Familiares y compañeros de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los jóvenes militantes asesinados el 26 de junio de 2002, acusaron ayer al juez Ariel Lijo de "cajonear" la causa que investiga las responsabilidades políticas de la llamada "Masacre de Avellaneda".
A través de un comunicado, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) denunció que "desde 2002 estuvo cajoneada" la causa en la que se investiga al ex presidente Eduardo Duhalde, al ex gobernador y actual diputado Felipe Solá y al operador massista Juan José Álvarez.
Los compañeros de los militantes asesinados en Puente Pueyrredón en el marco de una protesta social denunciaron que Lijo "ni siquiera respondió a informes solicitados por la fiscalía, sobre el cruce de llamadas entre los funcionarios duhaldistas y las autoridades policiales".
Y compararon "la lentitud y luego inacción en la causa" con la "celeridad" del magistrado a la hora de condenar a los referentes sociales y de expulsar a dirigentes campesinos paraguayos en 2006.
La causa se inició el 1 de julio de 2002 impulsada por Mabel –mamá de Maxi–. También menciona como presuntos autores intelectuales a Carlos Ruckauf, Alfredo Atanasof, Aníbal Fernández, Carlos Soria, Oscar Rodríguez, Jorge Matzkin y Luis Genoud, funcionario de Seguridad provincial en ese entonces y ahora miembro de la Corte bonaerense. «
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