El manejo del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén para hacer negocios e impulsar agendas políticas a esta altura es una realidad que no sorprende a nadie: desde su misma creación el puerto ha sido catalogado como "sucio" por la cantidad de manejos turbios que suelen registrarse en su jurisdicción, algo que además ha acompañado diferentes candidaturas de presidentes del consorcio a la intendencia de Necochea, con Arturo Rojas como fiel exponente de esa situación
Ganando el sillón de Murga a fuerza de inyectar una impresionante cantidad de recursos del Estado a su campaña política, Rojas actualmente ocupa el cargo de intendente de la ciudad tras haber conseguido una victoria histórica sobre su predecesor, Facundo López, que iba por la reelección. El intendente Rojas lideró una fuerte campaña de desprestigio contra López con acusaciones falaces y toda clase de argucias que hoy podrían volverse en su contra.
Es que aunque no tuvo mayor repercusión en la ciudad, este fin de semana el actual presidente del Consorcio de Puerto Quequén, Jorge "Pampa" Álvaro, concedió una entrevista radial en la que lanzó fuertes acusaciones por el manejo de los fondos de la terminal portuaria durante la presidencia de Rojas y expresó su deseo de que se inicie una causa en la Justicia. Las denuncias públicas de Álvaro podrían desencadenar una verdadera tormenta política teniendo en cuenta que buena parte de la gestión del intendente surge del conglomerado portuario que participó de la campaña y hoy es gobierno.
En conversaciones con el periodista Diego Quintana en su programa radial El Abanico (sábados de 10 a 12:30 hs en FM Ciudad), Álvaro se refirió al contrato de fideicomiso para la profundización de Puerto Quequén, que estableció que el el Consorcio debiera devolver créditos con tasas de interés muy por encima de las tasas frecuentes para estas situaciones, poniendo a la institución en una situación de precariedad para los próximos años.
"Con el objetivo de profundizar el puerto se tomaron créditos con el Banco Macro y el Banco BICE con una tasa de interés del 15% anual en dólares. Y el Banco Nación, hasta hace un año y medio y pico, cuando vos empezaste, para esos créditos cobra el 8% ¿Por qué no se tomó entonces en la administración anterior al 8 y no al 15?", preguntó el periodista Diego Quintana. "Hay que preguntarle a los que estaban acá", respondió Álvaro en referencia a la gestión en el puerto del actual intendente de Necochea, Arturo Rojas.
La respuesta desencadenó una serie de graves señalamientos que eventualmente debieran ser investigados por la Justicia. "Preguntenlé a él: La respuesta que te van a dar es que "no éramos sujetos de crédito" y yo lo que digo es que esto hay que ventilarlo públicamente porque es un horror y podría hablar por horas del contrato de fideicomiso, porque no es sólo la tasa, nosotros estamos agarrados por todos los rincones y somos cautivos de eso hasta dentro de 5 años", soltó.
No ser sujetos de crédito significaría que "nuestros balances no mostraban que podíamos amortizar ese crédito", es decir, por alguna razón los bancos no consideraban que una institución como el Puerto iba a poder devolver el dinero, por lo que impusieron una tasa de interés exorbitante (15%). Alvaro definió el contrato como "leonino".
Para graficar el "horror" del préstamo tomado, Álvaro contó que el presidente actual de uno de los bancos prestamistas (BICE), José Ignacio de Mendiguren, le dijo personalmente que el banco podría prestarle a una tasa del 6,75% anual. Enterado del 15% de interés para el fideicomiso, Álvaro sostuvo que De Mendiguren le dijo "te están robando". "Y sí, me da una impotencia escandalosa porque es más o menos como lo del FMI, ¿no?", señaló.
"Lo que se paga mensual y anualmente al fideicomiso se lleva el 70% de la recaudación del puerto. Y lo que a mí me dicen con una sonrisa cuando pregunto a alguno de los actores protagónicos de ese contrato es 'y... no éramos sujetos de crédito'", se lamentó Álvaro, quien no se explica cómo una entidad como el Puerto podía no ser considerada sujeto de crédito.
"Esto se ha hecho de espaldas a la sociedad, se ha hecho de espaldas a muchos y yo creo que también a este puerto desde los centros de poder nunca se le dio una mirada para ver qué está pasando y así transcurrieron las cosas", explicó.
