Se definirá en las primeras horas de mañana, pero hay quienes apuestan sin miedo a perder que la ley de Ética Pública no será tratada por el Senado esta semana. Lo más probable es que el tratamiento pase a la semana que viene.

Hay quienes dicen que el motivo son las primarias abiertas del domingo que viene. Hay unos pocos senadores que se juegan una candidatura en esta elección y no sería la primera vez que la Legislatura ve resentida su actividad por un comicio.

El otro motivo es que los sucesivos proyectos de ley de Ética Pública siempre han sido incómodos para la clase política y desde hace años quedan trabados en diferentes estanterías de la Legislatura.

No se trata de un proyecto común. Como se ha dicho en diferentes oportunidades, se trata del control de la evolución patrimonial de los funcionarios con responsabilidades en la administración de la “cosa pública”. Por eso es tan incómodo y despierta tantas resistencias.

Hoy conviven dos “sistemas” de declaraciones juradas, uno creado por un decreto firmado por Francisco Pérez que incluye a funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo y otro creado por la Suprema Corte de Justicia a medida de las pretenciones de los funcionarios judiciales.

La llegada de una ley implica que todos los sistemas sean fagocitados por el nuevo sancionado por Ley. Para colmo el proyecto plantea que no sólo los funcionarios públicos y magistrados presenten declaración jurada de bienes autoridades sindicales y proveedores del Estado.

Contra todos los pronósticos el último proyecto ha avanzado. La autora fue la senadora radical Daniela García y la iniciativa venía con el madrinazgo de la vicegobernadora Laura Montero.

Un largo debate hubo en torno al proyecto. Desde mayo del año pasado se viene cocinando a fuego lento.

El 21 de febrero pasado, el Senado le dio media sanción con escándalo. Las denuncias cruzadas entre el oficialista Cambia Mendoza y el PJ prácticamente congelaron el proyecto. Recién el miércoles pasado, cinco meses y medio después, Diputados lo votó con modificaciones y lo devolvió a la Cámara Alta.

Hay varios senadores en campaña: Juan Carlos Jaliff y Claudia Salas en el oficialismo; en el peronismo Patricia Fadel y María José Ubaldini, además de Eduardo Bauzá, que no compite pero es el jefe de campaña de la lista Construyendo Mendoza de Fadel y Jorge Tanús. También está en campaña la senadora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Noelia Barbeito.

Mañana se juntan los presidentes de bloque y deciden si el proyecto entra al orden del día de la sesión.

Sino entra, Jaliff jura que será tratado el martes de la semana que viene; es decir, después de las PASO.

Garay disipa las dudas de un proyecto

Otra ley que se juega el destino por estas horas es una norma enviada por el gobernador Alfredo Cornejo a la Legislatura. Es la que modifica la actual 3.909, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo.

Según cuentan en los pasillos de la Casa de las Leyes, había consenso para tratarla el miércoles pasado en el recinto de Diputados, pero el debate de la demorada ley de Etica Pública terminó por postergar el tratamiento para esta semana.

Hoy llegará el ministro de Gobierno Dalmiro Garay a la Legislatura para clausurar todas las dudas que queden en la oposición sobre ese proyecto.

La intención es que el miércoles se trate en el pleno de la Cámara Baja, si es que la elección no mete la cola y posterga todo una semana mas.