El radical anunció que está terminando de elaborar la presentación que llevará a la Justicia Federal -por el origen nacional de los recursos en cuestión- para que se investigue la transferencia ordenada por decreto N° 2.539/3 (SH), dictado por el ex mandatario dos meses y medio antes de terminar su gestión.

Según Aráoz, los $ 60 millones fueron asignados a la Corte para distintas obras de reforma edilicia del Poder Judicial de la Provincia, como la ampliación de la sede penal de Tribunales de avenida Sarmiento al 400. Sin embargo, afirmó el radical, ese dinero había sido remitido al Tesoro provincial por la Nación en el marco del plan “Fondo Federal Solidario”, lanzado en 2009 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y refrendado por ley provincial N° 8.174.

“Los recursos de este programa tienen una imputación específica (consignada en un DNU firmado por la ex Presidenta). El dinero sólo puede estar destinado a mejoras referidas a infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial. Además, existe la expresa prohibición de la derivación de los fondos hacia otras finalidades”, explicó Aráoz, ex presidente del Colegio de Abogados. Consideró que, en principio, se habría producido “una desviación indebida” de fondos nacionales, por parte de la Provincia, al Poder Judicial. “También estamos ante una inacción del Tribunal de Cuentas (TC), que debería haber observado este decreto provincial de transferencia del Fondo Federal Solidario, como así también la ejecución de ese dinero”, consignó el legislador radical.

Aráoz detalló que el decreto N° 2.539/3 de 2015 tomó los $ 60 millones del Fondo Federal Solidario como fuente de financiamiento y los desdobló en dos. “De ese total, $ 30 millones fueron asignados a ‘infraestructura judicial y fondo de biblioteca’, y los restantes $ 30 millones para la ampliación y remodelación del fuero penal, en una primera etapa”, destacó el opositor. Marcó que el instrumento del PE dispuso el pago de ese monto en seis cuotas consecutivas de $ 10 millones, entre julio y diciembre de 2015. Según Aráoz, esto implica que habilitaron el envío de recursos para un mes antes de la firma del decreto. “Será importante que la Justicia Federal determine si hubo violación a la normativa vigente, incumplimiento de los deberes del funcionario público, malversación o lo que pudiera surgir. Pero no podemos dejar pasar esto por alto, porque Tucumán recibió $ 720 millones en 2015 (por este programa federal) y es importante que la población pueda conocer cómo se ha gastado el Fondo Federal”, afirmó. Por ello, adelantó que enviará un pedido de informes desde la Legislatura al Poder Ejecutivo para que se envíe la documentación respaldatoria.

La obra denominada “Edificio Tribunales II y Anexo, primera etapa” fue adjudicada por licitación a TEGA, una unión transitoria entre las empresas Tensolite y GAMA. El proyecto, según el acuerdo N° 926/2015 del Tribunal de Cuentas, contaba con un monto de $ 50,4 millones (más IVA). En ese documento, los contadores fiscales consignaron que la imputación presupuestaria de la obra “cuenta con saldo disponible a la fecha (...) para el ejercicio 2015 y los montos a asignarse a los presupuestos futuros”.

En la Gestión “K”.- En marzo de 2009, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el DNU que dispuso la creación del Fondo Federal Solidario. “(Tendrá el fin de) financiar en provincias y municipios obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas para el financiamiento de gastos corrientes”, indica el documento.

Réplicas en la Provincia.- Para aplicar el convenio en Tucumán, el 23 de marzo de 2009 (pocos días después que Cristina), el entonces gobernador José Alperovich dictó el decreto N° 14/3 (ME), que adhirió a la disposición presidencial. Casi de inmediato también firmó el decreto 717/3 (ME), que reglamentó el funcionamiento del plan.

En la Legislatura.- El 4 de abril de 2009, la anterior conformación del cuerpo legislativo aprobó la adhesión al decreto presidencial de creación del Fondo Federal Solidario, al que señala entre paréntesis como “Fondo de la Soja - Fondo Sojero”. La norma quedó registrada bajo el número 8.174. Con posterioridad se aprobaron nuevas leyes referidas al convenio del Fondo Federal Solidario (llevan los números 8.326, 8.327 y 8.487).