7 millones de dólares perdidos
Con acceso a las cuentas del Consorcio, Álvaro ha pasado su tiempo de gestión revisando en profundidad el contrato del fideicomiso de profundización del puerto. El impulso de su investigación no sólo se sostiene en el apoyo incondicional que ha recibido del gobernador Axel Kicillof (aún ante algunas andanadas de Rojas y aliados de múltiples sectores dentro del peronismo local), sino que además se da en el marco en el que las contrataciones para el mantenimiento de vías navegables, como en el caso de la Hidrovía, están bajo la lupa de la Justicia, provocando profunda preocupación entre los aliados del intendente.
"Cuando empezó el contrado de Terminal Quequén se adelantaron 7 millones de dólares de cánon y ¿dónde está esa plata? ¿Dónde se fue? Si obras no se hicieron... Está bien, hubo campañas electorales que se llevaron plata y esto lo puedo demostrar, pero tampoco tanta en este volumen", lanzó. "Ahí nos encontramos con una maraña", sostuvo.
Particularmente gastos computados para la contratación de las luces de colores para algunos silos que fueron instalados durante el 2019 habrían sido usados para pagar a medios de comunicación que operaron sin reparos para desprestigiar al ex intendente López y que pronto podrían ver la luz pública, conformando otro de los puntos de las declaraciones de Álvaro que provocan fuerte nerviosismo entre los funcionarios del intendente.
Álvaro considera que ha sido "demasiado recatado" al no ventilar estas cuestiones a mayor volumen en la ciudad y destacó que considera que ese faltante de 7 millones de dólares como las tasas del fideicomiso u otros arreglos en concesiones ameritan una investigación en la Justicia.
"Es para pegarse un tiro"
A pesar de contar con las pruebas, Álvaro expresó algunas dudas con respecto al rol que podría cumplir la Justicia en esta situación. Sobre una eventual investigación, señaló "¿Y quién la va a hacer? ¿Y cómo va ir a la Justicia? ¿Cuánto tiempo lleva la causa de Sitio 0, de "fulano" por cohecho? ¿Cuánto lleva? Tenemos las actas del consorcio secuestradas por el Juzgado Federal. ¿Cuánto tiempo lleva esa causa? ¿Cuánto tiempo lleva la causa de Pierdoce? Que la verdad ni se porque... yo no vine a eso de ser detective, ni sé cuáles son los componentes ni quiénes son los involucrados en esa causa".
"Lo que sí puedo describir, igual que hablaba recién, que puedo agarrar el mapa del puerto y ver qué superficie le dieron a esa empresa y qué dice el contrato... y es para pegarse un tiro", indicó.
"Ahora, ¿por qué se hizo? La respuesta sale sola, pero demostrarlo judicialmente es otra cosa. Los necochenses conocen a todos los jugadores. Acá no hay que hacer ni nombres porque no hay que caer en esa. A mí no me gusta la pelea mediática pero también es hora de que deje de callarme la boca porque si no parece que avalo todo", resaltó el presidente del CGPQ.
Álvaro propuso un debate: "Hasta qué momento puede intervenir la sociedad en esto, porque acá hablamos de leyes, todo esto está arreglado por ley, entonces no pensemos que esto se va a solucionar con una gran asamblea popular y cambio de reglas de juego, estas son leyes nacionales y provinciales y hay que caminar por ahí".
"No sé incluso si legalmente es posible hacerlo pero somos un ente público no estatal, pero somos un ente público. Entonces yo puedo debatir de cara a la sociedad los contenidos de estos contratos que estamos hablando, no sé si lo puedo hacer, pero ese es un punto, que el análisis no sea solo mío y de mi entorno, que el análisis sea público y después, si no hay condena judicial, digamos, porque no hay manera de abrir causas, que haya por lo menos condena social u opinión social porque a lo mejor hay gente que los justifica y los defiende".
Actualmente la gestión de Arturo Rojas es sostenida casi enteramente por una alianza con cierta facción del sector portuario representados por la CAPROQ (Cámara de Profesionales de Puerto Quequén), cuya comisión directiva cuenta con varios funcionarios de la gestión municipal y hasta un concejal de Nueva Necochea entre sus filas. Las revelaciones de Álvaro debieran desembocar en una investigación judicial que preocupa bastante a la "mesa chica" de toma de decisiones tanto en el área de prensa y Legal y Técnica (dos áreas que en la gestión Rojas funcionan al unísono) como entre los aliados miembros de la cámara de profesionales que lo acompañan y algunos concesionarios portuarios beneficiados además con contratos con la Comuna.
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