En 23 días, las respuestas del intendente Carlos Arroyo fueron cuestionar el reclamo porque, a su criterio, no correspondía y, fundamentalmente, la forma. “Hasta que no devuelvan la calle limpia, no dialogo”, bramó el jefe comunal, luego de hacer cerca de 10 denuncias en la Justicia por la ocupación de la calle.

“Acá nadie hace nada”, se quejó tras advertir que ni el fiscal general Fabián Fernández Garello ni las autoridades policiales intervenían para impedir el acampe. Mucho menos los bomberos, que, a criterio del intendente, debían apagar las fogatas que realizaban los cooperativistas, muchas de ellas para calentar un guiso y engañar el estómago.

Más allá de las formas de protesta y de la colisión entre el derecho a manifestarse y el derecho a transitar, la Justicia y la Policía advirtieron lo que el intendente y su equipo tardaron 23 días: no se trataba de un problema judicial, sino de un conflicto social. Demandaba las respuestas que después de tres semanas, y reclamos de diálogo por parte del Concejo Deliberante y la Defensoría del Pueblo, llegaron este miércoles.

Hoy, en poco más de una hora de charla, el municipio acordó con los cooperativistas habilitarles 13 obras para que la gente pueda tener un ingreso digno. En el trayecto, se dijo que hasta que no esté aprobado el presupuesto 2018 no se podía dar respuesta y en las últimas horas salió a la luz que las cooperativas no tenían todos los papeles en regla.

En estas horas, ni se aprobó el presupuesto, ni las cooperativas incorporaron papeles a sus carpetas. Sin embargo, el municipio concedió lo que los manifestantes pedían desde un primer momento: trabajo. “¿Cuál es la razón por la que tienen un conflicto 23 días y al final cumplen con lo que les piden?”, preguntó este medio. No hubo respuesta.

La justicia lenta no es justicia, se repite muchas veces. No es exactamente lo mismo, pero las respuestas demoradas a para solucionar una problema dejan sabor a poco. Y, lamentablemente, está gestión tiene varias ejemplos de conflictos que se resuelven después de mucho –demasiado- tiempo de desgaste.

Por estas horas, hay otro tema latente de similares características: las ordenanzas fiscal e impositiva. El 4 de febrero, desde el Ejecutivo confirmaron que retirarían los proyectos que regulan los aumentos de tasas para realizar algunos “retoques” por un pedido del gobierno de María Eugenia Vidal, en medio de un fuerte rechazo de los más variados sectores por la quita de exenciones o el cobro de tasas que antes no figuraban.

Los “retoques” se demoraron más de la cuenta. Entre medio, el intendente Arroyo se reunió con concejales oficialistas y opositores (por separado) y les pidió acompañamiento. Pero durante semanas no hubo novedades, pese a los reclamos del Concejo por conocer los nuevos proyectos.

Recién la semana pasada el Ejecutivo terminó de elaborar el nuevo borrador y se lo envió a los funcionarios provinciales para que lo evalúe. Para sorpresa de muchos, los cambios fueron escasos y el Ejecutivo decidió mantener casi todos los mismos puntos que habían generado conflicto.

Otra vez, regresaron las quejas de sectores, como los empresarios del Puerto, a quienes el intendente les había prometido atender sus reclamos, aunque en los proyectos eso no se reflejó. Ahora, parece, que el municipio dará marcha atrás con la mayoría de los puntos polémicos: devolverá exenciones a cines y teatros y no cobrará una tasa a los exportadores de productos primarios. Para cuando esto ocurra, otra vez, habrán transcurrido meses de titulares y frases en contra de la gestión.

Otro caso es el de OAM. Desde hace varias semanas, la obra social de los empleados municipales inició un reclamo por una deuda millonaria, reclamo que llevó a la justicia con denuncias penales contra el intendente y varios de sus funcionarios. Luego de rechazar las acusaciones se abrió una instancia de mediación y públicamente el jefe comunal prometió llevar un plan de pagos para solucionar el conflicto.

Este miércoles la mediación terminó de la peor forma: la comuna dijo que no tenía nada para ofrecer y el presidente de OAM, Rubén Pili, estalló y acusó a Arroyo de tomarles el pelo e incumplir su palabra. En este caso, ni siquiera se vislumbra una solución y la semana próxima la mutual podría cortar algunos servicios de sus afiliados.

En los tres casos, muchas de las críticas le apuntan con más dureza al secretario de Hacienda Hernán Mourelle, que llegó recomendado por el gobierno provincial para tratar de ordenar los números de General Pueyrredon. Sin embargo, es imposible suponer que Arroyo no esté al tanto decisiones trascendentales que toma el secretario de Hacienda. De hecho, en las últimas horas dijo que avalaba muchas de las medidas propuestas y, un poco antes, lo postuló para intendente en 2019. “Está enamorado de Mourelle”, resumieron algunos colaboradores del jefe comunal.

En medio de estos conflictos que demandan una respuesta urgente que no llega, el intendente se genera nuevos enconos con sectores de Cambiemos, como el radicalismo y el Pro, luego de “tirarle la pelota” al gobierno nacional por el problema del desempleo en Mar del Plata. En rigor, no digo ninguna falsedad, ni nada que no hayan dicho otros intendentes: muchas de las cuestiones que influyen en el desempleo tienen que ver con la macroeconomía que ningún intendente controla. Sin embargo, fiel a su estilo, la frase no estuvo ni un poco maquillada y se convirtió en una nueva opinión políticamente incorrecta.

“Es un librepensador”, lo definió un funcionario provincial, curado de espanto ante una nueva arroyeada. El feriado XXL le dará un poco de oxígeno a un intendente que, como un boxeador al borde del KO, recibe golpe tras golpe y apenas puede revolear una mano desesperada sin demasiado destino.