“Riesgos para la protección de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Argentina”. Así se tituló la audiencia que tuvo lugar este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convocada tras el planteo de organizaciones de la sociedad civil sobre el retroceso que implican las medidas del gobierno de Javier Milei para quienes buscan protección en el país. Representantes del Estado acudieron a la cita virtual, pero la mayor parte de su presentación apuntó a atacar a las entidades denunciantes.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF) y la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) pidieron a la CIDH que inste al Gobierno argentino a derogar el DNU 942/2024 porque “afecta las garantías del debido proceso y el derecho a solicitar y recibir asilo”. Reclamaron además que el Estado cumpla con sus obligaciones sobre los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo y que garantice la idoneidad de las y los funcionarios que deben resolver las solicitudes.

Menos protección, más estigmatización

La alarma se había encendido durante los últimos meses del año pasado. En octubre el Presidente modificó por decreto la ley que protege a personas refugiadas. El DNU, de acuerdo al CELS, “modifica aspectos sustanciales de la ley, y pasa por alto cada una de las instancias, experiencias y necesidades que llevaron a su sanción. En este sentido, elimina la posibilidad de recurrir una decisión negativa en la instancia administrativa, estableciendo un plazo de sólo 5 días para interponer un recurso judicial para el que se requiere abogado. Además, amplía arbitrariamente las causales de exclusión menoscabando el principio de inocencia y el carácter humanitario, apolítico y solidario del estatuto de persona refugiada”.

Por otra parte, mediante la publicación del decreto 819/2024 emitida en septiembre último, se introdujo una modificación a la conformación de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). En reemplazo de la participación del disuelto Instituto Nacional de Racismo y Xenofobia (INADI) en su estructura, se incluyó al Ministerio de Seguridad.

“Con la publicación del DNU N° 942/2024 en octubre del año pasado, la modificación de la composición de la CONARE y la reglamentación de la Ley de Refugiados a puertas cerradas, el Estado incumple con pactos internacionales vigentes e introduce medidas regresivas con relación a los estándares sobre protección internacional”, cuestionó durante la audiencia Gabriela Liguori, Directora Ejecutiva de CAREF. Advirtió que las políticas de la actual gestión expresan “una mirada sesgada que afecta de manera directa la protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo con un ataque sistemático a los derechos y garantías que pretende justificar a través de una mirada unidimensional e ideologizada del concepto de seguridad nacional”.

Juliana Miranda, Coordinadora del Equipo de Trabajo Internacional del CELS, señaló que el argumento del terrorismo fue la excusa para modificar la política argentina hacia las personas que llegan al país como refugiadas. “El criterio de protección de derechos que primaba, y que había sido reconocido internacionalmente por distintos organismos internacionales, viene siendo reemplazado por otro centrado en la ‘seguridad nacional’, como si la política de proteger a quienes piden asilo fuera una fuente de amenazas”.

Por su parte el sacerdote jesuita Julio Villavicencio, del Servicio Jesuita a Migrantes, sostuvo que no existen datos oficiales que respalden la afirmación de que el asilo es utilizado de manera fraudulenta o que sea una vía sistemática para el ingreso de personas vinculadas a actividades delictivas en Argentina. “La estigmatización de ciertos grupos nacionales no solo carece de fundamento, sino que además pone en riesgo la integridad y seguridad de quienes buscan protección, en abierta contradicción con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”.

Concretamente, Villavicencio apuntó que “en una narrativa profundamente estigmatizante y enmarcada en supuestas amenazas a la seguridad nacional, se afirma un ‘incremento significativo’ de solicitudes hechas por personas de países de Medio Oriente. Las propias cifras oficiales hacen insostenible tales afirmaciones”.

Responder con agresiones

El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, fue el primer representante del Estado argentino en tomar la palabra. Pero sólo para darle lugar a la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, María Florencia Zicavo. Su nombre fue noticia en los últimos días, cuando fue designada como responsable de instruir a la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada para investigar la estafa de la criptomoneda $LIBRA y el rol de su jefe máximo, el titular del Poder Ejecutivo.

El primer planteo de Zicavo apuntó a sembrar dudas sobre la legitimidad de la audiencia en la que, se suponía, debía responder. Manifestó “preocupación por la tesitura que desde hace meses adoptó la CIDH contra las políticas públicas de este gobierno”. Y apuntó directamente que “la comisionada (Andrea) Pochak fue directora adjunta del CELS, que promueve permanentemente este tipo de audiencias (…) Es tan evidente la desproporción entre las audiencias, los pedidos de informes y los comunicados comparativamente con los últimos dos gobiernos que me ha llamado la atención”.

A su turno, el comisionado Edgar Stuardo Ralón le aclaró que Pochak no tuvo participación en los temas que atañen al país, y la comisionada Roberta Clarke retrucó la crítica de Zicavo recordándole que el número más alto de audiencias concedidas en los últimos años fue en 2017, cuando la representante aludida aún no se había integrado a la CIDH.

Pese a los datos, Baños insistió en ir al choque: “Llama poderosamente la atención la cantidad de casos en los que colocan a la Argentina sometida a audiencias y a contestar lo que parece que aquel que no comparta una gestión acude a la CIDH. Los peticionantes dicen ser democráticos, no lo son, no aceptan la voluntad popular, no aceptan un nuevo orden normativo, no aceptan que las cosas no son como ellos dicen que tienen que ser, porque son el intérprete último de la ley, dueños de la verdad”.

Además de atacar, el Estado aseveró que no existe ninguna norma que lo obligue a hacer partícipe a la sociedad civil en la reglamentación de las leyes, “desconociendo la relevancia de los procesos participativos existentes en nuestro país, en multiplicidad de marcos normativos”, planteó el CELS. Zicavo también dijo que se trabaja para que “el sistema de refugio no sea un mecanismo para eludir a la justicia”, algo que las organizaciones argumentaron que no se condice con los datos, y criticó que “la excesiva duración de los plazos constituye un perjuicio para el solicitante” como justificación para reducir el plazo del proceso recursivo para personas solicitantes de protección en el país. Según CAREF, esto “deja a las personas solicitantes de asilo a merced de un proceso más restringido que los que están previstos para el resto de los habitantes”.

Las organizaciones pidieron a la CIDH que inste al Estado argentino a fundamentar sus políticas y sus prácticas en el principio de no discriminación, a garantizar procesos consultivos amplios y a revisar las modificaciones realizadas al sistema de asilo para cumplir con sus obligaciones internacionales. Además, solicitaron a la entidad que realice una visita al país para escuchar las voces de las personas afectadas por estas políticas, las organizaciones que las acompañan y la Defensoría Pública especializada en la temática.