El Justicialismo elaboró un preocupante informe en el que detalla el menor acceso de los adultos mayores de todo el país a la salud y a los medicamentos. En enero de 2019, los precios de los medicamentos registraron un aumento promedio del 64,54% respecto de igual mes del año anterior, es decir que treparon 17 puntos porcentuales por encima de la inflación.

En consecuencia las ventas de estos productos cayeron 5,1% en el transcurso de 2018. Esta merma se profundiza en el caso de los medicamentos para patologías crónicas y también empeora en el caso de los adultos mayores: de los casi 39 millones menos de medicamentos vendidos en el transcurso del año pasado, 10 millones se corresponden a afiliados de PAMI, según datos de la Confederación Farmacéutica Argentina.

El informe fue elaborado como resultado de la reunión de trabajo que Fernando Gray, presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, mantuvo con el equipo de trabajo de la corriente sanitarista del partido. Participaron especialistas como Alejandro Costa, Andrés Leibovich, Carlos Devani, Arnaldo Medina y Daniel Nucher.

"Es dramática la pérdida de acceso a los medicamentos sobre todo en los adultos mayores", calificó Gray a raíz de que uno de cada cuatro medicamentos que dejaron de consumirse, antes los compraban afiliados al PAMI, cuyas jubilaciones quedaron 18,5 puntos porcentuales detrás de la inflación y a 34 puntos porcentuales de los aumentos promedio de los medicamentos.

 Uno de cada cuatro medicamentos que dejaron de consumirse, antes los compraban afiliados al PAMI, cuyas jubilaciones quedaron 18,5 puntos porcentuales detrás de la inflación y a 34 puntos de los medicamentos.

"Al quitar el PAMI y el Remediar, la entrega gratuita de medicamentos puso en grave riesgo no solo la salud de las personas mayores, sino también la calidad de vida de aquellas que presentan patologías crónicas las cuales sin tratamiento oportuno generan discapacidades y aumentan la fragilidad y la dependencia de las personas mayores" advierte el duro informe. El impacto de los aumentos es aún mayor cuando se tiene en cuenta que gran parte de las personas de 60 años y más consumen en promedio entre 4 y 8 medicamentos.

De acuerdo a un relevamiento de la Universidad de Avellaneda, desde diciembre de 2015 el precio de los medicamentos aumentó 187,9%, gracias a que un tercio de los medicamentos triplicaron los precios -y algunos tienen aumentos cercanos al 400%-. Mientras, la inflación fue de 163,2% y el salario mínimo, vital y móvil subió 79%. Por eso, el poder adquisitivo de los salarios mínimos respecto a los medicamentos se redujo un 33,5%. Mientras que el poder de compra de la AUH cayó 30,1% frente a los medicamentos, y el de la jubilación media, -18,4%.

En tanto, según otro informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Estudios Políticos Para Personas Mayores (Ceppema) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (Algec), el promedio de aumento de los 50 medicamentos más consumidos por los adultos mayores en el periodo mayo 2015 - agosto 2018 fue del 157,8%, mientras que en el mismo periodo las jubilaciones subieron un 111,9%, es decir casi 46 puntos porcentuales por debajo.

Consecuentemente, la medición de noviembre del "Monitor del Clima Social" del Centro de Estudios Metropolitanos registró que el 62% de la población de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense sostiene que el precio actual de los medicamentos es muy alto, el 21% afirma que el precio es alto y a penas el 14% sostiene que es razonable, bajo o muy bajo.

Según datos de la Confederación Farmacéutica Argentina, por ejemplo, en el segundo semestre de 2018 la venta de antiepilépticos disminuyó un 9,41%, los utilizados para el tratamiento de arritmias cardíacas un 10%, el enalapril para la hipertensión arterial un 9%, los antidiabéticos orales un 6%. En conjunto han disminuido en un 8% la venta de medicamentos para las enfermedades crónicas.

En la reunión de sanitaristas, también se abordó el tema del desembarco de Farmacity en la provincia, a partir del cual se realizan proyectos de ordenanzas para impedir que la cadena de farmacias pueda instalarse en las comunas.