Asociaciones ambientalistas y vecinos de Malvinas Argentinas y de barrio Ituzaingó denunciaron que la Fiscalía General de la Provincia impuso a los fiscales de Instrucción y de Cámara la participación en un curso de “adoctrinamiento” o “encuadramiento” sobre uso de agroquímicos, cuyo objetivo, afirman, es “marcar una determinada línea de investigación penal” sobre el impacto de estas sustancias en la población.

El curso se denomina “Jornadas Interdisciplinarias referente al Régimen de Agroquímicos en la Provincia de Córdoba”, y es organizado por el Ministerio de Agricultura de la Provincia y el Colegio de Ingenieros Agrónomos, junto a la Fiscalía General y el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, espacio académico del Tribunal Superior de Justicia. La Fiscalía General depende del Poder Ejecutivo, por lo que los ambientalistas consideran que el Gobierno provincial pretende direccionar la posición del Ministerio Público sobre agroquímicos.

El curso se realizará mañana durante todo el día en el Campo Santa Julia de la Universidad Católica de Córdoba, sobre la Ruta 19, paradójicamente colindante al predio en donde la multinacional Monsanto quiere instalar una nueva planta, construcción resistida por los vecinos y que fue suspendida por la Justicia.

El 21 de mayo pasado, la fiscal General a cargo, María Marta Cáceres de Bolatti, envió un memo a los fiscales convocándolos al curso el 1 de marzo, con pedido de no programar audiencias para ese día. “En el supuesto de que justificadamente no pudiera asistir, se solicita tenga a bien designar un funcionario a cargo”, señala el instructivo, que no fue publicado en el sitio Web de la Fiscalía. El médico Medardo Ávila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, aseguró que el curso es de asistencia obligatoria y que el Ministerio de Agricultura puso colectivos a disposición de los funcionarios para facilitar su llegada el predio.

Las objeciones de los ambientalistas son varias. En primer lugar, la temática de la jornada ronda sobre la Ley Provincial de Productos Químicos y Biológicos Nº 9164, pero excluye a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051, cuya aplicación permitió condenar el año pasado a un productor y un fumigador en el juicio por la contaminación en barrio Ituzaingó.

En diálogo con LA MAÑANA, Ávila Vázquez aseguró que el gobierno y el Colegio de Agrónomos pretenden que en el futuro los fiscales apliquen la ley cordobesa sobre agroquímicos, más benévola que la nacional. “Hay cinco ingenieros agrónomos procesados e imputados” por la contaminación en Ituzaingó, por aplicación de la ley nacional 24051, resaltó. «Y no quieren que eso se repita», dijo.

Los representantes de Asamblea Malvinas, Lucha por la Vida, Madres de Ituzaingó Anexo, Red de Médicos de Pueblos Fumigados y Asamblea Colectiva de Organizaciones Sociales resaltaron en un comunicado de prensa que los especialistas que disertarán en el encuentro son defensores del uso de agroquímicos en la producción agraria y que sistemáticamente han negado las consecuencias médicas que estas sustancias pueden ocasionar en las poblaciones afectadas. “Se ha invitado como ‘capacitadores’ a profesionales que han explicitado públicamente su adhesión y compromiso con tales formas de producir y que pertenecen a organizaciones directamente integradas por productores agropecuarios, como Aacrea” (que reúne a grandes productores de soja), afirmaron.

El cronograma de expositores incluye a la agrónoma Alicia Cavallo, quien en relación a la causa Ituzaingó afirmó que “si bien los plaguicidas son tóxicos, con un manejo apropiado no son suficientes para causar tantas muertes”, a Gabriel Ávila Amabile, representante de los productores sojeros, y Ricardo Weiss, de la Federación Argentina de Agrónomos.

“Nos preguntamos por qué no hay especialistas del área salud, ni ambientalistas que defienden otro modo de producción”, señaló Ávila Vázquez y reclamó que la Fiscalía y el TSJ “suspendan” la jornada tal como está programada y convoquen a “representantes de las poblaciones afectadas y a profesionales de prestigio en el estudio de las graves consecuencias que estas prácticas productivas causan en el ambiente, y en la salud y vida de las personas».

La temática de la jornada rondará sobre la Ley Provincial de Productos Químicos y Biológicos Nº 9164, pero excluye a la Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051, cuya aplicación permitió condenas en la causa por barrio Ituzaingó.

En tanto, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Malvinas Lucha por la Vida reprochó que “los mismos ingenieros agrónomos que están siendo cuestionados por la Justicia son llamados por la misma justicia para recibir ‘formación’”. “Y es por ello que nos preguntamos: ¿Qué tipo de formación van a proponer? ¿A favor de los damnificados, de la justicia de los pueblos constantemente fumigados? ¿O dicha instrucción estará a la medida de los empresarios agrícolas que con su irresponsable actividad enferman la salud de la población y contaminan de manera irreparable nuestras tierras?”, finalizó la agrupación.