Por Gabriela Pepe

A lo largo de las últimas décadas, gobernadores de todos los partidos se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el único ámbito de encuentro en el que la Casa Rosada no tiene voz ni voto, donde se cocinan proyectos de desarrollo, en medio de la disputa caliente entre las provincias y el gobierno de Javier Milei.

Los gobernadores sienten el edificio del barrio de Retiro como su casa. En la calle San Martín, el armado de reuniones no requiere aviso previo. Los mandatarios juegan de local e invitan, eventualmente, a los funcionarios del Poder Ejecutivo cuando quieren enviar un mensaje político en bloque. Allí recibieron al ministro del Interior, Guillermo Francos, a fines de enero, para exigirle la coparticipación del Impuesto PAÍS, cuando todavía había chances de que se aprobara la ley ómnibus. Después, la relación entre la Nación y las provincias voló por los aires.

Creado a fines de los años '50, durante el gobierno del desarrollista Arturo Frondizi, el CFI fue desde entonces cantera de recursos técnicos y proveedor de funcionarios de relevancia en las administraciones locales. Con el retorno de la democracia, también se volvió un lugar de rosca política.

La poderosa liga de gobernadores

La entonces liga de gobernadores peronistas – que integraron nombres como José Manuel de la Sota, Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero o Carlos Ruckauf- lo usó como sede durante el gobierno de Fernando de la Rúa para dar peleas fiscales con la Nación, pero las reuniones del CFI, que se extendieron hasta altas horas de la noche, quedaron también asociadas a historias de conspiraciones partidarias.

El CFI fue, también, lugar protagonista de los gobernadores durante la gestión de Mauricio Macri. Allí se encontraron, en febrero de 2016, peronistas y cambiemitas para unificar una posición respecto de la paritaria docente. Un mes después, los mandatarios del PJ usaron el séptimo piso para aunarse en un reclamo por fondos de coparticipación y continuaron los debates por los presupuestos, las reformas fiscal, previsional y tributaria, a veces con la presencia de sus pares de Cambiemos.

El CFI estuvo muy activo durante el gobierno de Mauricio Macri, con Rogelio Frigerio como ministro del Interior.

Los años macristas tuvieron como invitado al entonces ministro del Interior Rogelio Frigerio, ahora uno de los dueños de casa como gobernador de Entre Ríos. Su abuelo, Rogelio Julio Frigerio, fue secretario de Relaciones Socio-Económicas del gobierno de Frondizi, que dio impulso a la creación del organismo.

Una caja codiciada

El CFI es un organismo autárquico compuesto por las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. No recibe recursos de la Nación y se financia con fondos que se deducen de la masa coparticipable, que corresponde a las provincias. Los gobernadores son celosos de su funcionamiento y de lo que sucede puertas adentro. Tiene más de 300 empleados.

De acuerdo con su Carta de Constitución, los recursos son retenidos mensualmente por el Gobierno y depositados, de inmediato, a la orden del organismo en una cuenta en el Banco Nación. El monto se determina por "una tasa máxima del 0,75% a aplicarse sobre el monto que en concepto de coparticipación le corresponda" a cada provincia.

Durante 33 años, el organismo estuvo bajo el mando de Juan José Ciácera, un técnico ligado al PJ que llegó con el acuerdo de Raúl Alfonsín y el peronismo. Ciácera acumuló poder durante el gobierno de Carlos Menem, recibió acusaciones por el supuesto uso discrecional de fondos y resistió después algunos embates e intentos de desestabilización. En la política se lo conocía como “el Julio Grondona de las provincias”.

La resistencia

Por recursos y posibilidades de hacer política en todo el distrito nacional, la silla del CFI siempre fue atractiva para el gobierno de turno. En 2003, Néstor Kirchner intentó buscarle reemplazante, pero el entonces secretario general logró mantenerse en su lugar, con el respaldo de históricos como el sanjuanino José Luis Gioja y el formoseño Gildo Insfrán. Macri buscó el mismo objetivo, con la alianza que tejieron Frigerio y el entonces gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey. No pudieron.

Tanto el nombramiento de un nuevo secretario general como su remoción requieren de una mayoría de dos terceras partes de los miembros de la Asamblea, que integran las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El número agravado implica un acuerdo difícil de lograr entre gobernadores de distinto signo político, cruzados por diferentes intereses.

Ciácera murió el 13 octubre de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. El entonces ministro del Interior, Wado de Pedro, tardó menos de diez días en conseguir el apoyo unánime de todos los gobernadores para su candidato a ocupar el sillón del CFI, Ignacio Lamothe, todavía a cargo de la institución.

Gestión Lamothe

Licenciado en ciencia política, de perfil técnico, Lamothe era un nombre conocido por todas las provincias: había trabajado junto al histórico operador peronista Juan Carlos “Chueco” Mazzón, dirigente clave durante el gobierno de Kirchner, y llevaba años de diálogo y trabajo con el territorio. Entre 2011 y 2015 fue secretario de Asuntos Municipales, bajo el ala de Florencio Randazzo.

Cuando De Pedro lo convocó para ocupar el CFI, trabajaba en el sector privado en el estudio de propuestas para la planificación y gestión de ciudades. Al entonces ministro del Interior de Fernández lo conocía desde antes, ya que ambos son oriundos de Mercedes. Desde que asumió, en 2020, Lamothe intentó darle un perfil profesional y técnico al organismo. Se abocó al armado de equipos y aceitó la relación con las provincias para la elaboración de informes sobre diferentes temas de interés para las provincias.

En su mayoría, se trata de cuestiones interjurisdiccionales que reúnen a gobernadores de diferentes espacios políticos, como el estudio sobre logística del Norte Grande – que ahora se extenderá a un informe sobre todo el país-, los cinco masterplan sobre administración de los recursos hídricos, estudios sobre inserción internacional de las provincias, economías regionales, el plan director para los bajos submeridionales – que atraviesa Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero- y, entre otros temas, la estrategia de desarrollo de hidrógeno verde para la Patagonia.

El CFI y la Patagonia rebelde

La reunión de gobernadores patagónicos que se celebró este jueves en Puerto Madryn, iba a contar con la participación del equipo técnico del CFI, que tuvo a su cargo un estudio sobre la estrategia de desarrollo de hidrógeno verde en la región. La presentación quedó aplazada, cuando el encuentro tomó un tinte puramente político, tras la disputa entre la Nación y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Lamothe mantiene un bajísimo perfil y le escapa a la política. Se dedicó a cultivar la relación con los gobernadores de diferente signo partidario y cuidó el diálogo para derribar mitos sobre su nombramiento de origen. Procura que el organismo esté siempre a disposición de las provincias y sea un aliado para el desarrollo. Aunque su oficina también está en el séptimo piso del edificio, al lado del salón de los escudos, Lamothe no participa de las reuniones de los gobernadores cuando copan el CFI para discusiones políticas.

“Esta es la casa de las provincias, acá los gobernadores vienen sin avisar”, dicen en el CFI, que ya en enero tuvo su primer capítulo de rebelión. La hostilidad de la Casa Rosada lo logró. En menos de cien días de la era Milei, gobernadores nuevos e históricos unificaron reclamos regionales y sectoriales y aceitaron diálogos cruzados.

Este año, el edificio promete volver a ser un hervidero, como en los viejos tiempos.