TUCUMÁN (Redacción).- El viernes se presentó en la Justicia una ampliación de la denuncia iniciada en 2012 en contra del Gobierno de José Alperovich por presuntas escuchas ilegales contra empresarios, dirigentes, jueces y periodistas.

La causa es impulsada por el peronista disidente Enrique Romero, quien el viernes aportó un listado de las presuntas víctimas del espionaje impulsado, según el demandante, por Alperovich.

La lista, según confirmó Romero a El Aconquija, incluye a los empresarios Rubén Altamiranda, Julio Colombres, José Pochat, Alberto Llaryora y Jorge Rochia Ferro.

También, siempre según la demanda, se escuchó de manera ilegal a los jueces René Goane, Arturo Brito, Rodolfo Giovanello y Carlos Novillo.

Otras presuntas víctimas son los periodistas Carlos Abrehu, Tony Arnedo, Marcelo Cortez, Tomás Luciani, Federico Van Mameren, Luis Peña, Isauro Martínez y Ariel Fernández.

Además, se habría escuchado las conversaciones de los políticos Germán Alfaro, Domingo Amaya, Stella Maris Córdoba, Esteban Jerez, Raúl Hadla, Julio Miranda, Enrique Orellana, Alejandro Sangenis, José Cano y Ricardo Falú además del propio Romero.

Finalmente, los sindicalistas Eduardo Bourle, Carlos Cisneros, Lucina Espeche, Carlos Giménez, Martín Rodríguez, Vicente Ruiz y Celso Sosa también habrían sido espiados.

Romero insistió en que las escuchas comenzaron en 2003 bajo la dirección del coronel Enrique Stel, hoy acusado de delitos de lesa humanidad.

Romero señaló que el "Operativo Escucha" fue impulsado por Jaime Salomón y el diputado (y primo del Gobernador) Isaac Blomberg, y concretado con equipo comprado a una empresa de seguridad de origen israelí cuyas siglas son SIA (Security and Intelligence Adivising), que puede interceptar hasta 50 líneas de manera simultánea.

La demanda asegura que las escuchas fueron realizadas bajo la supervisión de Stel y ejecutadas por parte del personal del D2.

En el escrito, se solicita que sean llamados a declarar los ex ministros de seguridad Pablo Baillo y Eduardo López Herrera.