.