La Secretaría General de la Presidencia, que dirige Karina Milei, recibió un pedido judicial en el marco de la causa por los hechos de violencia que la ex primera dama Fabiola Yañez le adjudica a Alberto Fernández. La solicitud, tal como informó LA NACION, incluye las imágenes que hayan quedado registradas por las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos, entre otras pruebas que el Gobierno ya empezó a rastrear.

Fuentes oficiales informaron que responderán a la Justicia con la mayor celeridad posible, pero que la búsqueda puede llevar algún tiempo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo esta mañana que los pedidos incluidos en los “dos oficios” que llegaron de la fiscalía federal de Ramiro González “van a ser aportados” y que las consultas “se han derivado a las áreas correspondientes”.

Los pedidos al Gobierno fueron dispuestos por el fiscal la semana pasada, cuando imputó formalmente al expresidente por los delitos de “lesiones graves, doblemente agravadas” y por ”amenazas coactivas”, por los golpes que Yáñez relató que él le propinó. En ese documento, González ordenó una batería de unas 30 medidas de prueba que incluyen tomar testimonios del exmédico presidencial Federico Saavedra, de la exsecretaria María Cantero, del exintendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez y de la amiga de la exprimera dama Sofía Pacchi.

El fiscal González pidió en su escrito los videos de los últimos dos años de las cámaras de seguridad de la quinta de Olivos, del chalet principal y de la casa de huéspedes, donde Yáñez contó que vivió el último año de gobierno, tras la separación de hecho con Fernández. También solicitó que se preservaran los registros de video de los últimos cuatro años.

Quinta presidencial de Olivosmarcos brindicci

Tal como informó LA NACION, la fiscalía pidió los videos de las cámaras de seguridad interna que cubren la zona del chalet presidencial y la casa de huéspedes, de abril, mayo, junio julio y agosto de 2021, así como también de julio de 2023. Y que se guarden los registros entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

Asimismo pidió que se le informe la nómina del personal doméstico que cumplía funciones en el chalet y en la casa de huéspedes entre 2021 y 2023 (personal de limpieza, cocina y mozos), así como también que el Gobierno indique los horarios en los que cumplían funciones, para citarlos en el futuro.

También pidió registros de ingreso, puntualmente, del médico Federico Saavedra, y de cualquier otro médico de esas Unidad entre el año 2021 y 2023. Además, le solicitó a la Unidad Médica Presidencial “todas las constancias de atención a Fabiola Yáñez desde diciembre de 2019 a diciembre de 2023″, al Sanatorio Otamendi, SANAR y a la Clínica Fertilis la historia clínica de Yáñez correspondiente a los años 2016 y 2017.

Al Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco), que encabeza Facundo Manes, le pidió también la historia clínica de Fabiola Yáñez correspondiente a los años 2016 y 2017, así como también que informe qué profesionales la atendieron.

A la Casa Militar le requirió los datos del personal que acompañó a Yañez en un viaje que realizó durante julio de 2021 a Misiones.

En esta misma lista de medidas, el fiscal le había pedido al juez Julián Ercolini que hiciera una inspección en la quinta de Olivos, pero el magistrado rechazó esa solicitud porque entendió que ahora no es necesaria, dado que los hechos que se investigan podrían reconstruirse por otras vías.