Maximiliano Nicolás Guerra, Patricio Orellana, Camilo Apaza, María Angélica Núñez, Juan Manuel Bevacqua y Ricardo Franco integran la lista de las 27 personas que fueron despedidas de la Caja Popular de Ahorros en los últimos meses por la administración de Armando "Cacho" Cortalezzi. La mayoría de estos jóvenes, que aseguran ser "víctimas de una persecución" debido a sus vínculos con la Asociación Bancaria (AB), con la que el funcionario mantiene un duro enfrentamiento, comenzó a trabajar en la entidad hace más de una década, como niños cantores. Con el objetivo de dar a conocer su situación "para ver si alguien en la Justicia se decide a actuar para frenar estos atropellos", los trabajadores despedidos visitaron la redacción de EL SIGLO.

"Además de la antigüedad, en promedio, de entre 10 y 14 años, como empleados de la institución, lo que todos los compañeros despedidos tenemos en común es que somos activos participantes de las actividades que realiza la AB como gremio de los trabajadores de la Caja, lo que demuestra claramente que hoy no tenemos empleo debido a una persecución contra quienes formamos parte del sindicato", expuso Núñez.

Los empleados cesanteados explicaron que "las persecuciones comenzaron a mediados de 2012, cuando el Gobierno intentó expropiar el Club Caja para destinárselo definitivamente a los hijos del poder y los trabajadores nos opusimos, presentando una lista para que sea normalizado y siga en manos de sus verdaderos dueños. Nos empezaron a hacer un seguimiento policías del D2 y luego de que ganamos la elección legalmente asumió Cortalezzi y comenzaron los castigos contra la nueva Comisión directiva del Club", relató Apaza, quien dijo que como secretario del Club "me quitaron las horas extra y me enviaron a la sucursal de Burruyacu".

En tanto, la abogada Núñez afirmó que "por ser la representante legal de la Comisión Directiva del Club, lo primero que me hicieron fue recortarme las horas extra, y en febrero me llegó el telegrama de despido". Agregaron que después se generalizaron las persecuciones a los trabajadores identificados con el gremio y empezaron los despidos. "Casi todos los castigados comenzamos trabajando como bolilleros del sorteo o niños cantores desde hace 14 años, pasando por toda la carrera administrativa durante ese tiempo y con renovación automática de los contrato, hasta que llegó Cortalezzi", se lamentó Guerra.

Graves denuncias

Por su parte, Franco aseguró que, hasta antes de ser echados, padecieron "persecuciones diarias, con rotaciones internas de todos los que participábamos activamente de las actividades del gremio. A mí me mandaron a la Cocha, lo que implica cinco horas de viaje diarias, pese a tener un hijo recién nacido, lo que demuestra el grado de persecución que se ejerció contra el personal vinculado a la Bancaria", graficó.

Los jóvenes señalaron a este diario que personal policial de civil los seguía "hasta el baño y en algunos casos hasta afuera del trabajo, hasta llegar a los domicilios particulares, mientras que para amedrentar a las trabajadoras contrataron a mecheras que simulan ser clientes de la Caja y lo único que hacen es provocar y amenazar".

"Estas persecuciones del D2 comenzaron a fines del año pasado. Una vez nos pararon dos policías de civil y nos dijeron que éramos sospechosos por ser parte de la Bancaria, ante lo que presentamos un recurso de habeas corpus para resguardar nuestra integridad", denunció Franco.

Núñez reconoció que para los despedidos "esto fue algo inesperado, porque con ningún otro interventor se vivió una situación como esta. Todos tenemos familia, hijos y una carga de hogar que hoy no podemos cumplir porque nos echaron y nos dejaron en la calle. Una de las compañeras había sido madre hacía dos días e igual la echaron", dijo.

Por otro lado, Apaza aseguró que "los legajos de todos los trabajadores despedidos son intachables, no tienen sumarios y la mayoría ni siquiera tiene inasistencias injustificadas. Nos obligaron a trabajar en otras sucursales y seguimos trabajando igual, hasta que nos echaron. Trataron de desgastarnos para que renunciemos y como no lo hicimos, cuando llegó el vencimiento de los contratos no nos renovaron y nos dejaron sin empleo", expresó.

Resumieron la situación que se vive en la Caja Popular como "un clima de persecución, amedrentamiento y acoso permanente".

"A todos los que nos mandaron los telegramas nos invitaron para ir al hotel Plaza Alberdi, que es de propiedad de Cortalezzi, diciéndonos que la única manera que teníamos para salvarnos era reunirnos ahí con él para arreglar. Nos opusimos porque como condición había que renunciar al gremio, renunciar al Club Caja y asegurar que no íbamos a participar de ningún tipo de actividad organizada por el sindicato", explicó Franco, quien junto a Guerra y Orellana son tres de los chicos que fueron “golpeados brutalmente por una patota oficialista mientras repartíamos volantes frente a Casa de Gobierno”, recordaron.

Núñez informó que "se iniciaron acciones legales contra la Caja Popular por estos despidos con la intención de revertir la situación. Lamentablemente, la Intervención no nos quiere facilitar los legajos que nos piden nuestros abogados para darle curso a la acción judicial, por lo que a través de este medio queremos denunciarlo", acotó.

Los bancarios desmintieron a Cortalezzi, quien había asegurado que no renovó los contratos de estos 27 trabajadores debido a que los gerentes les señalaron que eran prescindibles y que no desempeñaban correctamente sus funciones. "Nunca se realizaron tales informes, los gerentes jamás sugirieron eso. Los únicos que tomaron esta medida son Cortalezzi y sus secuaces Luis Gómez Salas y Ricardo Roldán, que tienen varios sumarios y se dedican a sacar fotos y a filmar a los manifestantes y a realizar listas negras", denunciaron. Finalmente, aseguraron que "Cortalezzi está nombrando gente en la Caja que cobra el sueldo equiparado al nivel 1 (gerente general) con sueldos de 40 mil pesos".